GLACIARES

Otra farsa ambiental

por Roberto Eduardo Romero
Director de El Tribuno

La ley de protección de glaciares, actualmente en tratamiento por la Cámara de Diputados de la Nación, forma parte de la estrategia de las multinacionales que, en nombre del ecologismo, pretenden frenar el desarrollo productivo de la Argentina. Hoy se proponen impedir las inversiones mineras en la Cordillera de los Andes como antes trabaron el desarrollo agroganadero y forestal de las provincias del Norte.

Más allá de las argumentaciones acerca del equilibrio ambiental y el cambio climático, la realidad es que esas organizaciones sólo se proponen bloquear proyectos productivos en zonas despobladas, como las alturas cordilleranas, o sumidas en el aislamiento y la pobreza, como las regiones chaqueña y litoraleña. Podría suponerse alguna intención sincera si no fuera porque la defensa de sus posiciones se basa en el agravio sistemático y la agresión física. Deberían entender de una vez que están haciendo mucho daño. Es deplorable que algunos legisladores nacionales traben alianzas con el terrorismo ambiental y se sumen a campañas espurias, sólo para encontrar algún libreto que seduzca a su electorado porteño con fábulas sobre cuestiones ajenas a su experiencia cotidiana, pero cargadas de fuerte contenido emocional.

La minería es una actividad claramente reglamentada y que sólo puede desarrollarse con inversiones multimillonarias. Ninguno de sus detractores ha podido mostrar en la realidad uno solo de los daños potenciales que le atribuyen. Al contrario, para el Estado es mucho más fácil controlar a las grandes compañías mineras, tanto en materia fiscal como en los aspectos laboral y ambiental, que a cualquier actividad marginal que se mueve en la economía paralela.

Nuestras provincias no pueden resignarse a mirar de brazos cruzados cómo esos grupos irresponsables y sin conciencia de las necesidades del país llevan adelante un proyecto que las condena a la pobreza.