viernes, 23 de julio de 2010

JUECES SANTOS


LOS JUECES DEL PACTO ESPÚREO O.K. (OYARBIDE-KIRCHNER)
FARAH - FREILER - BALLESTERO


El camarista Eduardo Farah estaría funcionando como una suerte de comisario político del kirchnerato en las salas I y II de la Cámara Federal, ya que integra ambas al estar pendiente la designación de un camarista faltante. En cuanto a otro de los miembros de la Sala I que confirmó el procesamiento de Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, Eduardo Freiler, se encontraría muy próximo a CFK, aun cuando no pertenece al entorno de Olivos. El tercer juez, Jorge Ballestero, es el más independiente, pero habría recibido un mensaje. Si los últimos dos nombrados fallaban a favor de revocar el procesamiento del Jefe de Gobierno dictado por Norberto Oyarbide, corrían el serio riesgo de ser escrachados por el multimedios de Sergio Szpolski (Tiempo Argentino, El Argentino, Miradas al Sur, Veintitrés, Radio del Plata, América, etc.) y en el programa 678 del fundamentalista K Diego Gvirtz, interlocutor permanente de Néstor Kirchner. Este procedimiento ya fue aplicado en el juicio que se le sigue a Gustavo Beliz por revelar la identidad de un agente importante de la SIDE. En ese caso, el Fiscal Federal Perotti y los tres miembros del Tribunal Oral que lleva el caso -Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo- fueron escrachados por Miradas al Sur. El hecho puso en evidencia la técnica del fusilamiento mediático que utiliza el kirchnerato para domesticar a la justicia. De este modo, los jueces son acusados -o no- por supuestos sobornos para que procesen -o no procesen- a determinadas personas. En el caso de los innumerables funcionarios acusados por actos de corrupción, esta receta es habitual. La matriz de la corrupción oficial empieza por la cabeza y se extiende por los escalones inferiores de todos los cargos políticos. El jefe permitiría, cada vez más, tajadas menores a todos sus colaboradores políticos.
Así es que el fuero Federal sobresee, desestima o cajonea todas las denuncias de corrupción contra el gobierno nacional desde el último trimestre del 2003, cuando se hicieron, por ejemplo, las denuncias referidas al crimen del empresario pesquero Cacho Espinosa, aparentemente encargado por los dueños de CONARPESA, cuyos buques fueron bautizados con champagne por la Presidente. La lista de expedientes desactivados es enorme. Están los ejemplos de la valija de Antonini Wilson, el caso Skanska autoamnistiado, el enriquecimiento ilícito del matrimonio presidencial sobreseído escandalosamente, las denuncias contra Julio de Vido cajoneadas. Esta interminable lista es una hipoteca que le será muy difícil levantar a la justicia federal y puede terminar, si gana las elecciones la oposición, en medidas drásticas contra los jueces responsables de esta parálisis.
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