TIEMPOS INHUMANOS

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Tiempos inhumanos


Histéricos insultos de Bonafini y peligrosas falsedades difundidas provocativamente contra la Corte Suprema de Justicia, pretendiendo exigirles obediencia y aprobación de arbitrariedades políticas incondicionalmente.

Por Nélida Rebollo de Montes




La droga del odio se trasladó al Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, quien desde internet agravió al Alto Tribunal. Las palabras saturadas de mentiras e insolencias solo ratifican la inminencia de una época fuera de la razón.

La gente se pregunta ante el nuevo y desgraciado episodio recientemente protagonizado en acto público por Bonafini ¿Cómo puede una mujer, sólo equipada por el odio, sin competencias técnicas jurídicas, pretender destituir e injuriar a juristas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con impunidad y furia, sólo asistida por el oficialismo?

Algunos de los que justifican cualquier cosa, entre ellas, la distorsión del tema terrorismo subversivo en la Argentina, terminan justificando sus escandalosas intervenciones por haber “sufrido la muerte de un hijo en la guerra que plantearon los terroristas y sus cómplices”, obligando por decreto de la presidenta constitucional de entonces María Estela Martínez de Perón a aniquilar la guerrilla.

Está documentado en centenares de libros con la identidad individual de mayores, niños, adolescentes, policías, soldados, hijos de militares y militares abatidos en ataques guerrilleros. Pero nadie pone un orden racional al sufrimiento de los familiares de los que vencieron el terrorismo. En cambio, los guerrilleros y sus familiares han sido privilegiados con cargos y la concesión de verdaderas fortunas a modo de indemnización; viajes por todo el mundo y en entrega de otros dineros sin rendición de cuentas para levantar establecimientos destinados a adoctrinar a jóvenes sobre derechos humanos que en nuestro país esos derechos solo sirven para amparar a terroristas. También proyectaron la construcción de edificios destinados al adoctrinamiento político partidista.

Además, Bonafini entra y sale como por su casa del recinto de la Casa Rosada. Actúa como vocera del gobierno kirchnerista, lo que le garantiza omnipotencia pues la esencia del totalitarismo estriba en una exigencia de su misión absoluta; que, por su parte, el despotismo viola las leyes del país y usurpa el sitio de los representantes del pueblo, imponiendo la voluntad de un solo hombre. A esto se le llama despotismo.

Se le permite a Bonafini, madre de guerrilleros, el uso del micrófono en medios de información oficialistas y que pagamos todos para que Bonafini insulte, agreda y repita hasta el cansancio las mentiras oficiales; y, además promueva la revuelta contra los que no piensan como el gobierno en el poder. Apoya ruidosamente la Ley de Medios y pretende presionar a la Corte Suprema de Justicia con un “discurso” lapidario contra el Alto Tribunal, haciéndolo objeto de burlas inaceptables.

Pretende, al igual que el gobierno, que el pueblo solo esté informado por una prensa, una radio, una televisión manipuladas por el Estado, concediendo voluntad de poder a los amigos y cómplices. De esta forma estamos cayendo en la pobreza y en el embrutecimiento, pues la libertad significa capacidad para influenciar con responsabilidad el propio destino y el de la colectividad.

A Bonafini y su grupo afín les ceden espacios en medios estatales financiados por los contribuyentes, brindándole micrófonos para que dé rienda suelta a la injuria e insulte a los periodistas independientes. Todo esto conduce a la miseria moral indefectiblemente. De ahí que el concepto de libertad con jerarquía de poder, concedido a cualquiera, entre ellos, a los fanáticos violentos, es peligroso y equívoco.

Tras estas reflexiones es oportuno hacerle saber a Bonafini que el gobierno republicano al que respetamos desde 1810 está constituido por tres poderes o ramas funcionales: dos poderes políticos, el Legislativo y el Ejecutivo; y, un poder jurídico que es el Judicial; que esos tres poderes emanan de la Constitución, creados por el poder constituyente y tienen el carácter de poderes constituidos cuya organización y funcionamiento está subordinado a los preceptos constitucionales; que en esto se funda la supremacía de la Constitución como creadora del orden jurídico donde se mueve la voluntad política de la Nación expresada mediante los poderes constituidos de los que estamos hablando; que el Poder Judicial es el guardián del ordenamiento jurídico y puede declarar la inconstitucionalidad y anular los efectos de una ley o de un decreto contrarios a la Constitución, pudiendo, además, declarar la ilegalidad y anular los efectos de un decreto contrario a la ley.

No se puede llamar gobierno a un solo poder porque es la unidad indivisible de las tres ramas que ejercen autoridad. Generalmente se comete el error de creer o aceptar la suposición de que gobierno es el Poder Ejecutivo y que éste es el que gobierna. Los tres poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial forman el gobierno de una república democrática con un conjunto de instituciones que en los países de América presentan características comunes. Por ejemplo, el que más interesa en estas circunstancias es el Poder Judicial cuya independencia se concreta como poder público. La atribución del Poder Judicial puede declarar la inconstitucionalidad de leyes y decretos.

Le sería muy útil a Bonafini entender que vive en una democracia republicana, que ella usa para el agravio. No sería igual proceder así en un gobierno totalitario. Nuestra Constitución no autoriza al Ejecutivo nacional, ni las Legislaturas provinciales a los gobernadores de provincia, facultades extraordinarias, ni la suma del poder público ni otorgar sumisiones o supremacías.

También debe saber Bonafini que el gobierno es la colaboración y concurrencia de los tres poderes, armonizados por las normas jurídicas que fundamentan y caracterizan el perfecto estado de Derecho que es la república democrática. A propósito, en la república democrática que Bonafini usa mal, ninguna autoridad es ilimitada. Precisamente el perfecto estado de Derecho consiste en que la organización política de la sociedad reposa sobre normas fundamentales cuyo imperio se sobrepone a toda voluntad arbitraria y personal, como autoridad reside en la ley y su limitación está siempre en la ley misma.

Bonafini no entiende que el código penal al que se puede recurrir para sancionar sus excesos, ha castigado siempre abusos y usurpaciones de la autoridad, reprimiendo la falta de cumplimiento de los deberes.

El rasgo que caracteriza mejor a una sociedad culta es el respeto a la ley y la observancia de sus disposiciones. Esto también lo debe tener presente la Jefa de Gobierno. Tiene que tener, además, mucho cuidado Bonafini con sus excesos verbales y en no confundir la sociedad culta con la sociedad tribal. Cuando insulta a los miembros de la Suprema Corte de Justicia porque este Cuerpo no se somete a las arbitrariedades de nadie, olvida que la independencia del Poder Judicial es indispensable para el respeto del Derecho, que se identifica con el respeto a la Constitución, Ley de Leyes, y cuando se dice que el Poder Judicial es guardián de la Constitución se quiere significar que los jueces están obligados a aplicarla. La mayor virtud del constitucionalismo es la de cerrar definitivamente la arbitrariedad en la historia humana ya que eso enseña a respetar como una exigencia ineludible de la cultura.

Doña Hebe de Bonafini, sepa Ud., que la justicia reposa en los principios éticos de carácter fundamental que contiene la Constitución y que fijan el verdadero sentido del Derecho. No se sienta omnipotente, pero sí respetuosa de la Constitución y el don de gente necesario en una república democrática.

El Jefe del Ejecutivo no debe sentirse monarca elegido y además, delegado único para llevar los asuntos del Estado. Esto crea un principio de legitimidad diferente al democrático, es decir al restablecimiento de la monarquía.

Una república democrática no se atiene a normas de un gobierno ostensiblemente autoritario.

Nélida Rebollo de Montes, Profesora y periodista, distinguida con el Premio Benefactora de la Cultura. Ingresó en la Academia Provincial de la Historia con el trabajo titulado “Mujeres de mayo y prácticas electorales de 1816”. Con el voto unánime ingresó a la Sociedad Argentina de Escritores, institución que la distinguió con la “Pluma de Oro”, con la “Faja de Honor” y el “Gran Premio de Honor”. Autora del libro “Nuestro Tiempo y Nuestras Razones”, que incluye artículos de su profesión periodística, afrontando la difícil tarea del comentario instantáneo sobre los acontecimientos que se suceden diariamente. La gente valora en ellos el estudio relevante sobre el presente. El libro figura en las Universidades de Yale, de Columbia y en el catálogo online de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de Norteamérica.
Su Ensayo “Rosalía de Castro. Antonio de la Torre : dos testimonios de la pasión poética” fue incluido en la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela de España, en la Biblioteca Pública de Nueva York y en la Universidad Stony Brook de Nueva York de Estados Unidos de Norteamérica. Fue galardonada, en 1986, con el premio internacional “Honoris Causa”, otorgado por la Acción Católica Argentina con sede en Los Ángeles, Estados Unidos de Norteamérica. En el mismo año, la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA) la premió en el año internacional de la Paz. Fue elegida, en 1990, “Ciudadana Ilustre” de la Municipalidad de la Capital de San Juan y condecorada, en 1994, por el Diario la Razón. El Centro de Artistas Plásticos de San Juan la consagró, en el mismo año, “Benefactora del Arte”. Tres veces premiada, en 1997, 2001 y 2005, por ADEPA (Asociación de Entidades Periodísticas de la Argentina) y, en 1990, con el “Santa Clara de Asís”.
La Dra. Rebecca Ann Bill de la Universidad de Stanford de California, Estados Unidos, contratada por FORES (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia de la República Argentina) consultó como fuente de de información un artículo periodístico de la Profesora Nélida Rebollo de Montes (argentina) titulado “La Suprema Corte de Justicia en la Presidencia de Mitre” y un libro del Dr. Harold J. Berman (estadounidense) de la Universidad de Cambridge y profesor emérito de la Universidad de Harvard. De ambos autores la Dra. Bill utilizó datos para su obra de investigación “Medición de la autonomía judicial. Juzgado Federal de primera instancia en lo penal de la República Argentina".

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