La 'década saqueada' en las cárceles federales
La 'década saqueada' en las cárceles federales
La gestión K en el Servicio Penitenciario Federal dejó un tendal de desmanejos y arbitrariedades. Obras irregulares, deterioro edilicio, compras directas sin llamado a licitación y deudas millonarias, algunas de las herencias en la materia. Su impacto en la seguridad ciudadana
La salida de Fernando Díaz de la conducción del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tras haber sido imputado del delito de “administración fraudulenta en contra de la administración pública” en su paso como auditor general del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la década pasada, puso en la mira de la sociedad el manejo de las cárceles en todo el país.
La profunda crisis institucional en la que se encuentra sumido por estas horas el SPF puede verse en las cárceles que se vienen abajo y que no cumplen con su objetivo central de resocializar a los presos, sino que, por el contrario, suele servir como una “universidad” para el perfeccionamiento del delito.
El gobierno kirchnerista manejó por más de 12 años un presupuesto millonario para la remodelación de unidades carcelarias, y lo único que dejó, de acuerdo a informes oficiales, fue un tendal de deudas y desaguisados que le costaron cientos de millones de pesos a los argentinos.
Faltas y engaños
La labor llevada adelante por el kirchnerismo en el SPF fue tan mala que lo llevó a ser condenado en reiteradas ocasiones por diversos organismos internacionales por las malas condiciones brindadas a los presos. Un caso paradigmático puede observarse en la provisión de alimentos, medicamentos y ropa en las unidades carcelarias, donde se vivió un descontrol gigantesco en materia de sobreprecios.
Según se muestra en informes oficiales efectuados por autoridades de Cambiemos, solo en el segundo gobierno de Cristina Kirchner se efectuaron contrataciones directas sin llamado a licitación por más de 500 millones de pesos, la mayoría de ellas hechas a empresas “amigas” del poder K que no cumplían con las reglamentaciones necesarias para ser proveedoras del Estado.
A eso se le sumó que alrededor del 75% de las compras del SPF se hicieron mediante pagos realizados por el sistema llamado “de legítimo abono”, previsto originalmente para casos de emergencia, cosa que no sucedía en esos momentos, lo que deja todavía más dudas e incertidumbres sobre el accionar kirchnerista.
Esta situación llevó a que se pagaran sobreprecios desorbitantes, al punto que por comida o elementos esenciales para la limpieza de las unidades carcelarias se invirtió hasta un 300% más, con el agravante de que cerca del 50% de esos servicios, aunque figuran pagos en los papeles oficiales, no pudo constatarse que efectivamente se hayan efectuado.
Por las nubes
No solo existieron encarecimientos en los precios en la compra de instrumental, sino que eso pudo verse también en las diferentes obras que se encararon para mejorar las cárceles en todo el país. De acuerdo a informes preliminares del Ministerio de Justicia de la Nación, los sobreprecios en esta materia treparon a casi el 120% promedio, pagándose estos trabajos al doble o triple del precio real de mercado.
Un ejemplo de esta situación puede verse en el Complejo Penitenciario Cuyo, en la provincia de Mendoza, que a más de cinco años de comenzarse su construcción, y con más de 300 millones de pesos destinados al mismo, todavía queda por edificarse el 30% de la obra original y un 50% de los adicionales, a pesar de haberse pagado todo lo correspondiente para su levantamiento.
Las deudas dejadas por el kirchnerismo en el SPF trepan a más de 3.000 millones de pesos, donde solo en la unidad penitenciaria de Ezeiza se pudo verificar la existencia de un pasivo de más de 800 millones de
pesos, lo que muestra a las claras la desidia y la dejadez del gobierno K en la materia.
Basándose en informes efectuados por organismos defensores de los Derechos Humanos en las cárceles de todo el país, el 85% de las unidades carcelarias se encuentran con graves falencias edilicias, poniendo en riesgo la vida no solo de los presos, sino de las personas que cumplen labores de seguridad y mantenimiento en las mismas.
Y esto tiene impacto en la seguridad ciudadana. Es que los privados de libertad, en lugar de resocializarse y prepararse para volver al mundo libre con aptitudes laborales y educacionales, tras sufrir las malas condiciones de detención regresan resentidos y más preparados para delinquir.
Números de una realidad incontrastable
$3.000 millones es la deuda dejada por los K en el SPF
$800 millones es el pasivo dejado en el Penal de Ezeiza
$500 millones, las contrataciones directas hechas sin llamado a licitación
$300 millones de gastos no tienen papeles ni se pudo comprobar su pago
300% de sobreprecios, pagados en la compra de comida
120% el encarecimiento en las obras encaradas para remodelación de cárceles
85% de las cárceles tienen falencias edilicias
50% de las obras no pudieron ser constatadas o no llegaron a destino
“Los penales, como están organizados, no tienen solución posible”
Especialistas advierten sobre la necesidad de cambios estructurales en el sistema penitenciario para poder cumplir con el objetivo de reinserción social. Críticas al modelo K
La ineficiencia y precariedad legada por el kirchnerismo en materia carcelaria, con prisiones que se vienen abajo y un abanico de corrupción muy grande a su interior, ha llevado a que las instituciones se conviertan en verdaderas “universidades del delito” que impiden cumplir con el objetivo esencial de reinsertar a los detenidos en la sociedad.
Cárceles superpobladas, personal penitenciario poco preparado para la vigilancia, pésima condición edilicia, mal manejo de los recursos destinados a la atención de los presos y escaso control por parte de los organismos del Estado son algunos de los hechos que llevan al descontrol reinante en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Diversos especialistas señalan que en la Argentina se atacaron las consecuencias del delito y no las causas, cuando debería ser al revés. Para los expertos, la única forma de terminar con el delito y la inseguridad es la distribución de la riqueza, incluyendo a todos los sectores de la sociedad que no tienen acceso a satisfacer sus necesidades básicas, algo que más allá de los discursos, nunca se puso en acción durante la última década.
A la deriva
La realidad imperante dentro del SPF hace reflexionar a la sociedad sobre la necesidad imperiosa de cambios drásticos en el sistema carcelario nacional. En diálogo con diario Hoy, el titular de la Asociación Fiscales sin Fronteras, Eduardo Guarna, señaló que “los penales, como están organizados hoy en la Argentina, no tienen solución posible. Las prisiones tienen que ser para aquellos que tienen que estar presos y se debe ver qué delitos deben contemplar penas de cárcel y así cumplir con el objetivo de reinserción social”.
Para el ex inspector de cárceles del Sistema Federal, “Argentina tiene un Código Penal que es una llanta pinchada en diversos lados, lleno de parches. Al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz intentó un cambio que luego fue desechado y se volvió para atrás, acabando con las reformas”.
En ese sentido, destacó que “hay que hacer algo nuevo, no se puede seguir con un sistema carcelario del siglo XIX en el siglo XXI. Si no se introducen grandes cambios, que vayan al meollo del asunto, estamos destinados al fracaso”.
“Tenemos que tener cárceles como las de antes, que eran severas, como las de Rawson en el sur, que son las de máxima seguridad, y con un sistema de encierro muy duro, que tiene poca salida al recreo, con personas dentro de la celda, con pocas horas de recreación”, subrayó Guarna.
Uso político de los presos
Una de los rasgos centrales que distinguió al kirchnerismo a lo largo de sus 12 años en el poder fue el uso partidario de los diferentes organismos del Estado para conseguir fines políticos propios que sirvieran para la difusión de los mensajes de Cristina Kirchner.
El Sistema Penitenciario Federal (SPF) no quedó al margen de esta situación y su ejemplo más claro fue la creación en 2012 de la agrupación Vatayón Militante dentro de las diferentes instituciones carcelarias. Conducida por el jefe del organismo, Víctor Hortel, y con activa participación de La Cámpora, estuvo sumergida en la polémica desde su mismo nacimiento.
El mayor escándalo de la organización K llegó cuando diversas investigaciones periodísticas mostraron cómo, desde el SPF, se ejecutaban salidas transitorias, sin permiso alguno por parte de la Justicia, de condenados con graves sentencias por asesinato o violaciones y los llevaban a actos culturales que eran planeados por el propio gobierno.
Fue tan grande el descontrol vivido con esta agrupación, que en dichos eventos se lo pudo ver a Eduardo Vázquez, exbaterista de la banda Callejeros apresado por matar a su esposa Wanda Tadei prendiéndola fuego, tocando el bongo en un recital organizado por el grupo ultra K.
Los penales de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto fueron las bases de Vatayón Militante, aunque el mismo se distribuyó a lo largo y ancho del país, y que a pesar de haberse disuelto tan rápido como nació, llevó al SPF a una degradación de la que todavía no se ha podido levantar.
Turbios manejos educativos
El caso de Andrea del Boca recibiendo cuantiosos fondos del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido a través de la Universidad Nacional de San Martín puso en el ojo de la tormenta el manejo de los fondos públicos por medio de las casas de altos estudios.
De acuerdo a los informes encarados por Cambiemos, entre los años 2014 y 2015, el Ministerio de Justicia le entregó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) más de 51 millones de pesos para la realización de gran cantidad de obras en diferentes unidades carcelarias del país.
A pesar de todo este dinero recibido que figura como entregado en su totalidad, las obras brillan por su ausencia y en la mayoría de los casos no se avanzó siquiera un 25%, encontrándose las mismas paralizadas.
Los datos que quedaron en Justicia muestran que se le dieron $9.000.000 a la UTN para diferentes complejos penitenciarios, $13.800.000 para la cárcel de Resistencia, $14.000.000 para la cárcel de Orán, y para la cárcel de Yuto en Jujuy $14.400.000.
Una evasión que puso en peligro la salud de los trabajadores
Además de malas condiciones edilicias y falta de materiales para poder realizar sus labores, los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal sufrieron que por más de tres años, las autoridades kirchneristas no les pagara la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) como plantea la ley, poniendo su salud en un considerable riesgo.
A pesar de las prédicas públicas en los atriles en defensa de los derechos de los trabajadores, el gobierno K se negó a abonar las cuotas correspondientes a la ART, lo que hizo que la vida de los empleados del SPF corriera un grave peligro, más teniendo en cuenta el ambiente en que cumplen sus tareas.
De esta manera el Estado, que a través de las leyes y disposiciones les exigía a los empresarios cumplir con las leyes sancionadas, era el primero en evadir las normas, lo que lo sumergía en una fuerte contradicción que tenía como rehenes a los empleados que pagaban hasta con su vida la inacción y la desidia oficial.
Otero lunes, 31 de octubre de 2016
CÁRCELES FEDERALES
La 'década saqueada' en las cárceles federales
La 'década saqueada' en las cárceles federales
La gestión K en el Servicio Penitenciario Federal dejó un tendal de desmanejos y arbitrariedades. Obras irregulares, deterioro edilicio, compras directas sin llamado a licitación y deudas millonarias, algunas de las herencias en la materia. Su impacto en la seguridad ciudadana
La salida de Fernando Díaz de la conducción del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), tras haber sido imputado del delito de “administración fraudulenta en contra de la administración pública” en su paso como auditor general del Servicio Penitenciario Federal (SPF) durante la década pasada, puso en la mira de la sociedad el manejo de las cárceles en todo el país.
La profunda crisis institucional en la que se encuentra sumido por estas horas el SPF puede verse en las cárceles que se vienen abajo y que no cumplen con su objetivo central de resocializar a los presos, sino que, por el contrario, suele servir como una “universidad” para el perfeccionamiento del delito.
El gobierno kirchnerista manejó por más de 12 años un presupuesto millonario para la remodelación de unidades carcelarias, y lo único que dejó, de acuerdo a informes oficiales, fue un tendal de deudas y desaguisados que le costaron cientos de millones de pesos a los argentinos.
Faltas y engaños
La labor llevada adelante por el kirchnerismo en el SPF fue tan mala que lo llevó a ser condenado en reiteradas ocasiones por diversos organismos internacionales por las malas condiciones brindadas a los presos. Un caso paradigmático puede observarse en la provisión de alimentos, medicamentos y ropa en las unidades carcelarias, donde se vivió un descontrol gigantesco en materia de sobreprecios.
Según se muestra en informes oficiales efectuados por autoridades de Cambiemos, solo en el segundo gobierno de Cristina Kirchner se efectuaron contrataciones directas sin llamado a licitación por más de 500 millones de pesos, la mayoría de ellas hechas a empresas “amigas” del poder K que no cumplían con las reglamentaciones necesarias para ser proveedoras del Estado.
A eso se le sumó que alrededor del 75% de las compras del SPF se hicieron mediante pagos realizados por el sistema llamado “de legítimo abono”, previsto originalmente para casos de emergencia, cosa que no sucedía en esos momentos, lo que deja todavía más dudas e incertidumbres sobre el accionar kirchnerista.
Esta situación llevó a que se pagaran sobreprecios desorbitantes, al punto que por comida o elementos esenciales para la limpieza de las unidades carcelarias se invirtió hasta un 300% más, con el agravante de que cerca del 50% de esos servicios, aunque figuran pagos en los papeles oficiales, no pudo constatarse que efectivamente se hayan efectuado.
Por las nubes
No solo existieron encarecimientos en los precios en la compra de instrumental, sino que eso pudo verse también en las diferentes obras que se encararon para mejorar las cárceles en todo el país. De acuerdo a informes preliminares del Ministerio de Justicia de la Nación, los sobreprecios en esta materia treparon a casi el 120% promedio, pagándose estos trabajos al doble o triple del precio real de mercado.
Un ejemplo de esta situación puede verse en el Complejo Penitenciario Cuyo, en la provincia de Mendoza, que a más de cinco años de comenzarse su construcción, y con más de 300 millones de pesos destinados al mismo, todavía queda por edificarse el 30% de la obra original y un 50% de los adicionales, a pesar de haberse pagado todo lo correspondiente para su levantamiento.
Las deudas dejadas por el kirchnerismo en el SPF trepan a más de 3.000 millones de pesos, donde solo en la unidad penitenciaria de Ezeiza se pudo verificar la existencia de un pasivo de más de 800 millones de
pesos, lo que muestra a las claras la desidia y la dejadez del gobierno K en la materia.
Basándose en informes efectuados por organismos defensores de los Derechos Humanos en las cárceles de todo el país, el 85% de las unidades carcelarias se encuentran con graves falencias edilicias, poniendo en riesgo la vida no solo de los presos, sino de las personas que cumplen labores de seguridad y mantenimiento en las mismas.
Y esto tiene impacto en la seguridad ciudadana. Es que los privados de libertad, en lugar de resocializarse y prepararse para volver al mundo libre con aptitudes laborales y educacionales, tras sufrir las malas condiciones de detención regresan resentidos y más preparados para delinquir.
Números de una realidad incontrastable
$3.000 millones es la deuda dejada por los K en el SPF
$800 millones es el pasivo dejado en el Penal de Ezeiza
$500 millones, las contrataciones directas hechas sin llamado a licitación
$300 millones de gastos no tienen papeles ni se pudo comprobar su pago
300% de sobreprecios, pagados en la compra de comida
120% el encarecimiento en las obras encaradas para remodelación de cárceles
85% de las cárceles tienen falencias edilicias
50% de las obras no pudieron ser constatadas o no llegaron a destino
“Los penales, como están organizados, no tienen solución posible”
Especialistas advierten sobre la necesidad de cambios estructurales en el sistema penitenciario para poder cumplir con el objetivo de reinserción social. Críticas al modelo K
La ineficiencia y precariedad legada por el kirchnerismo en materia carcelaria, con prisiones que se vienen abajo y un abanico de corrupción muy grande a su interior, ha llevado a que las instituciones se conviertan en verdaderas “universidades del delito” que impiden cumplir con el objetivo esencial de reinsertar a los detenidos en la sociedad.
Cárceles superpobladas, personal penitenciario poco preparado para la vigilancia, pésima condición edilicia, mal manejo de los recursos destinados a la atención de los presos y escaso control por parte de los organismos del Estado son algunos de los hechos que llevan al descontrol reinante en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Diversos especialistas señalan que en la Argentina se atacaron las consecuencias del delito y no las causas, cuando debería ser al revés. Para los expertos, la única forma de terminar con el delito y la inseguridad es la distribución de la riqueza, incluyendo a todos los sectores de la sociedad que no tienen acceso a satisfacer sus necesidades básicas, algo que más allá de los discursos, nunca se puso en acción durante la última década.
A la deriva
La realidad imperante dentro del SPF hace reflexionar a la sociedad sobre la necesidad imperiosa de cambios drásticos en el sistema carcelario nacional. En diálogo con diario Hoy, el titular de la Asociación Fiscales sin Fronteras, Eduardo Guarna, señaló que “los penales, como están organizados hoy en la Argentina, no tienen solución posible. Las prisiones tienen que ser para aquellos que tienen que estar presos y se debe ver qué delitos deben contemplar penas de cárcel y así cumplir con el objetivo de reinserción social”.
Para el ex inspector de cárceles del Sistema Federal, “Argentina tiene un Código Penal que es una llanta pinchada en diversos lados, lleno de parches. Al comienzo del gobierno de Néstor Kirchner, Gustavo Béliz intentó un cambio que luego fue desechado y se volvió para atrás, acabando con las reformas”.
En ese sentido, destacó que “hay que hacer algo nuevo, no se puede seguir con un sistema carcelario del siglo XIX en el siglo XXI. Si no se introducen grandes cambios, que vayan al meollo del asunto, estamos destinados al fracaso”.
“Tenemos que tener cárceles como las de antes, que eran severas, como las de Rawson en el sur, que son las de máxima seguridad, y con un sistema de encierro muy duro, que tiene poca salida al recreo, con personas dentro de la celda, con pocas horas de recreación”, subrayó Guarna.
Uso político de los presos
Una de los rasgos centrales que distinguió al kirchnerismo a lo largo de sus 12 años en el poder fue el uso partidario de los diferentes organismos del Estado para conseguir fines políticos propios que sirvieran para la difusión de los mensajes de Cristina Kirchner.
El Sistema Penitenciario Federal (SPF) no quedó al margen de esta situación y su ejemplo más claro fue la creación en 2012 de la agrupación Vatayón Militante dentro de las diferentes instituciones carcelarias. Conducida por el jefe del organismo, Víctor Hortel, y con activa participación de La Cámpora, estuvo sumergida en la polémica desde su mismo nacimiento.
El mayor escándalo de la organización K llegó cuando diversas investigaciones periodísticas mostraron cómo, desde el SPF, se ejecutaban salidas transitorias, sin permiso alguno por parte de la Justicia, de condenados con graves sentencias por asesinato o violaciones y los llevaban a actos culturales que eran planeados por el propio gobierno.
Fue tan grande el descontrol vivido con esta agrupación, que en dichos eventos se lo pudo ver a Eduardo Vázquez, exbaterista de la banda Callejeros apresado por matar a su esposa Wanda Tadei prendiéndola fuego, tocando el bongo en un recital organizado por el grupo ultra K.
Los penales de Ezeiza, Marcos Paz y Devoto fueron las bases de Vatayón Militante, aunque el mismo se distribuyó a lo largo y ancho del país, y que a pesar de haberse disuelto tan rápido como nació, llevó al SPF a una degradación de la que todavía no se ha podido levantar.
Turbios manejos educativos
El caso de Andrea del Boca recibiendo cuantiosos fondos del Ministerio de Planificación Federal que conducía Julio de Vido a través de la Universidad Nacional de San Martín puso en el ojo de la tormenta el manejo de los fondos públicos por medio de las casas de altos estudios.
De acuerdo a los informes encarados por Cambiemos, entre los años 2014 y 2015, el Ministerio de Justicia le entregó a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) más de 51 millones de pesos para la realización de gran cantidad de obras en diferentes unidades carcelarias del país.
A pesar de todo este dinero recibido que figura como entregado en su totalidad, las obras brillan por su ausencia y en la mayoría de los casos no se avanzó siquiera un 25%, encontrándose las mismas paralizadas.
Los datos que quedaron en Justicia muestran que se le dieron $9.000.000 a la UTN para diferentes complejos penitenciarios, $13.800.000 para la cárcel de Resistencia, $14.000.000 para la cárcel de Orán, y para la cárcel de Yuto en Jujuy $14.400.000.
Una evasión que puso en peligro la salud de los trabajadores
Además de malas condiciones edilicias y falta de materiales para poder realizar sus labores, los trabajadores del Servicio Penitenciario Federal sufrieron que por más de tres años, las autoridades kirchneristas no les pagara la Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) como plantea la ley, poniendo su salud en un considerable riesgo.
A pesar de las prédicas públicas en los atriles en defensa de los derechos de los trabajadores, el gobierno K se negó a abonar las cuotas correspondientes a la ART, lo que hizo que la vida de los empleados del SPF corriera un grave peligro, más teniendo en cuenta el ambiente en que cumplen sus tareas.
De esta manera el Estado, que a través de las leyes y disposiciones les exigía a los empresarios cumplir con las leyes sancionadas, era el primero en evadir las normas, lo que lo sumergía en una fuerte contradicción que tenía como rehenes a los empleados que pagaban hasta con su vida la inacción y la desidia oficial.
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