¿OTRA REFORMA CONSTITUCIONAL?

Por Alberto Asseff *
En una campaña electoral magra, insípida como pocas, ha irrumpido en el escenario la cuestión de una nueva reforma constitucional. Está claro que a nadie del llano le interesa eso. Empero, está más que probado que la política, tan disociada de la ciudadanía, suele introducir asuntos que son de su exclusivo interés, con prescindencia de cómo los recibirá la población.
Principiemos por decir que ninguno de los objetivos que exponen como motivos para este intento reformista está abonado por la necesidad. Todo lo que se aspira a plasmar, desde facilitar el acceso a la vivienda hasta cuidar los recursos naturales – tierra, agua, glaciares y muchos más -, pasando por los derechos de los pueblos originarios, ameritan una reforma. Esas prerrogativas y esas preservaciones se pueden y deben realizar por ley sin que sea menester volver a meter mano en la Constitución.
Consecuentemente, la causa real para otro manoseo de la Constitución – de tanto tocarla se llega inexorablemente al manoseo – es habilitar la reelección presidencial indefinida, es decir la sepultura de la República que tiene en la periodicidad o alternancia de los mandatos a una de sus columnas vertebrales.
Con la experiencia de la Jefatura de Gabinete establecida por la reforma de 1994 – jefatura tan desteñida, no sólo por quienes la ejercieron, sino por su vaciamiento como institución y su disfuncionalización en los hechos -, será ineluctable que el primer ministro que pretenden instaurar sea a la postre un dependiente del presidente. Todo permite avizorar que tendríamos un primer ministro más parecido al actual jefe de gabinete que al que exhiben algunos regímenes europeos. Y que correlativamente tendríamos un presidente calcado del que ya conocemos. Es que la tendencia presidencialista, concentradora del poder, está demasiado arraigada como para que mute mediante un artículo nuevo de la Constitución.
En 1994 se dio mandato constitucional al Congreso en la cláusula transitoria sexta para que se fije un nuevo régimen de coparticipación federal de los recursos “antes de la finalización del año 1996”. En 2011 no hay ni miras de que ese régimen se acuerde y legalice, sobre todo para que la distribución sea equitativa y automática, de modo que no sea la discrecionalidad de la Casa Rosada la que asigna las partidas. Esta herramienta de atribución antojadiza – en lugar de la mentada automaticidad – es la que modeló el sistema ultraunitario y hegemónico que padecemos. Si se aspira genuinamente a mitigar el presidencialismo bastaría cumplir con el precepto constitucional – el transitorio sexto - para que esa deformación se corrija casi de cuajo.
Por eso, hay que ser leales con el país y desembozar las intencionalidades. Si se busca la reelección indefinida debe explicitarse para que cada ciudadano sepa a qué atenerse. No se puede encubrir esa finalidad bajo el manto de ‘ incorporar nuevos derechos’ de quinta o vaya a saberse de qué generación.
Mientras el derecho ‘avanza’ hacia ‘nuevas generaciones’, siguen ahí 55 mil desnutridos agudos, 700 mil crónicos y casi tres millones de madres e hijos anémicos, como también persiste la endemia llamada ‘mal de Chagas’. ¿No sería más fiel al pueblo trabajar para erradicar esas lacras morales y sociales en vez de consumar otra desmesura del poder como lo es el reeleccionismo indefinido?
Para una reforma constitucional la precondición es que la actual Constitución rija en plenitud, en su letra y en su espíritu. ¿Se cumple la Constitución? Si la respuesta es honesta, nadie puede afirmar que sí. Entonces, ¿con qué autoridad moral se quiere otra reforma? Sin extendernos, el paradigmático tema de la independencia del poder judicial, tan decisivo para que exista una verdadera república, ¿rige?
La mejor Constitución es la que se cumple. Todos los empeños deben aplicarse a esa vigencia. Lo demás, es peor que cháchara. Es una emboscada a nuestro sistema republicano democrático.
*Abogado, docente y político. Preside el partido UNIR de la provincia de Buenos Aires. Es candidato a diputado nacional bonaerense por Compromiso Federal