GOBIERNO DE JUECES

LEY DE MEDIOS, DNU 298, COMISIÓN BICAMERAL

La negativa de los Kirchner a negociar está instalando el gobierno de los jueces

Avanzan hacia la Corte las causas que definen la crisis política.

Por Carlos Tórtora

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó la medida cautelar otorgada por el juez de primera instancia al Diputado Enrique Thomas (Peronismo Federal-Mendoza) suspendiendo la aplicación de la nueva ley de medios audiovisuales. El fallo de los camaristas Atilio Roque Romano, Alfredo López Cuitiño y Julio Demetrio Petra avanzó más allá de lo esperable al sostener que “aparecen vicios de ilegitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional”. La calificación de gravedad institucional abre las puertas para que los abogados del Estado intenten ahora llevar la causa hasta la Corte Suprema, seguramente a través de un recurso extraordinario. De este modo -y a la brevedad- la guerra entre Clarín y el gobierno pasará a librarse en los estrados del máximo tribunal.

Por su parte, la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo aceptó el martes pasado la apelación de Julio Cobos contra el fallo del juez Enrique Lavié Pico, que dejó sin efecto la composición de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo votada por la mayoría opositora que dejaba al oficialismo en minoría, ordenando que se repusiera en la comisión a la senadora kirchnerista Beatriz Rojkes de Alperovich. El argumento central de Cobos es que la justicia está avanzando sobre cuestiones políticas no judiciables. El que resulte perdedor en el fallo de Cámara recurrirá con seguridad a la Corte y en este caso también la gravedad institucional del tema -el control de los DNU- justificaría plenamente su intervención.

El tercer caso es la suspensión de la aplicación del DNU 298/2010 que dispuso el pago de deudas con reservas, dispuesta por una medida cautelar de la Jueza Claudia Rodríguez Vidal. Intervienen en esta apelación dos salas. La IV, claramente oficialista e integrada por Luis Márquez, Sergio Fernández y Jorge Morán estaría a punto de revocar la medida cautelar de Rodríguez Vidal en el amparo presentado por el diputado Gil Lavedra. En cambio, la Sala I, conformada por Néstor Buján, Pedro Coviello y Clara Do Pico, podría tomarse más tiempo para decidir o seguir el camino de otra Sala, en el amparo promovido por Graciela Camaño. También en este caso, es probable que el litigio ascienda hacia la Corte, ya sea porque los fallos de las dos salas discrepen o porque la oposición -si pierde- se abroquele detrás de un recurso extraordinario.

Por último, la oposición le reclama a coro a los ministros de la Corte que, en alguno de los casos a estudio, fijen pautas que limiten la discrecionalidad de los DNU.

Un protagonismo no querido

El casi imparable ascenso hacia la Corte de tres causas que sintetizan las crisis centrales de la política argentina -política de medios, reservas, conflicto de poderes- refleja el fracaso de la doctrina planteada por el tribunal hace apenas un mes. En el fallo sobre el DNU 2010/2009 y a través de declaraciones de Ricardo Lorenzetti, la Corte abogó porque los conflictos políticos se resolvieran por los mecanismos propios de los poderes políticos. La realidad se ocupó de decir lo contrario. El bloqueo del Congreso y la falta de voluntad negociadora del Gobierno están generando lo que el mismo gobierno critica: el gobierno de los jueces. Con tal de no cederle nada a la oposición ni a Clarín, los Kirchner van a lograr probablemente que su suerte política quede en manos de una Corte de la cual desconfían cada vez más. Para completar la paradoja la Corte, que tiene una clara vocación por no intervenir en el choque entre los otros dos poderes, puede terminar obligada a decir la última palabra. Salvo que los Kirchner cambien sus métodos -un verdadero milagro político- antes de mitad de año la política nacional podría dirimirse en la Corte.