DERECHOS POLITIZADOS

Río Negro -

Derechos politizados

Puede entenderse la indignación que sienten tantos chilenos frente a la decisión del gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de dar asilo a Sergio Galvarino Apablaza, el comandante presuntamente retirado de la organización terrorista que se llama Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez. De manera indirecta, pero nada ambigua, las autoridades de nuestro país acaban de decirles que en su opinión Chile dista de ser una democracia genuina y que por lo tanto su sistema judicial no les merece confianza, razón por la cual Apablaza debería ser tratado como un refugiado político. Tal actitud podría justificarse si Chile aún fuera una dictadura, pero sucede que vive en democracia desde hace más de veinte años. Por lo demás, los crímenes atribuidos a Apablaza –participación en el asesinato de un senador y en el secuestro de un empresario periodístico– fueron cometidos después de la restauración democrática, motivo por el que el procurador general Esteban Righi afirmó, en el 2006, que debería excluirse "la posibilidad de que figuras del régimen totalitario busquen venganza por agravios ocurridos con posteridad a su ocaso valiéndose de instituciones de la República chilena". Por supuesto que los más interesados en ver extraditado a Apablaza para que por fin rinda cuentas ante la Justicia son los correligionarios del senador pinochetista asesinado, Jaime Guzmán Errázuriz, pero sucede que comparten su punto de vista todos los integrantes democráticos de la clase política chilena. Asimismo, el que en Chile partidos calificados de derechistas tengan más influencia que sus equivalentes argentinos no significa que nuestro vecino sea menos democrático y que por lo tanto no se den las condiciones necesarias para que Apablaza se vea beneficiado por las garantías brindadas por la Justicia. Si bien el gobierno chileno quisiera tener buenas relaciones con el encabezado por Cristina a pesar de las diferencias ideológicas evidentes que los separan, no puede sino reaccionar enfriándolas ante lo que a juicio de casi todos es un agravio totalmente inmerecido imputable a la ceguera ideológica.

Lo entienda o no la presidenta Cristina, si quiere figurar en el escenario mundial como una defensora inclaudicable del respeto por los derechos humanos y el orden democrático, tendrá que alejarse de los prejuicios ideológicos de ciertos grupos que la apoyan, para los que un terrorista que se supone izquierdista debería disfrutar de impunidad, mientras que no hay perdón posible para un derechista acusado de crímenes de lesa humanidad. Mal que le pese a Cristina, las ideas políticas o la militancia de una persona acusada de cometer delitos graves no pueden considerarse atenuantes. Por lo demás, fuera de nuestro país está cobrando fuerza el principio de que los crímenes perpetrados por bandas politizadas deberían ser tratados de la misma manera que los cometidos por los agentes de gobiernos autocráticos, de suerte que carece de legitimidad la tesis kirchnerista según la cual hay que distinguir entre las atrocidades de las organizaciones terroristas de los años setenta por un lado y otras idénticas, si bien en escala decididamente mayor, del régimen militar, como si las primeras fueran meras travesuras juveniles imputables al idealismo de quienes luchaban contra un statu quo intolerable.

Como muchos ya han señalado, es llamativo el contraste entre la actitud digna que ha asumido Cristina frente a Irán, al reclamar en todos los foros internacionales que el régimen teocrático entregue a la Justicia, fuera la de la Argentina o de un "país neutral", a los acusados de preparar el atentado contra la sede de la AMIA y su negativa a entregar a la Justicia chilena a Apablaza. La incoherencia así manifestada es tan patente que no sorprendería en absoluto que la aprovecharan los iraníes para mofarse de sus pretensiones. Si Cristina realmente cree que las garantías otorgadas por el sistema democrático asegurarían que los iraníes acusados recibieran un juicio justo, no tendría por qué resistirse a permitir la extradición a Chile de un personaje como Apablaza, pero parecería que no está dispuesta a dejarse convencer por sus propias palabras. Así las cosas, sería francamente asombroso que otros, sobre todo quienes de todos modos no creen en las bondades de la democracia occidental, las tomaran en serio.