COSTOS DE LA CORRUPCIÓN

Editorial de Diario “Rio Negro”

Los integrantes más conspicuos del gobierno kirchnerista ya tienen motivos de sobra para temer que el asunto de la "embajada paralela" en Caracas -mejor dicho, de la forma nada transparente en que se han manejado los negocios entre empresarios de nuestro país y sus socios venezolanos- siga ocasionándoles problemas muy graves por muchos años más.


Saben que de todos los casos de corrupción que han surgido a partir de mayo del 2003, sin excluir el supuesto por el crecimiento fenomenal del patrimonio de la presidenta y su marido -según acaba de informarse, el año pasado agregaron la friolera de casi 10 millones de pesos al total registrado en su declaración jurada, llevándolo a 55,5 millones-, es el que les significará más dificultades legales.



Convencidos como están los líderes opositores de que se podría calificar de "asociación ilícita" a la embajada informal que conforme al ministro de Planificación, Julio de Vido, fue forzoso organizar porque el embajador oficial Eduardo Sadous iba "de copetín en copetín", continuarán presionando a todos los vinculados con el caso para que revelen datos que, confían, servirán para probar que el ex presidente Néstor Kirchner y De Vido, además de varios personajes de antecedentes rocambolescos, han operado al margen de la ley con el propósito de sacar provecho de la voluntad de los empresarios de conseguir contratos lucrativos.



Asimismo, al difundirse la sensación de que el ciclo kirchnerista está aproximándose a su fin, puesto que según todas las encuestas el eventual candidato oficialista perdería frente a un rival procedente de la oposición, al gobierno le resultará cada vez más difícil asegurar que todas las causas relacionadas con los negocios con la "república bolivariana" de Hugo Chávez lleguen a las manos de magistrados dispuestos a darle el beneficio de la duda.



En cuanto al intento de los voceros oficialistas, encabezados por el canciller Héctor Timerman, de hacer pensar que todo es un invento "de los periodistas de Clarín y La Nación", los únicos que podrían sentirse impresionados por el planteo así supuesto serían aquellos que están tan irremediablemente comprometidos con el destino de la pareja gobernante que, para ellos, la corrupción es lo de menos.



Pareciera que desde su punto de vista -y de aquel de muchos que dicen sentirse indignados por lo ocurrido- todos los gobiernos son corruptos, de suerte que hay que tomar las denuncias por armas en una batalla política. Pueden señalar que mientras un gobierno cuente con la aprobación mayoritaria, pocos prestan atención a las acusaciones en su contra, pero que en cuanto comience a perder popularidad, temas que antes se consideraban "anecdóticos" suelen cobrar una importancia fundamental.



Que la corrupción endémica tenga consecuencias negativas para la economía es indiscutible ya que, cuando un gobierno está más interesado en privilegiar a sus partidarios que en impulsar el desarrollo, el saqueo resultante no podrá sino tener efectos acumulativos devastadores; uno consiste en la pobreza extrema en que ha caído la tercera parte de la población.



No sólo es cuestión de uso arbitrario de los recursos disponibles, sino también de la propensión de muchos políticos a favorecer esquemas económicos que a su juicio podrían brindarles oportunidades para enriquecerse personalmente.



Pues bien: como hemos tenido muchas ocasiones de aprender, las consecuencias políticas de la corrupción generalizada y por lo tanto consentida son igualmente perversas, ya que es lógico que quienes entienden que, a menos que logren conservar una cuota sustancial de poder, correrían el riesgo de terminar entre rejas, no tienen ninguna intención de resignarse con ecuanimidad a perderlo.



Por cierto, a esta altura es evidente que la agresividad realmente extraordinaria de la que están haciendo gala los Kirchner y sus colaboradores, sus esfuerzos frenéticos por desprestigiar a cualquiera que se les oponga o pudiera aportar pruebas a las comisiones investigadoras que están formándose y el valor exagerado que atribuyen a "la lealtad" absoluta no se deben a sus presuntas convicciones ideológicas o al compromiso emotivo con un "modelo" socioeconómico determinado sino a la conciencia de lo peligroso que les sería quedarse sin defensores lo bastante poderosos como para garantizarles un futuro tranquilo.