AUDITORÍA GENERAL
Revelan irregularidades en las concesiones del Gobierno porteño
Durísimo el informe originado en la Auditoría General de la Ciudad. Es espera/se necesita una respuesta del Gobierno porteño, y que resulte tan contundente, o más.
Costa Salguero, un tema importante en el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento realizado por la Auditoria General de la Ciudad, sobre más de 200 concesiones para uso comercial, señala que todas las empresas pagan un canon "irrisorio" por la explotación de negocios millonarios, al punto que se estima en el presupuesto 2017 que la recaudación por ese rubro "va a ser la mitad, en términos reales, de los valores obtenidos por el Estado en el año 2008".
Se hace hincapié en la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, que se encarga de “gestionar las concesiones y los permisos de uso precario” otorgados por el Gobierno. Son en total 505 inmuebles, de los cuales 207 se utilizan para fines de explotación comercial (41%), 88 están asignados a sedes de cooperadoras escolares (17%), 56 son permisos de uso precarios y gratuitos a asociaciones sin fines de lucro (12%), 21 están otorgados a la Secretaría de Deportes, algunos en convenio con otras entidades sin fines de lucro, (4%), 71 a personas con discapacidad (14%), y 62 se encuentran asignados a distintos organismos públicos (12%).
Entre los inmuebles destinados a la explotación comercial, 76 son espacios bajo autopista; 17 playas de estacionamiento (la mayoría subterráneas); 23 locales comerciales pequeños; 48 calesitas, y 20 predios de grandes dimensiones, entre otros. La mayor parte de los predios de explotación comercial son destinados a las actividades gastronómicas; de deporte, recreación y esparcimiento; a estacionamientos; y a comercios de diversos rubros.
En este sentido, según el informe se advierten “fuertes irregularidades en los contratos de concesión y permisos de uso oneroso destinados a explotación comercial”, al punto que “de un universo de 207 dedicados a esta categoría, a diciembre de 2015, 77 se encuentran vencidos (37%), al tiempo que 32 están en proceso de adjudicación (15%), y 82 están vigentes (40%). Si bien estos datos deberían ser públicos, al presente no se cuenta con información del estado de 16 inmuebles (8%)”.
Como consecuencia de esto, “los ingresos que el fisco porteño recauda en materia de concesiones se han reducido notablemente durante las administraciones del PRO, y la situación para el año próximo parece que no constituirá una excepción”. Se afirma que, “a pesar de que en el mensaje del proyecto de Presupuesto 2017 enviado por el oficialismo a la Legislatura se sostiene que ‘se seguirán manteniendo actualizados los contratos de concesión y permisos’, lo cierto es que la previsión de recaudación para ese año representa, en términos reales, la mitad de lo s fondos ingresados en 2008".
La conclusión de la Auditoria porteña es que “el régimen de concesiones en la Ciudad ha sido puesto al servicio de los intereses de un conjunto de empresas, que se valen de la complicidad del Ejecutivo para conseguir negocios fabulosos usufructuando los predios de mayor valor de la Ciudad, pagando cánones irrisorios, incumpliendo el marco regulatorio y sin tener que rendir cuentas ante ninguna autoridad de control”.
En el informe se subraya que la explotación del predio de Costa Salguero, donde murieron en abril 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, “representa el caso más emblemático”. La historia comenzó en 1988, cuando la Administración General de Puertos Sociedad del Estado otorgó a Telemetrix S.A. un permiso de uso para la explotación del predio “Complejo Costa Salguero” por el término de 10 años. En 1992 se reemplazó esa figura jur� �ica por la de “concesión de uso”, por el término de 30 años, con un canon mensual de $30.130, 97, congelado por la vigencia de la Ley de Convertibilidad.
En 2001, cuando se puso fin a ese régimen, el canon tampoco sufrió modificaciones. Desde ese momento el predio pasó de la Nación al Gobierno de la Ciudad, que en 2008, cuando asumió Mauricio Macri como jefe de Gobierno, la Ciudad “amagó corregir esta situación, pero “no generó grandes cambios”. La que sí se modificó fue la política de la concesionaria Telemetrix, que aplicó ajustes a los numerosos subconcesionarios lo que derivaba en “provechosos negocios” favorecidos por la actitud cómplice del Estado.
El Ejecutivo planteó actualizar el canon tomando en cuenta la evolución inflacionaria, que desde el 2002 al 2008 había sido del 195 por ciento. Esto llevaba el canon a $88.886 mensuales. Incluso se habló de la necesidad de un ajuste retroactivo. Telemetrix opuso un recurso de reconsideración y el Gobierno finalmente fijó un ajuste menor, que llevó el canon a $65.000, sin reclamo retroactivo.
Al mismo tiempo se fijó un sistema de actualización semestral delirante, que tomaba en cuenta la evolución del precio de determinados servicios de la subconcesionaria DR S.A. Se tomaba en cuenta el valor fijado para “el balde de las pelotitas de golf” establecido por esa firma, y el valor del metro cuadrado cubierto diario fijado por Costa Salguero para el uso temporario destinado a ferias y exposiciones.
En el informe se denuncia que “aquello que podría ser presentado como un sistema imparcial de actualización, en realidad ocultaba que el valor del canon habría de quedar en la práctica librado a la propia Telemetrix”. Y, en efecto, “aprovechando este esquema, el canon abonado por Telemetrix al Gobi erno de la Ciudad decreció en términos reales casi un 20% durante los últimos años”.
Al mismo tiempo “no fue subsanado el reconocido desajuste entre lo abonado por Telemetrix al Estado y lo pagado por las subconcesionarias de Costa Salguero a la propia Telemetrix, situación que implica que el fisco porteño deje de percibir cientos de miles de pesos por mes”. En mayo de 2016 Telemetrix pagó al Gobierno de la Ciudad un canon de $331.149 y en el mismo mes, las concesionarias le pagaron a Telemetrix un estimado de $578.175 más un estimado de US$ 197.312 ($ 2.861.023), es decir, un total de $3.439.198.
Si a ese total se le restan los US$ 125.748 pagados por DR S.A. y Centro Costa Salguero S.A. (más sus 2 subconcesionarios), cuyos directorios son muy similares a los de Telemetrix, esta última empresa obtuvo en mayo $ 1.615.858 como pago de sus subconcesionarios. En consecuencia, el Estado de la Ciudad dejó de percibir, sólo durante el mes de mayo, un estimado de $ 1.284.709.
El informe fue presentado en el salón Arturo Jauretche de la Legislatura por la titular de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, con la participación de la legisladora porteña Andrea Conde (FpV) y el ex diputado de la Ciudad Facundo Di Filippo. Propusieron que se termine con las concesiones por contratación directa sin intervención de la Legislatura y prohibir las subconcesiones.
AUDITORÍA GENERAL
Revelan irregularidades en las concesiones del Gobierno porteño
Durísimo el informe originado en la Auditoría General de la Ciudad. Es espera/se necesita una respuesta del Gobierno porteño, y que resulte tan contundente, o más.
Costa Salguero, un tema importante en el informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires.
El relevamiento realizado por la Auditoria General de la Ciudad, sobre más de 200 concesiones para uso comercial, señala que todas las empresas pagan un canon "irrisorio" por la explotación de negocios millonarios, al punto que se estima en el presupuesto 2017 que la recaudación por ese rubro "va a ser la mitad, en términos reales, de los valores obtenidos por el Estado en el año 2008".
Se hace hincapié en la Dirección General de Concesiones, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, que se encarga de “gestionar las concesiones y los permisos de uso precario” otorgados por el Gobierno. Son en total 505 inmuebles, de los cuales 207 se utilizan para fines de explotación comercial (41%), 88 están asignados a sedes de cooperadoras escolares (17%), 56 son permisos de uso precarios y gratuitos a asociaciones sin fines de lucro (12%), 21 están otorgados a la Secretaría de Deportes, algunos en convenio con otras entidades sin fines de lucro, (4%), 71 a personas con discapacidad (14%), y 62 se encuentran asignados a distintos organismos públicos (12%).
Entre los inmuebles destinados a la explotación comercial, 76 son espacios bajo autopista; 17 playas de estacionamiento (la mayoría subterráneas); 23 locales comerciales pequeños; 48 calesitas, y 20 predios de grandes dimensiones, entre otros. La mayor parte de los predios de explotación comercial son destinados a las actividades gastronómicas; de deporte, recreación y esparcimiento; a estacionamientos; y a comercios de diversos rubros.
En este sentido, según el informe se advierten “fuertes irregularidades en los contratos de concesión y permisos de uso oneroso destinados a explotación comercial”, al punto que “de un universo de 207 dedicados a esta categoría, a diciembre de 2015, 77 se encuentran vencidos (37%), al tiempo que 32 están en proceso de adjudicación (15%), y 82 están vigentes (40%). Si bien estos datos deberían ser públicos, al presente no se cuenta con información del estado de 16 inmuebles (8%)”.
Como consecuencia de esto, “los ingresos que el fisco porteño recauda en materia de concesiones se han reducido notablemente durante las administraciones del PRO, y la situación para el año próximo parece que no constituirá una excepción”. Se afirma que, “a pesar de que en el mensaje del proyecto de Presupuesto 2017 enviado por el oficialismo a la Legislatura se sostiene que ‘se seguirán manteniendo actualizados los contratos de concesión y permisos’, lo cierto es que la previsión de recaudación para ese año representa, en términos reales, la mitad de lo s fondos ingresados en 2008".
La conclusión de la Auditoria porteña es que “el régimen de concesiones en la Ciudad ha sido puesto al servicio de los intereses de un conjunto de empresas, que se valen de la complicidad del Ejecutivo para conseguir negocios fabulosos usufructuando los predios de mayor valor de la Ciudad, pagando cánones irrisorios, incumpliendo el marco regulatorio y sin tener que rendir cuentas ante ninguna autoridad de control”.
En el informe se subraya que la explotación del predio de Costa Salguero, donde murieron en abril 5 jóvenes en la fiesta electrónica Time Warp, “representa el caso más emblemático”. La historia comenzó en 1988, cuando la Administración General de Puertos Sociedad del Estado otorgó a Telemetrix S.A. un permiso de uso para la explotación del predio “Complejo Costa Salguero” por el término de 10 años. En 1992 se reemplazó esa figura jur� �ica por la de “concesión de uso”, por el término de 30 años, con un canon mensual de $30.130, 97, congelado por la vigencia de la Ley de Convertibilidad.
En 2001, cuando se puso fin a ese régimen, el canon tampoco sufrió modificaciones. Desde ese momento el predio pasó de la Nación al Gobierno de la Ciudad, que en 2008, cuando asumió Mauricio Macri como jefe de Gobierno, la Ciudad “amagó corregir esta situación, pero “no generó grandes cambios”. La que sí se modificó fue la política de la concesionaria Telemetrix, que aplicó ajustes a los numerosos subconcesionarios lo que derivaba en “provechosos negocios” favorecidos por la actitud cómplice del Estado.
El Ejecutivo planteó actualizar el canon tomando en cuenta la evolución inflacionaria, que desde el 2002 al 2008 había sido del 195 por ciento. Esto llevaba el canon a $88.886 mensuales. Incluso se habló de la necesidad de un ajuste retroactivo. Telemetrix opuso un recurso de reconsideración y el Gobierno finalmente fijó un ajuste menor, que llevó el canon a $65.000, sin reclamo retroactivo.
Al mismo tiempo se fijó un sistema de actualización semestral delirante, que tomaba en cuenta la evolución del precio de determinados servicios de la subconcesionaria DR S.A. Se tomaba en cuenta el valor fijado para “el balde de las pelotitas de golf” establecido por esa firma, y el valor del metro cuadrado cubierto diario fijado por Costa Salguero para el uso temporario destinado a ferias y exposiciones.
En el informe se denuncia que “aquello que podría ser presentado como un sistema imparcial de actualización, en realidad ocultaba que el valor del canon habría de quedar en la práctica librado a la propia Telemetrix”. Y, en efecto, “aprovechando este esquema, el canon abonado por Telemetrix al Gobi erno de la Ciudad decreció en términos reales casi un 20% durante los últimos años”.
Al mismo tiempo “no fue subsanado el reconocido desajuste entre lo abonado por Telemetrix al Estado y lo pagado por las subconcesionarias de Costa Salguero a la propia Telemetrix, situación que implica que el fisco porteño deje de percibir cientos de miles de pesos por mes”. En mayo de 2016 Telemetrix pagó al Gobierno de la Ciudad un canon de $331.149 y en el mismo mes, las concesionarias le pagaron a Telemetrix un estimado de $578.175 más un estimado de US$ 197.312 ($ 2.861.023), es decir, un total de $3.439.198.
Si a ese total se le restan los US$ 125.748 pagados por DR S.A. y Centro Costa Salguero S.A. (más sus 2 subconcesionarios), cuyos directorios son muy similares a los de Telemetrix, esta última empresa obtuvo en mayo $ 1.615.858 como pago de sus subconcesionarios. En consecuencia, el Estado de la Ciudad dejó de percibir, sólo durante el mes de mayo, un estimado de $ 1.284.709.
El informe fue presentado en el salón Arturo Jauretche de la Legislatura por la titular de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura, con la participación de la legisladora porteña Andrea Conde (FpV) y el ex diputado de la Ciudad Facundo Di Filippo. Propusieron que se termine con las concesiones por contratación directa sin intervención de la Legislatura y prohibir las subconcesiones.
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