MOVILIZADOS

Panorama político nacional de los últimos siete días Movilización social, conflicto y consenso Con el respaldo activo de la CGT unificada y el apoyo de la Iglesia, los movimientos sociales marcharon el viernes para dar respaldo al proyecto de ley de emergencia social que ya cuenta con la media sanción del Senado. Se congregaron, por ese motivo, ante el Congreso. El kirchnerismo puro y duro aspiraba a que la queja culminara en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, para producir una foto que perjudicara a Mauricio Macri. Como no consiguió ese objetivo, la Cámpora no participó de la marcha. Tampoco había sido invitada. Los organizadores hablaron con prudencia política: describieron la fiera situación social pero no encendieron consignas contra el gobierno. En todo caso, repartieron responsabilidades con el que se fue el último diciembre y con los empresarios insensibles. En términos propagandísticos cometieron un error: anunciaron anticipadamente un número de asistentes (entre 150 y 200 mil) que en verdad no alcanzaron a reunir. ¿Para qué vaticinar esos detalles? Aunque superadamente largamente los 50.000, dieron pie para que los voceros del oficialismo ninguneara la manifestación alegando que la cantidad de asistentes “no cumplió con las expectativas de los organizadores”. Ni voto ni veto Hay sectores del oficialismo que propician el veto presidencial en caso de que la Ley sea definitivamente aprobada por el Congreso. La CGT, a través de uno de sus triunviros, Juan Carlos Schmid, advirtió: “"El gobierno ya ha vetado la ley antidespidos. Nadie sabe cuál puede llegar a ser el costo político si pasa con este proyecto. .Dos vetos seguidos sobre cuestiones sociales encierran una gravedad importantísima”. Pero Macri no necesita apelar al veto. El proyecto aprobado por Senadores no será tratado en Diputados durante las sesiones que restan este año ya que no hay tiempo para que se cumplan todos los pasos del protocolo parlamentario. El gobierno no lo incluirá el temario de sesiones extraordinarias. Las críticas por insensibilidad social sólo podrán hacer centro en ese pecado. Adelantando la jugada, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, ha declarado que “no vamos a impedir un debate que tenga como objetivo la reducción de la pobreza y creación de puestos de trabajo". Frigerio también señaló que el proyecto aprobado por el Senado es “poco claro, incompleto y, a mi juicio, no tan serio (… porque) no plantea de dónde sale los recursos para la creación de un millón de puestos de trabajo”. Queda claro que para el gobierno es difícil chocar frontalmente con los reclamos de los movilizados y sus adherentes, más allá de que los representantes legislativos del oficialismo hayan votado en contra del proyecto de emergencia social. La relación entre los gremios (soldados al peronismo) y el gobierno vuelve a parecer tensa, aunque estos once meses de convivencia entre unos y otros evidencian que, más allá de los aprontes, la sangre no llega al río. Por el momento. Recursos y realismo En este caso,–para darle la derecha al oficialismo- es cierto que lo que piden al gobierno los movilizados y sus aliados parlamentarios y eclesiales (la creación de un millón de puestos de trabajo) supondría, en caso de que fuera viable hacerlo por decreto, un fuerte incremento suplementario del gasto público. Pero hay que admitir que se vuelve difícil poner límites rígidos en esta materia cuando el gobierno ya abandonó cualquier pretensión de ortodoxia macroeconómica y optó por el gradualismo, es decir por subordinar los objetivos fiscales y monetarios que pudiera tener al cumplimiento de sus metas políticas (entrar con vigor en su segundo año y llegar fortalecido a la cita electoral de medio término). Para más, el gobierno, desde el discurso de asunción del Presidente, definió la erradicación de la pobreza como una de sus tres prioridades programáticas. No se puede negar que la motivación del reclamo está sostenida por los hechos: lo evidencian los números que presenta el INDEC. La movilización se produce cuando acaba de difundirse un informe preparado por la OCDE (el club de las democracias industrializadas, al que el gobierno quiere ingresar), la CEPAL y el Banco de Desarrollo de América Latina, que subraya las consecuencias de la pobreza sobre las perspectivas de la población juvenil. El trabajo registra la pavorosa proporción de jóvenes que ni trabajan ni estudian (un 10 por ciento en la clase media, un 25 por ciento de los sectores más vulnerables), y se condenan de ese modo a perpetuar su pobreza. El cuadro incluye . la situación de informalidad: casi cuatro de cada diez trabajadores se desempeña en negro, esto es, alienados de beneficios sociales. Rodrigo Zarazaga, el jesuita que dirige el prestigioso Centro de Investigación y Acción Social (CIAS), entrevistado en La Nación, destaca que “40% de la pobreza del país se concentra en el conurbano. Allí hay más de 60 hospitales y en condiciones debe haber cuatro. En los municipios del conurbano la coparticipación se define por las camas ocupadas en los hospitales y los intendentes tienen más incentivos a tener más camas ocupadas que a tener prevención. Muchos jóvenes terminaron el secundario y no trabajan. No encuentran el salto al primer empleo. Es un salto abismal y hay que achicar esa brecha con capacitación (…) La política tiende a transferir ingresos para asegurar la gobernabilidad y relega otras cosas prioritarias”. Anomalías y desconsuelos La sociedad comprende que el tema de la pobreza es una anomalía que hay que enfrentar para solucionarla, porque Argentina no puede vivir con estos niveles de marginación. Todo se descompone en esas condiciones: la seguridad, la convivencia, la viabilidad y la misma identidad del país, conectada orgánicamente con la fluidez y la apertura de oportunidades. Un escéptico podría decir que Argentina también es una historia de oportunidades perdidas, que dan lugar más tarde a, digamos, desconsuelos contrafácticos (por ejemplo, el lamento por lo que pudo haber sido el país si no hubiera fracasado el acuerdo entre Perón y Sabattini en los 40). El voto del año pasado generó una nueva realidad: una fuerza casi sin historia fue encargada de gobernar para depurar la atmósfera y regenerar la convivencia. Pero el voto también le impuso cogestionar con un Congreso y una mayoría de gobernadores de otros palos. La nueva etapa consiste en poner fin a la Argentina de las confrontaciones terminales e inaugurar un período de competencia sostenida en acuerdos y coincidencias básicas. Con sus votos de octubre y noviembre del último año, la sociedad puso en la agenda bases para un consenso: volver al mundo, reconstruir el Estado para que pueda ofrecer protección y servicios en lugar de sofocación y rapiña. Alto en esa agenda figura disminuir radicalmente la pobreza y recrear las condiciones de la movilidad social ascendente. E igual de alto: convivir y acordar en cambio de confrontar brutalmente. Ese voto manda sobre el gobierno y sobre la oposición. Por eso los que reclaman aprenden a hacerlo con inteligencia, moderación y poniendo a un lado todo espíritu faccioso. Y por eso el gobierno debe perseverar en el gradualismo, en el realismo, en la negociación flexible. Y debe apurar acuerdos que ofrezcan a propios y extraños los signos de previsibilidad que seducen a las inversiones y ayudan a crecer. Jorge Raventos