miércoles, 31 de agosto de 2016

INTERNET AMARILLO

DEBATE SOBRE INTERNET Inconstitucional proyecto para limitar la libertad de expresión Justo cuando el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (CABA/PRO), inició una conferencia de debate sobre políticas de Internet, junto al ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra; y al secretario del ministerio de Comunicaciones, Héctor Huici; en la Legislatura porteña se debate la posibilidad de bloquear Internet a los porteños, un peligro enorme que obliga a la pregunta de cuál es la verdadera relación de los líderes políticos con la Red. Uno de los derechos fundamentales que más protección necesita es la libertad de expresión, recogida en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "El Proyecto de Ley 2298/16, entraña la potencialidad de generar gravísimas consecuencias respecto al normal desarrollo de Internet en Argentina", afirmó el director ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Internet, Gonzalo Navarro. La Cámara Argentina de Internet (Cabase) envió notas a legisladores de diferentes partidos para señalar que la iniciativa "atenta contra el desarrollo de Internet, no responde al marco constitucional vigente, ni a la realidad técnica de internet, sus servicios, aplicaciones y contenidos disponibles". El proyecto presentado por el legislador Daniel Presti (PRO) con la coautoría de Claudio Palmeyro (Sindical Peronista) modifica el artículo 18 del capítulo 6to. de la ley N°12 de Procedimiento Contravencional, y otorga "tanto las autoridades preventoras como él o la Fiscal" la posibilidad de disponer la "suspensión o bloqueo del servicio de internet". El reclamo en Ciudad de Buenos Aires es similar al que sucede por estas horas en San José de Costa Rica, donde los taxistas que se manifiestan contra el trasporte informal de personas (Uber) exigen la "regulación del uso de Internet", sin comprender ni interesarles que hay otras cuestiones fundamentales en debate a partir de su iniciativa. Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas (el Omar Viviani costarricense), dijo: “Exigiremos que el Internet sea libre, sin embargo, regulado para que no se aprovechen del servicio”. ¿Libre pero regulado? ¿Y regulado por el Estado? ¿Qué locura es ésta? El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de aprobar una resolución condenando a los países que limitan o prohíben el acceso a Internet a sus ciudadanos, considerando que esas prácticas atentan directamente contra los derechos humanos. Son varios los países con restricciones o fuertes políticas de censura que generan constante polémica y choques con las grandes compañías de Internet como Google o Facebook. China es uno de los ejemplos más conocidos, y las presiones del gobierno han dado lugar a situaciones muy peculiares, como el bloqueo del acceso a Gmail para los ciudadanos chinos. Es frecuente la restricción en Turquía, en cada ocasión que interesa a su Poder Ejecutivo (en cierta ocasión se bloqueó Twitter y YouTube hasta tanto se eliminaron imágenes que comprometían la fidelidad conyugal de un jefe de Estado). También Corea del Norte mantiene censura. En la ONU, China, Rusia, Arabia Saudí, India y Sudáfrica votaron en contra del reclamo de libertad de expresión. De paso, muy completa la reflexión del abogado, profesor universitario experto en libertad de expresión y acceso a la información Ignacio Boulin en el diario Clarín: Internet ha transformado nuestras vidas. En lo cotidiano genera innovaciones que modifican percepciones culturales, mejoran nuestra existencia y facilitan la vida en común. En lo político, el poder que el ciudadano común tiene con internet crece y algunos gobiernos sienten la tentación de restringirlo. En forma sutil o desembozada, basándose en motivos altruistas o razones oscuras, no son pocas las amenazas contra la libertad de expresión en la red. En Ecuador, el gobierno denuncia a periodistas que investigan actos de corrupción para que Twitter desactive sus cuentas. En Venezuela, el director del organismo encargado de las telecomunicaciones informa haber bloqueado 924 links al sitio web Dólar Hoy, acusado de ser parte de una conspiración contra el país. Restringir internet implica atacar la libertad de las personas, que ocupan ese espacio virtual para expresarse como antes utilizaban las plazas. Por eso resulta preocupante el proyecto de ley de reforma del Código de Contravenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Según este proyecto, tanto las autoridades preventoras -la policía- como un fiscal pueden adoptar como medida precautoria la suspensión o bloqueo del servicio de internet, planteando un efecto mordaza sobre la libertad de expresión. En otras palabras, tal como está planteado el proyecto permitiría, discrecionalmente, ordenar el bloqueo de cualquier aplicación como WhatsApp, Google, Facebook, Airbnb e incluso de medios de comunicación on-line, afectando así la libre circulación de ideas e informaciones. Uno de los principios de internet es el de neutralidad, que busca garantizar la libertad de acceso y elección de los usuarios de utilizar, enviar, recibir u ofrecer cualquier contenido, sin condicionamientos o restricciones generados a través de bloqueos, filtraciones o interferencias. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho: “no debe haber discriminación, restricción, bloqueo o interferencia en la transmisión del tráfico de Internet, a menos que sea estrictamente necesario y proporcional para preservar la integridad y seguridad de la red; para prevenir la transmisión de contenidos no deseados por expresa solicitud –libre y no incentivada– del usuario; y para gestionar temporal y excepcionalmente la congestión de la red. En este último caso, las medidas empleadas no deben discriminar entre tipos de aplicaciones o servicios”. También la Ley Argentina Digital establece el mismo principio, que el proyecto comentado contradice abiertamente. La neutralidad se viola también pues el proyecto pretende darle al Estado herramientas para preferir discursos y sancionar aquellos que le disgusten. La amplitud e imprecisión de la norma va más allá de lo permitido por la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado debe garantizar que no existan excluidos del debate público. Según dicha Convención, se excluyen: (i) propaganda de la guerra y la apología del odio que constituya incitación a la violencia, (ii) la incitación directa y pública al genocidio, y (iii) la pornografía infantil. El proyecto socava los pilares de una internet libre, no controlada por los gobiernos. Darle carta blanca al Estado para bloquear contenidos de manera tan amplia e imprecisa es una pésima idea.