SEGURIDAD

EL "MODELO" DE SEGURIDAD ARGENTINO Por Ricardo Runza Toda la clase política argentina usa la palabra “modelo”. Esta palabra se utiliza, en general, cuando se habla de economía y desarrollo, pero rara vez se la escucha asociada a la seguridad. No obstante ello, el Estado argentino ha desarrollado, desde 1983, un “modelo” de seguridad único en todo el planeta. Uno particular que devino como una reacción extrema a los hechos acaecidos antes del inicio de esta etapa democrática, tal como si un péndulo hubiese sido llevado de un extremo al otro. En todos estos años, la corporación política no pudo llevar al sistema de seguridad del Estado argentino al centro del péndulo, al equilibrio justo, a la racionalidad técnicay weberiana para un nuevo Estado democrático que había que construir. Se venía de un extremo siguiendo una doctrina de seguridad nacional militarizada y la dirigencia política la llevó a la actual situación, es decir a la carencia de un sistema de seguridad que siga los criterios técnicos aceptados y practicados por todos los Estados federales modernos y civilizados del mundo. Por eso, técnicamente, el actual modelo de seguridad del país no tiene en cuenta la seguridad internacional. No posee una conformación sistémica. No considera a la defensa ni a la seguridad institucional del Estado como partes integrantes de la seguridad estratégica del mismo y sólo se integra a partir de la seguridad interior, sin distinguirla de la seguridad pública. Es decir, es una expresión reducida de lo que el mundo civilizado entiende por seguridad. Para ejemplificar esta reducción conceptual, nada mejor que los gendarmes y prefectos cumpliendo funciones de policía. Por ello, cuando se habla de seguridad en la Argentina se entiende que es un asunto policial. Esta falencia conceptual es compartida por las dos posiciones ideológicas que en torno a este tema, hoy en día, se disputa el “modelo” de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. Este error no permite ver, entre otras cosas, que un modelo de seguridad de un Estado federal es diferente al de un Estado unitario y que nuestro Estado hibrido no recoge las ventajas de diseño de ambos tipos de Estados sino todo lo contrario. Al mismo tiempo, la propensión hacia el autoritarismo que tiene nuestra elite política, le hace pensar que el control ciudadano directo e indirecto sobre el poder legislativo, el ministerio público fiscal, el poder judicial y las fuerzas, agencias y ministerios del poder ejecutivo (nacional, provincial y municipal) abocadas a la seguridad no son necesarios. Nadie tiene en cuenta que esto es crucial para que un sistema de seguridad disminuya su vulnerabilidad a la corrupción, a la ineficiencia y a la falta de calidad y por ende para que un Estado se configure correctamente, desde esta perspectiva sectorial, como un Estado republicano y federal, moderno y civilizado. El control y el poder lo tiene la clase política, no la sociedad. Entonces legisladores, jueces, fiscales, policías, gendarmes, prefectos, militares, agentes de inteligencia, agentes civiles y funcionarios se deben hacia quien está de turno en el poder ejecutivo (provincial o nacional). La eficiencia y la calidad pasan a un segundo plano, excepto cuando algún caso sale a la luz pública por el accionar de la prensa o cuando es prevenido, respondido o mitigado por la acción de alguna vocación de servicio individual. Además, culturalmente, no se acepta que el poder legislativo, el ministerio público fiscal y el poder judicial son partes integrantes del sistema de seguridad de un Estado. Que esto no es una cuestión exclusiva del poder ejecutivo, de policías o de una sola cartera ministerial. Un sistema de seguridad de un Estado moderno y civilizado del tipo federal se integra con organismos, estatales y no estatales, con funciones permanentes y no permanentes, que realizan, de acuerdo a la amenaza y riesgo a enfrentar, diferentes tareas para prevenir, responder y mitigar gestionando la amenaza o la vulnerabilidad o la respuesta o la mitigación que sea necesaria. No se toma conciencia de la complejidad. La experiencia internacional comparada es absolutamente desechada. Entonces, de manera liviana y con poco rigor técnico, vemos como se propone nuevas fuerzas policiales y otras iniciativas de todo tipo, dentro de este “modelo”, sin evaluar si existe o no la sustentabilidad económica y el equilibrio que debe existir entre el desarrollo humano asentado y el territorio jurisdiccional de un municipio o de un departamento o partido provincial o de una provincia, para poder alistar y sostener un subsistema de seguridad pública local que se interrelacione adecuadamente con el sistema de seguridad pública y con el sistema de seguridad estratégica del Estado provincial y del Estado nacional. Por supuesto, todo esto se hace, como si mágicamente, a través de una ley o por una orden, se pudiese hacer cambios por sí solos, sin liderazgos, sin equipos idóneos, sin utilizar ninguna técnica de reingeniería de organizaciones, sin planear lo que se pretende crear ni su transición. A manu militari. Así es como esta corporación política entiende como debe ejecutarse el control político sobre la burocracia estatal dentro del Estado argentino, en especial sobre todo aquel que porta un uniforme. Todo muy diferente a como se hace las reformas en el sector seguridad de un Estado en otros países más civilizados. Entonces, al no haber una mirada sistémica de todo el sector, los problemas estructurales se agravan, creando una situación continua de fallas en la prevención, respuesta y mitigación de las amenazas y riesgos a la seguridad que se transforman, sin ningún freno, en hechos concretos de inseguridad, dejando indefensos al Estado, a la sociedad y a sus individuos. Paradójicamente, el “modelo” se transforma en un antisistema y lamentablemente sus resultados, conocidos por todos, no provocan aun la reacción de la sociedad para reclamar un cambio estructural que ponga al péndulo en el centro, en su equilibrio justo, para el bien común de todos.