PROTEGIENDO CHORROS

ONCAA y APE cambiadas por decreto y corrupción Beatriz Liliana Korenfeld, la 'limpiadora'. CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Al parecer el Gobierno de la presidente Cristina Fernández encontró la la fórmula para tapar los nichos de corrupcion que se generan en su Gobierno. Cuando se detecta alguna irregularidad que involucra a sus funcionarios en una acción de cohecho, en vez de denunciarlos, los protegue. Para muestra sobra un botón, decía la abuela En Febrero de 2011, en una medida sorpresiva e inesperada, Cristina Fernández, decidió disolver por decreto la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) y creó un ente interdisciplinario para la promoción y fomento mediante subsidios, y transfirió sus competencias al Ministerio de Agricultura. El decreto 192/2011 fue publicado el 25 de febrero de 2011 en el Boletín Oficial, con las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los integrantes de su gabinete de ministros y dispuso la creación de un ente interdisciplinario destinado exclusivamente a la promoción y fomento de las citadas agropecuaria a través del otorgamiento de subsidios, integrado por los responsables de las áreas competentes en la materia. "No es del todo conveniente concentrar funciones que implican otras tantas actividades vinculadas al sector agropecuario, en todas sus fases, a cargo de la misma autoridad", indicaban los considerandos. En noviembre de 2010, el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fue denunciado penalmente por un grupo de diputados nacionales de la oposición por graves irregularidades durante su gestión al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), entre las que se incluyen coimas, desvío de dinero y favoritismo hacia productores "amigos". La causa,que recayó en el Juzgado Federal Nº 3 de Daniel Rafecas (fiscalía de Patricio Evers), está basada en unas 250 denuncias que los legisladores, integrantes de la Mesa de Consenso Agropecuario, recibieron a través del sitio www.denuncielaoncca.com, y recae en total sobre diez funcionarios, entre quienes aparece Echegaray como ex presidente de la ONCCA al igual que su sucesor en ese cargo, Juan Eyras. Según los legisladores, el website que montaron recibió más de 20 mil visitas, de las que muchas terminaron en denuncias suscriptas con nombre y apellido respecto de maniobras irregulares por parte de la ONCCA. Entre las acusaciones, agrupadas en la presentación bajo la figura de "asociación ilícita", se repiten las de pedidos de coimas para destrabar compensaciones y otorgamiento de montos desmesurados en concepto de feed-lot (corral de engorde vacuno mediante alimento balanceado) para empresas como el Frigorífico Rioplatense, que cobró $ 7.600.000 en calidad de tal cuando en realidad nunca lo fue. El pedido y pago de coimas se realizaba en una oficina paralela del organismo ubicada en la calle Piedras 519, piso 7, donde era ya costumbre que los productores tuvieran que dejar entre el 15 y el 20 por ciento del total de cada compensación que se les destrababa. El 24 de febrero de 2011, último día de existencia real de la ONCCA, el organismo habría emitido más de 70 resoluciones donde se distribuyeron más de $ 40 millones, es decir, más de 5 veces las cifras acumuladas en las jornadas previas. Al 11 de febrero de 2011, la última resolución que aparece publicada en la web de la ONCCA es la 1005 y la última del 24/02 fue la 1.401, es decir, en 13 días (incluyendo 2 sábados y 2 domingos en medio) se habrían firmado 396 órdenes de pago, pero sólo aparecen publicadas 105, lo que implica que son 291 las que no figuran montos de subsidios entregados, sector o concepto. Desde el 01 de enero al 11 de Febero de 2011, la ONCCA había distribuido $ 573,38 millones, a través de 475 normas. Pero, en los últimos 10 días del organismo, se habrían firmado casi 400 órdenes de pago de subsidios. Con respecto al monto, es difícil hacer comparaciones dado que se desconoce el monto de casi 300 resoluciones firmadas sobre el final de la existencia de la ONCCA, pero proyectando las 105 que se conocen (con monto acumulados mayores a $ 70 millones), en su decadencia, el organismo cedió en 2 semanas más dinero que en la escasa duración que tiene el año. Si las proyecciones fueran acertadas, desde 2007, la ONCCA habría entregado más de $ 11.000 millones de subsidios a través de 5.000 resoluciones. Lo que falta investigar es quiénes fueron los más beneficiados por el reparto del dinero oficial. La “generosa” actitud del ONCCA tiene un sector ganador: los molinos harineros, que recibieron casi $ 4.000 millones de subsidios en menos de 4 años, lo que no evitó que el pan y las facturas casi triplicaran sus precios. El segundo lugar entre los grupos beneficiados se lo disputan los feed lots (con casi $ 2.300 millones recibidos) y los frigoríficos avícolas (con más de $ 2.200 millones obtenidos). Sin embargo, el precio de la carne y del pollo no han parado de subir, lo que implica que los subsidios enriquecieron a ciertos productores, pero no abarataron los productos para los consumidores. Situación en la APE La Administración de Programas Especiales es el organismo encargado de reintegrar fondos a obras sociales sindicales por tratamientos de alta complejidad, por lo que administra el 15 por ciento de los recursos aportados por los trabajadores para la atención de su salud con un presupuesto de 1.200 millones anuales. La semana pasada, la presidente Cristina Fernández decretó que la APE dejara de ser un ente descentralizado y pasara a la órbita de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en la cual fue designada como gerenta general la ultrakirchnerista Beatriz Korenfeld. Es decir que el organo controlado, quedó en manos del controlador La medida fue resuelta a través del decreto 366/2012, publicado en el Boletín Oficial el pasado 14 de Marzo, con las firmas de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; y el ministro de Salud, Juan Manzur. Esta decisión la tomó la presidente Cristina Fernández, a sólo 14 días que la Auditoría General de la Nación (AGN) presentara un informe detallado sobre el desempeño de la APE, que depende del Ministerio de Salud. El preinforme de la Auditoría General de la Nación (AGN) denuncia presuntas anomalías en el manejo de fondos de obras sociales, que involucraría, además, a la Administración de Programas Especiales (APE) y a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), encargada de controlar el funcionamiento del circuito de fondos entre el Estado y las obras sociales. Los resultados de la investigación, que se encuentra en etapa final de elaboración y que será debatido en un plenario de la AGN antes de fin de mes, revelan irregularidades como: prestaciones a personas ya fallecidas, operaciones de cadera a afiliados de 170 años, troqueles de medicamentos truchos y expedientes firmados por médicos sin registro. El trabajo abarca el período 2005-2010 y exigió un relevamiento de 10.114 expedientes tramitados en la APE. Una vez aprobado y presentado en público, el presidente de la comisión de Salud del Senado, José Cano, encabezará una demanda ante la justicia penal, que será respaldada por el bloque radical. Una de las cosas que llama la atención del trabajo, es que en su tramo inicial deja constancia de que no le fueron suministrados 43 expedientes de apoyos financieros, de los cuales “27 expedientes se encuentran en el Juzgado Nacional y Correccional Federal Nº5 a cargo del juez Norberto Oyarbide”, correspondientes a la megacausa de la “mafia de los medicamentos”. A partir de entonces, avanza en señalamientos de extrema gravedad. Por ejemplo, se denuncia que hay 923 expedientes, que corresponden a 117 beneficiarios que habían fallecido con anterioridad a la fecha en la que se realizaron las supuestas prácticas médicas. Sólo en ese aspecto, las obras sociales facturaron $ 2.195.097, que fueron motivo de reintegro por parte del APE. En ese aspecto, están incluidas obras sociales de grandes gremios como los camioneros, colectiveros, bancarios, ferroviarios, docentes y mercantiles, entre muchas otras. También resulta sorprendente en lo que respecta a las operaciones de cadera, en donde se encontraron 694 casos en lo que no se pudieron determinar las edades de los beneficiarios. Pero además, hubo 11 casos en los que las personas presuntamente intervenidas superaban los 100 años, inclusive con personas que supuestamente tenían 178,137, 128,121 y 113 años. El rubro evaluado insumió en el período observado más de $ 13 millones.