CLÁSICO DE CHORROS

HACIA EL 23/10
Madres-Schoklender-UIF: Ya es un clásico de las noticias

En la Argentina ocurren acontecimientos increíbles que no afectan a los funcionarios cuando estos se encuentran gozando de popularidad. Lo de Eugenio Raúl Zaffaroni, protegido por Cristinista, sería intolerable en cualquier país de esos en los que a él le fascina disertar. Lo de Fundación Madres de Plaza de Mayo/Sueños Compartidos es un zafarrancho que no muy lejos, en Brasil, habría acabado con no menos de 10 funcionarios. Por suerte, la prensa no termina de olvidar este papelón.

Insólito que no se haya producido ni una renuncia en el equipo de Cristina Fernández en medio de las irregularidades del caso Sergio Schoklender/Hebe de Bonafini/Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Es evidente que la opinión pública se encuentra dispuesta a tolerar lo que sea con tal que el ciclo económico expansivo no se corte.

Ilusos: el ciclo expansivo no depende de la Argentina. Nunca dependió del esfuerzo local y por eso se llamó "viento de cola".

Tal como ya ocurrió en el pasado, cuando la opinión pública se 'de vuelta', terminará castiango hasta con exceso, para ocultar sus propias culpas. Así funciona la hipocresía media argentina.

Mientras transcurre el ciclo, aqui algunos recortes sobre este escándalo sin consecuencias (hasta ahora).

Hugo Alconada Mon en el diario La Nación:

"Santiago del Estero y Villa Crespo coinciden en algo: de allí salieron las primeras dos alertas sobre Sergio Schoklender por operaciones sospechosas de lavado de dinero.

En ambos casos, las alarmas se dispararon antes de que estallara el escándalo con las Madres de Plaza de Mayo, pero la Unidad de Información Financiera (UIF) no reportó a la Justicia la primera, y la otra la demoró durante meses, según reconstruyó LA NACION de documentos oficiales y ocho informantes financieros y judiciales.

El primer reporte de operación sospechosa (ROS) lo envió el Nuevo Banco de Santiago del Estero (BSE). Fue el 19 de marzo de 2010, después de corroborar movimientos cuestionables en una cuenta abierta a nombre de la Fundación de las Madres, pero con Schoklender como protagonista.

El segundo reporte salió el 22 de septiembre de 2010 de la sucursal Villa Crespo del banco Supervielle, por una situación similar: una cuenta de Antártica Argentina SA, en la que pronto aparecieron Pablo Schoklender y el socio de su hermano en la firma Meldorek SA, Alejandro Gotkin. También, la Fundación de las Madres, el Instituto Vivienda porteño, cheques endosados y montañas de dinero en efectivo, según consta en un informe del fiscal general antilavado, Raúl Pleé.

Tras reportarle a la UIF lo ocurrido, ambas entidades tomaron más medidas.

En el caso del BSE, optó por cerrar la cuenta; el Supervielle requirió más información durante meses, cuando detectaron, incluso, que algunos domicilios declarados para las notificaciones eran inexistentes. Como respuesta, terminó al fin por recibir una copia del contrato con las Madres, en la que, según la Gendarmería, la firma de Hebe de Bonafini es falsa.

Para entonces, un tercer banco, el Credicoop, ya había afrontado serios inconvenientes con la fundación. En su caso, por la permanente falta de fondos, lo que provocó repetidas veces que los obreros reclamaran a los gritos sus salarios en las sucursales.

Tras una discusión "acalorada" que incluyó promesas de Schoklender de "tomar el hall del banco", recordaron en el Credicoop, la entidad decidió pedirle al entonces apoderado de la fundación que trasladara el pago a los obreros a otro banco.

Se trató, en ese caso, de una "interrupción violenta" de la relación comercial, ocurrida a principios de 2009. Una cuenta quedó abierta, pero con un saldo testimonial: la fundación figura como deudora por $ 1800 "con seguimiento especial", por un atraso de "riesgo bajo" de entre 31 y 90 días.

Tras emitir sus primeros reportes en marzo y septiembre de 2010, en tanto, el BSE y el Supervielle recibieron pedidos de información adicional desde la UIF.

En el caso santiagueño, respondió dos requisitorias. Pero luego no tuvieron más noticias desde la unidad antilavado que preside José Sbattella, que defiende su labor. (...)".


Nicolás Pizzi en el diario Clarín:

"(...) El 11 de abril de este año, la Fundación emitió una factura por $ 7.785.972,60 correspondiente al anticipo financiero de la obra “Barrio 10 de diciembre”, en Bariloche, donde deben levantarse 137 viviendas. La firmaron el secretario de Gobierno Jorge Franchini y Daniel Gillert, por entonces apoderado de la Fundación (hoy es uno de los imputados en la causa). Se trata de una factura sencilla, con el logo y los datos de la entidad, que llama la atención a simple vista por las tachaduras y la desprolijidad. Al día siguiente, se entregó un recibo por $ 7.786.335,60 donde se detalla una transferencia a una cuenta identificada con el número 011110200693.

Ese anticipo debería haberse devuelto en cuotas a medida que avanzaba la obra . Pero según la documentación que envió la Municipalidad a la Cámara de Diputados apenas se reintegraron $ 323.359,48 con la factura emitida el 23 de mayo, por un total de $ 1.832.370,40. Luego sobrevino el escándalo y se pararon todas las obras.

¿Dónde está el resto del dinero? En la Fundación se limitaron a contestar que esa operación se hizo “durante la gestión de Sergio y Pablo”. Tampoco la Municipalidad dio respuestas. Ante los reiterados llamados de Clarín , un vocero sólo confirmó que hace un mes se rescindió el contrato con Madres. “El dinero ya no pasa por la Fundación. Ahora el Municipio controla y administra.

Se siguen utilizando los mismos materiales y los mismos obreros, que son adjudicatarios de sus propias casas”, explicó. Cuando fue citado al Congreso, Schoklender sostuvo que en muchos casos los anticipos se gastaban porque “la obra empezaba antes de que se terminaran de firmar los papeles” . Y mencionó los casos del Barrio Castañares y de la Villa 20. Pero no despejó las dudas de los diputados que lo interrogaron.

¿No hay un seguro de caución que debería responder si no se devuelve el anticipo?, le preguntó ayer Clarín al ex apoderado. “Sí, claro. Siempre teníamos un seguro porque nos exigían más que al resto. Pero la compañía no va a responder si el Estado no le reclama”, ironizó.

La obra de Bariloche tiene una larga historia. Arrancó en 2008 bajo el control del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda de Río Negro. “Pronto comenzaron los reclamos por los pagos y desde Buenos Aires decidieron correr al IPPV”, confirmaron en la Municipalidad. El 28 de enero de este año, el intendente Marcelo Cascón firmó un nuevo convenio con el subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. Acordaron un plazo de 12 meses y un presupuesto de $ 51.906.484.

Los documentos a los que accedió Clarín fueron aportados a la Justicia el 6 de septiembre por el presidente de la comisión de Vivienda de Diputados, Hipólito Faustinelli. Recién el 22 de ese mes, el juez Norberto Oyarbide ordenó realizar pericias sobre 38 obras para verificar si “los adelantados entregados se condicen con el estado de avanc e de dichas obras”. También busca determinar si los costos de las casas tienen relación con los valores de mercado. Las pericias estarán a cargo de la Corte Suprema y de expertos designados por la Facultad de Ingeniería de la UBA. Lo de Bariloche no es un caso aislado.

En Posadas, por ejemplo, cuando estalló el escándalo se habían terminado 50 casas. Las restantes 106 tienen un avance del 30% pero las obras ya están en manos de la Provincia. Según el diputado Horacio Alcuaz (GEN) , la Fundación se quedó con más de $ 37 millones al no devolver los anticipos . “Es un cálculo que hicimos en base a los datos que dieron los funcionarios sobre el costo de las casas y el avance de las obras”, le dijo ayer a Clarín."


Otra vez La Nación:

"De manera inesperada, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, admitió que su equipo había descubierto que Sergio Schoklender incurría en desmanejos en el plan de obras públicas las Madres de Plaza de Mayo. "Nosotros en su momento vimos esa situación", contó el jueves último, aunque no precisó por qué no se radicó una denuncia penal.

De Vido confirmó, así, que el Gobierno supo de las irregularidades antes de que estallara el escándalo, que a su vez respondería a la reacción de Schoklender cuando lo enfrentó el secretario de Obras Públicas, José López. "En mi barrio decían que le cortó el pedal; le dijo basta", contó.

También al tanto de los presuntos delitos de Schoklender y la fundación, el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbattella, debió salir a defenderse tras las primeras revelaciones periodísticas.

"Desmentimos el cajoneo de una causa", replicó a fines de mayo. "La UIF para poder elevar una investigación tiene que tener indicios de los delitos precedentes", planteó esa vez. Dos días después, sin embargo, envió toda la documentación a Tribunales tras afirmar que sí había "elementos" para investigarlo a Schoklender.

"Hay elementos, exactamente. Pero hasta ahí llegamos. Podríamos tener más, pero en este caso, como tomó dominio público, se elevó al fiscal, que tiene más fuerza que nosotros", replicó, luego de que LA NACION reveló que la UIF había frenado las investigaciones sobre Schoklender y el jefe de la CGT, Hugo Moyano. Por el contrario, planteó Sbattella, decidió girar todo a la Justicia porque la pesquisa "se deteriora más por lo que pasa en los medios".

En silencio, el fiscal federal Carlos Stornelli abrió una investigación preliminar en la que procura determinar si la UIF cajonea reportes de operaciones sospechosas (ROS) y persigue a enemigos políticos. La pesquisa podría registrar novedades pronto, trascendió en Tribunales.

Al declarar ante el Congreso, hace dos semanas, el propio Schoklender defendió la labor del titular de la UIF ante la denuncia por la compra de la quinta de José C. Paz. "Lo acusan a Sbattella de cajonear el expediente -dijo-. No es que lo cajoneó, es que no encontró delito porque no había lavado de dinero de 5000 dólares de anticipo para comprar esa quinta, por más que se quiera forzar la mano."