sábado, 20 de agosto de 2016

LA CORRUPCIÓN

Cómo se castiga -en otros países- la corrupción by Carlos Marcelo Shäferstein La corrupción política se refiere al mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, de forma secreta o privada. Pero -mientras en la Argentina la corrupción no es considerada genéricamente un delito- en el resto del mundo se la combate duramente. Con leyes que prevén penas máximas demasiado ligeras, nuestra patria resulta ser un paraíso para los funcionarios deshonestos, ya que tanto la malversación como la administración fraudulenta, el prevaricato, el cohecho, o el aprovechamiento personal de información privilegiada tiene una pena máxima que no supera los seis años de prisión. En nuestro Derecho, si concurren dos o más hechos distintos cometidos por el mismo imputado las penas se unifican en beneficio del procesado, mientras que en el Derecho Penal Sajón se acumulan. Además aquí los condenados recuperan la libertad después de cumplir los dos tercios de la condena… y todos pueden salir en libertad condicional. Numerosos ejemplos de la historia democrática reciente así lo testifican, como los casos de “contrabando de armas” donde el único condenado fue Menem, que jamás cumplirá pena alguna; del mismo modo los escándalos por corrupción que involucraron a María Julia Alsogaray, que estuvo privada de la libertad muy poco tiempo; y el reparto de “coimas” en packs termosellados para recompensar la tramitación en el Senado de la reforma laboral, en 2000, durante la presidencia de Antonio de la Rúa que resultó absuelto y libre de culpa y cargo, tanto él como los siete cómplices del escándalo. Para explicar el fenómeno, tengamos en cuenta que en Occidente el tratamiento de la corrupción (delito que no es considerado “de sangre”) se divide en dos culturas. Una es la de la insolente complacencia latino-meridional; y otra es la germano-anglo-sajona, donde las leyes son mucho más rigurosas y están estructuralmente aceptadas. Tanto Alemania como Reino Unido son líderes en el mundo en la lucha legal contra la corrupción. Numerosas medidas legales, pero también la existencia de asociaciones y un gran número de investigadores dedicados exclusivamente a luchar contra los crímenes económicos hacen que estos países sean claves en la lucha contra esta lacra. La ley alemana es una de las más avanzadas del mundo en la lucha contra la corrupción. De acuerdo a la Ley Criminal Alemana, no puede recibir un soborno y darlo ningún alemán, ningún extranjero que viva en Alemania, ni un alemán fuera del país. Dentro de la ley existe una mención especial de 'empleados públicos', con el que se refiere no sólo a funcionarios del estado, sino también a cualquier persona que, aunque trabaje para una empresa privada, preste servicio al estado. Puede ser acusado de corrupción cualquiera que ofrezca, dé o reciba un soborno. La ley no considera que se pueda condenar a empresas como 'entes jurídicos', aunque sí a individuos que actúen en representación de estas organizaciones. Las penas por corrupción son altísimas, ejemplares y de cumplimiento efectivo. Cometer el delito estando en la función pública siempre es un agravante al momento de sentenciar. El Acta de Corrupción del año 2010 del Reino Unido ha sido calificada en numerosas ocasiones como “la legislación anticorrupción más dura del mundo”. Fue anunciada por la reina Isabel II en su discurso inaugural del año político en 2009. Las penas por los actos condenados en esta ley van desde los 10 años de cárcel efectiva por corrupción (o más tiempo de condena, si es desde la función pública), además de una multa ilimitada, y la posibilidad de confiscación de la totalidad de las propiedades del condenado y de sus socios (incluso familiares). Vladimir Putin consolidó a Rusia como una de las mayores potencias militares, económicas y políticas del planeta. Pero los índices de corrupción llevaron al país al mismo nivel de Sierra Leona y Tanzania. Coimas y "retornos" cuestan a la Federación Rusa un tercio de su PBI, según el Kremlin, y hasta el propio Putin bromeó con que la corrupción es una "tradición" local. El zar Pedro el Grande, ya en el siglo XVIII, había advertido que si hubiera que fusilar a todos los corruptos del país, "posiblemente nos quedaríamos sin súbditos". Y aunque hay un gran debate sobre si Putin es parte del problema o de la solución, la broma no fue exagerada. El presidente afirmó que gracias a su Plan Nacional Anticorrupción, sólo en el último año se condenó a 8000 personas y 11.000 funcionarios fueron penalizados por "violar las normas anticorrupción". El propio Nicolás Maduro manifestó que “a los corruptos habría que fusilarlos, pero la Constitución no lo permite”. Esta afirmación no fue hecha como un comentario legislativo aislado, sino en referencia directa a la detención de directivos del Indepabis acusados de extorsión y crímenes de corrupción. En la Grecia antigua, la alimentación dependía de las importaciones de trigo. Esto hacía que los cambios en las condiciones climáticas dispararan los precios. Ante el fenómeno inflacionario, las autoridades decidieron establecer el primer control de precios conocido en Occidente y ningún comerciante podía vender el trigo por encima de esa cifra impuesta. Como los comerciantes continuaron vendiendo el trigo a un precio superior, el gobierno conformó un ejército de inspectores de cereales llamados Sitophylakes, encargados de vigilar que nadie consintiera una fractura del precio impuesto, bajo la amenaza de aplicarles pena de muerte. Esto no resolvió el problema, pero sí le dio fin a la vida de muchos griegos deshonestos. Uno de los más graves problemas cuando se considera la idea de aplicar la pena de muerte por casos de corrupción o delitos en contra de la Nación es la ambigüedad que resulta natural a esta manera de definir los delitos, sumado a los amplios niveles de politización posibles y la criminalización del pensamiento latente en territorios tan inconstantes, movedizos y peligrosos. Aun así, existen naciones cuya Constitución permite castigar la corrupción (como Rusia, Israel, Estados Unidos, la República Federativa de Brasil, y otros países donde delitos de este tipo directamente se castigan con la pena capital. Israel: Transparencia Internacional informa que altos funcionarios son acusados permanentemente de aceptar sobornos para recibir puestos clave, para reducir impuestos u obtener otros beneficios para algunas personas. Algunos de los más altos burócratas de la Autoridad Impositiva están siendo sometidos a una investigación por corrupción. Una sorprendente cantidad de líderes del gobierno son -o fueron- objeto de investigaciones criminales. La esposa del primer ministro asesinado Itzhak Rabin fue condenada por tener una cuenta en Nueva York sin declarar; el Primer Ministro Ehud Olmert está ahora mismo purgando prisión, a pesar de su avanzada edad, en el durísimo instituto penitenciario de Maasiyahu. Asimismo están siendo procesados el Presidente Moshe Katzav, el ex Ministro de Justicia Jaim Ramon, el Ministro de Finanzas Avraham Hirschson, el jefe de la coalición Avigdor Yitzjaki, al igual que muchos miembros del parlamento y hasta el alcalde de Jerusalén. La República de Singapur. Al obtener la independencia en 1965, el país se vio en una situación similar a la de Rusia postsoviética: un colapso económico, abusos de los funcionarios, malversación de fondos públicos. Según estos datos Singapur era una de los países más violentos del mundo. Ocupaba uno de los lugares con el más alto índices de criminalidad, debido a su cercanía con Malasia y China, siendo uno de los lugares de mayor tráfico de drogas, lo cual era el pan de todos los días. Había impunidad y malos manejos del gobierno. Las mujeres no podían salir de su casa por miedo a ser abusadas sexualmente y después asesinadas. Era una ciudad sin orden y con un gran índice de tráfico de influencias, eso sin contar que era denominada una de las ciudades más sucias de Asia, y con un tremendo desorden vial. En primera década del 2000 apareció el terrorismo global, y los homicidios eran uno de los mayores problemas de inseguridad que tenía esa sociedad. Pero al llegar al poder en el año 2004, en elecciones libres, el Primer Ministro democrático Lee Hsien Loong, hijo mayor del general Lee Kuan Yew, se produjeron grandes cambios “represivos” y ejemplares, pues atacó fuertemente el tráfico y consumo de drogas, la corrupción, las organizaciones de prostitución infantil y turismo sexual; así como también la violación y el tráfico de personas, lo que produjo una reducción fantástica de la inseguridad, siendo actualmente uno de los países más seguros de Asia. Hace 12 años, en las cárceles había más de 500.000 presos, pero seis meses después, sólo quedaban 50. Se adoptó la pena de muerte y el trabajo forzado para los criminales confesos, narcotraficantes y violadores probados siendo los reincidentes automáticamente condenados a muerte. Pero el gobierno fue más lejos todavía, se decretó que toda figura pública corrupta (políticos, policías, militares, etc.) fueran ejecutados cuando se cuenten con pruebas sólidas que los involucre. El sistema es parlamentario, pero con la depuración de la policía, sistema judicial y político, más una nueva legislación, el país goza de una sólida estabilidad, en donde el contrabando y la posesión de drogas puede originar cadena perpetua o pena capital. Actualmente es uno de los países con un nivel económico más grande del mundo. China. En la República Popular China, pena de muerte puede ser aplicada a quienes cometan crímenes económicos. Esto incluye cargos por soborno, fraude y malversación de fondos, al igual que un amplio número de ofensas como robo agravado de armamento, falsificación de dinero, complicidad con traficantes y estafa a los recursos del Estado. Los únicos métodos aprobados de ejecución son la aplicación de inyección letal, el fusilamiento y la horca -el patíbulo ante el público- en casos vergonzantes. Son esas tres alternativas para quien es encontrado culpable Indonesia. La imposición de la pena máxima en Indonesia cuando se trata de crímenes económicos es constitucional. Bajo las leyes del país, sólo los crímenes de alto detrimento económico para el Estado son punibles con la muerte. Sin embargo, en los últimos años varios personeros han hecho llamados de atención desde Yakarta, queriendo aumentar la severidad del castigo a los corruptos, haciéndolos extensivos a la familia Uno de ellos es Mohamad Mahfud, un juez de la Suprema Corte de Indonesia, que manifestó que los mecanismos que batallan la corrupción en el país son muy complacientes con los criminales, dándoles un máximo de tres o cuatro años de prisión, menos que por delitos menores de robo o asalto. Aludiendo al modelo chino, Mahfud pidió en octubre del 2010 la intensificación de las leyes actuales de pena de muerte, argumentando el factor disuasivo que tiene sobre la población. Actualmente, Indonesia ocupa el puesto 118 de 174 países en la encuesta de 2012 de Transparency International, mientras que China, nación ejemplar según Mahfud, ocupa el puesto 80. Corea del Norte. Bajo las leyes del régimen comunista norcoreano, la pena de muerte es aplicable por fusilamiento o ahorcamiento ante múltiples ofensas: asesinato, actos de terrorismo, robo (hurtar una media bolsa de arroz, por ejemplo, es un crimen que amerita la pena capital), traición y otros delitos, definidos vagamente como “crímenes contra el estado y/o el pueblo”. En este escenario de ambigüedad, los crímenes relacionados con corrupción cobran matices políticos y turbios. Las ejecuciones en Corea del Norte “están caracterizadas por varias formas de aplicación arbitraria, ilegítima e ilegal”. En octubre del 2007, el jefe de una fábrica en el sur de Pyongan fue fusilado públicamente en un estadio lleno al ser descubierto haciendo llamadas internacionales desde trece teléfonos instalados en su sótano. Las autoridades argumentaron la necesidad de control y la prevención de crímenes de fraude y tráfico como razones para la ejecución pública. Hubo cuatro casos similares ese mismo año. En marzo del 2010, el jefe de Planificación y Economía del Partido del Trabajo de Corea, Pak Nam-gi, fue ejecutado por aplicar reformas a la moneda que resultaron desastrosas para la ya débil economía. La condena a quien tuvo la responsabilidad de la devaluación en el país tuvo como parte de sus argumentos que Nam-gi era el “hijo de un burgués” tratando de infiltrarse en la economía norcoreana y sabotearla. Corea del Norte ocupa el puesto 174 en el ya referido estudio internacional de Transparency, empatado con Afganistán y Somalia por el puesto del país más corrupto del mundo. Venezuela lo sigue de cerca. Pero nuestro país ocupa el puesto 165 y forma parte de los diez con mayor índice de corrupción. Tengamos en cuenta que en nuestro país existe lo que en teoría se llama “corrupción institucionalizada”, vale decir que la aceptación o el rechazo de picardía criolla proviene de una concepción cultural distorsionada que comienza desde el seno de la propia familia donde la educación en la honestidad ya no es inculcada como valor. La corrupción evoluciona. Es una relación que se va adaptando a las nuevas instituciones que se crean para combatirla. Actúa como cualquier otro acto delictivo que se amolda a las nuevas restricciones legales que se le van imponiendo. La evolución de la corrupción, cuando no es atajada correctamente, es como una telaraña que se va extendiendo a lo largo de toda la sociedad. Es éste un fenómeno que transforma el sentimiento general hacia la corrupción: deja de ser considerada un delito para pasar a ser un mal con el que es inevitable convivir. Un mal repetido con el que es obligado cohabitar es lo que se ha denominado corrupción crónica. El peligro de la corrupción crónica es precisamente su habitualidad; ya no es contemplada como acto delictivo o -si lo es- ya no es considerada digna de persecución. No sólo una ley específica debería definir qué constituye el delito, sino que la misma debería poner a disposición del Estado los mecanismos para perseguir lo que es ilegal y las instituciones para castigar al delincuente. Definir, vigilar y sancionar la corrupción son tareas que han de ejercer las instituciones, pero esta es una actividad que debería empezar mediante la educación temprana del ciudadano en los valores de la ética individual, así como también en las normas de convivencia social homogénea y ordenada. http://www.lavanguardia.com/politica/20130127/54363142812/asi-se-lucha-contra-la-corrupcion-mundo.html https://www.theguardian.com/world/2016/feb/15/ehud-olmert-israeli-ex-pm-19-month-prison-bribery http://www.revistaprobidad.info/006/art14.html Carlos Marcelo Shäferstein