KARTEL

Narcotráfico a la mexicana.
Razones por las cuales la Argentina es un lugar tentador para los carteles de la droga.
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por Mercedes Manfroni.


¿Se puede hablar de carteles de droga en la Argentina? Esta pregunta surge al tomar contacto con la información nacional sobre el tema.
Lo cierto es que, si estas organizaciones delictivas no están instaladas aún en el país, están generadas todas las condiciones para que ello suceda.
En definitiva, la Argentina es el caldo de cultivo para el crecimiento del narcotráfico en todas sus expresiones: escalada de violencia, mayor consumo de drogas, mayor pobreza, corrupción.

En su paso por el país, las autoridades de la Procuración General de México, organismo que coordina la política contra el narcotráfico en el Gobierno de Fox, alertaron a las autoridades argentinas: "en la búsqueda de nuevas rutas y modus operandi se usa el territorio argentino"


La fiebre de la efedrina

Hace tiempo que se habla de la efedrina, un precursor químico que sirve para elaborar éxtasis. El Gobierno mexicano prohibió la importación de esta sustancia, proveniente de la India, por el incremento de la producción y exportación de éxtasis registrado.

Como en la Argentina es legal su comercialización (aunque con ciertos controles) los carteles mexicanos vieron un nicho a explotar.
Según lo que publicó el diario Crítica, "en Buenos Aires el kilo se compra a cien dólares y en México a 10.000".
Por eso el autor de la nota ironizó al titular la nota: "Es la efedrina, estúpido."

Con una diferencia económica tan grande, los carteles mexicanos, a los que les estaba costando mucho conseguir efedrina en su país, vieron la posibilidad de continuar con el negocio de éxtasis aquí. La falta de control eficiente hacía de la Argentina un paraíso para el narcotráfico.

Pero no es nuevo el hecho de que hay producción de drogas en el país. Ya desde 2005 que se empezaron a encontrar cocinas de cocaína en el interior y el fenómeno del paco refuerza la teoría de que hay fabricación nacional de drogas, porque ese estupefaciente es el deshecho que surge en la fabricación de cocaína.


Aumento del consumo

Este es otro factor que contribuye a generar el caldo de cultivo para el asentamiento de carteles de narcotraficantes.
La Argentina es hoy el mayor consumidor de cocaína en América Latina. El 2,6 % de los argentinos admitieron haber consumido esa droga, al menos una vez, durante el 2006.

También alerta el consumo de drogas sintéticas, como el éxtasis: En 2004 era del 0,1% de la población, durante 2006 fue del 5%.
El país es el segundo consumidor de esta sustancia en América del Sur, después de Perú.


Falta coherencia y coordinación en políticas de seguridad y los organismos de aplicación de la ley de drogas

Los dos organismos que tienen poder en la implementación de la política de drogas son el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, en cuanto que tiene bajo su órbita a las Fuerzas de Seguridad y Policiales, y la Sedronar, que tiene a cargo la política de prevención de la drogadicción y la asistencia a los drogodependientes.
Pero también coordina la política de lucha contra el narcotráfico, y es en ese punto que choca con la competencia del Ministerio de Justicia y Seguridad.

Aníbal Fernández y Ramón Granero (titular del Sedronar) están enemistados hace por lo menos tres años. En consecuencia, difícilmente la Sedronar pueda participar de la Lucha contra el Narcotráfico cuando ya las fuerzas federales y de seguridad no le responden y ni siquiera le mandan información.


No hay voluntad política para controlar el lavado de dinero

Por esta razón, hace varios años, expertos en la materia y el Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) vienen alertando a la Argentina para que tipifique penalmente el delito de Lavado de Dinero.

En el país, desde la sanción de la ley contra el lavado de activos en 2000, no hubo condenados por este delito.
Según escribió Juan Félix Marteau, profesor de criminología de la UBA, en La Nación, esto se da por "defectos técnicos de la actual ley penal, que padece de una sobreabundancia de elementos normativos que la tornan inaplicable.
Desde hace más de dos años existe en el Poder Ejecutivo un anteproyecto de ley dirigido a corregir los problemas de la norma. En esencia, es para derogar un artículo del Código Penal y crear otro en una norma especial, restringiendo el número de delitos previos que originan el dinero por lavar y permitiendo la incriminación del llamado auto-lavado, que autoriza a castigar a quien lava el dinero obtenido por su propia acción delictiva."

Además, si se tiene en cuenta que desde el Gobierno Nacional se está impulsando un plan de blanqueo de capitales que no tuvo en cuenta la legislación vigente en materia de lavado de dinero y que en muchos aspectos colisionan, se tiene la pauta de que el control del flujo de activos de origen delictivo no es relevante para el Gobierno.


Desempleo y pobreza

El aumento del desempleo y el consecuente aumento de la pobreza ha fortalecido y seguirá fortaleciendo la posibilidad de asentamiento de las organizaciones narcotraficantes, que encuentran en tales circunstancias la oportunidad para someter a gente en estado de desesperación a sus fines delictivos.


Escalada de violencia

Esta sería una de las más terribles consecuencias. Como evidentemente la demanda de drogas en el país tiene tendencia a aumentar, si la situación no se revierte pronto tendremos más batallas campales entre narcotraficantes por imponer su producto en el "mercado".

Así productores colombianos de cocaína y mexicanos de éxtasis se disputarán la demanda nacional y la Argentina podría vivir situaciones similares a las que viven pueblos como Sinaloa en México.

Todos los indicadores anteriores deberían ser razón suficiente para que en el país comience a operar una política antinarcotráfico en serio. Es necesario que desde el poder político se diseñen las herramientas legales suficientes para que las fuerzas de seguridad y la Justicia puedan actuar con eficiencia y celeridad.

En este contexto el debate sobre la despenalización está fuera de lugar, lo mismo que la falta de cooperación y coordinación entre organismos competentes.