viernes, 25 de noviembre de 2016

DOÑA GARRAFA

A PROPÓSITO DE DENUNCIAS Y DENUNCIADOS El negociado de la 'garrafa social', un clásico de la 'Patria subsidiada' Enemigas, luego de haber sido socias, las diputadas nacionales Margarita Stolbizer y Elisa Carrió coincidieron en realizar denuncias que, curiosamente, sólo promueven frenar cambios imprescindibles en el sistema de 'garrafa social', que desde los días K apaña gravísimas irregularidades. Realizar denuncias porque un sindicalista acerca un comentario o un empresario mediano conocido a través de un familiar aporta un dato, es poco serio. Hay que ir a fondo sobre qué está ocurriendo. En parte es lo que intenta Urgente24: En 2008, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. En aquel año, Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido iniciaron el plan de 'garrafa social'. La 'Patria subsidiada' tuvo un crecimiento tan notable como espurio durante los 12 años de los Kirchner. No resolvía ninguno de los problemas de fondo pero tenía beneficios para los gobernantes: > aumentaban o consolidaban el clientelismo, y > se generaban negocios a partir de la distribución del subsidio. La Administración Macri todavía no ha encontrado aún una alternativa eficiente a la onerosa 'Patria subsidiada', y decidió mantener y hasta incrementar los subsidios, no porque les importe 'pescar' en las aguas clientelares sino por el famoso temor al 'estallido social'. Las denuncias recientes acerca del programa popularmente conoc ido como 'garrafa social' ofrecen un ejemplo de lo que necesita cambios cuanto antes, pero también expone las dificultades para desarmar los negocios montados en base a la 'Patria subsidiada'. El gas licuado del petróleo (GLP) es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Se lo obtiene en una planta separadora de gas, que no abundan en la Argentina, curiosamente un país con grandes recursos gasíferos. Uno de sus múltiples usos es el de combustible doméstico (por ejemplo, garrafas o bombonas). En vez de incrementar el acceso de las familias a las redes de gas, el kirchnerismo potenció un plan de distribución de garrafas, en el marco de la 'Patria subsidiada'. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, aseguró recientement e: "Vamos a generar condiciones para que más gente tenga acceso al gas natural y hoy no tengamos 40% de los hogares argentinos gastando 3 o 4 veces más por el gas, porque tienen que consumir gas licuado de petróleo. Uno de los objetivos de la recomposición tarifaria es que los pobres tengan acceso a la red de gas natural. Por eso, estamos generando las condiciones, con un aumento gradual y previsible, para que haya más gente que tenga acceso a la red de gas natural". Sin embargo, esta intención de Aranguren y su equipo afecta intereses no sólo de empresas montadas exclusivamente para el fraccionamiento y distribución de las 'garafas sociales' sino de burócratas involucrados en el sistema. Por ejemplo, quienes recibían y archivaban sin investigar las denuncias sobre infracciones que iban desde la ausencia de certificados de auditoría externa a la no actualizac ión de las pólizas de seguros requeridos. Decenas de denuncias 'aceitaron' una red millonaria de sobornos en el Ministerio de Energía, y cuando Arangren tomó medidas que han incluido exoneración de burócratas, comenzaron las denuncias. Más curioso resulta que directivos de algunas de empresas intentaron tomar contacto con políticos especializados en denuncias, para brindarles una visión muy parcial o errada de los acontecimientos. El asunto es conocido en las 3 cámaras gremiales empresarias vinculadas a la actividad: ** la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado, ** la Cámara Argentina de Empresas Fracionadoras, Almacenadoras y Comercializadoras -No Productoras- de Gas Licuado Asociación Civil, y ** la Cámara Argentina de Distribuidores de Gas Licuado. ¿Qué dirá la Cámara Argentina de Empresas Fracionadoras, Almacenadoras y Comercializadoras -No Productoras- de Gas Licuado Asociación Civil? La 'Patria subsidiada' El sistema de 'garrafa social' viene con problemas graves desde hace años, y el propio Axel Kicillof intentó modificarlo para desesperación del equipo de Julio De Vido, que -con la complicidad de algunos sindicalistas del gran gremio estatal- eran beneficiarios del mecanismo. Algunos de ellos fueron a golpear la puerta de una diputada nacional 'progresista', y el fracaso en la difusión pública de la denuncia llevó a sus 'socios' empresarios a 'intoxicar' a otra diputada nacional con más acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, en los días K, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Víctor Galarza, luego de reunirse con otros defensores del Pueblo del Noroeste argentino, el ministro De Vido y el secretario de Energía de la Nación, Daniel Cameron, afirmó: “Hay algunos pícaros que se abusan en la venta de las garrafas. No existe garrafa común o garrafa social. Todos deben tener el mismo precio en el mostrador del distribuidor. En realidad el que tiene el cupo (de gas subsidiado) es el fraccionador, que le entrega el producto al distribuidor. En la cadena de distribución está el problema y falta control. Algunos armaron distintas Pymes para la venta de las garrafas. Mientras menos se conocía cuál era la cantidad de garrafas que se vendía, el fraccionador venía y decía que se acabaron las garrafas sociales. Las garrafas de 10, 12 y 15 kilos tienen gas butano y está subsidiado en su totalidad. Los cilindros de 45 kilos para arriba no están subsidiados y tienen gas propano. Entonces hay que dejar de hacer negocio a costa de los que menos tienen, porque las garrafas la consumen las personas que menos tienen”. El asunto se puso 'espeso' y el programa "Hogar", ya en jurisdicción de ANSeS, intentó corregir defectos de una erogación que sólo en 2015 consumió $ 2.600 millones, llevando a más de $ 10.000 millones todo el programa de gas licuado subsidiado desde 2008, cuando se puso en marcha. Pero el asunto era/es nauseabundo. Y fue subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar, quien explicó en su momento, en un informe confidencial que fue difundido por la web La Política Online, que el mercado de GLP subsidiado no era negocio para las petroleras porque recibían un magro estipendio por cada tonelada de gas butano que se inyectaba a las garrafas. Las productoras de gas entregaban el producto a los fraccionadores, que recibían como subsidio $11 por garrafa vendida, el equivalente de $1.100 por tonelad a de butano. Su negocio garantizado era $27 por garrafa vendida al público, $26 al comercio minorista y $16 al distribuidor. En el caso de los distribuidores, recibían un subsidio de $10 por garrafa ($1.000 por tonelada). Ellos deberían comprar la garrafa a $5 a los fraccionadores y venderlas a $16 en los depósitos y a $15 al minorista para que este a su vez lo venda a $16 al público. Esa cadena de intermediación provocó, como todo el 'clientelismo' que los K nunca resolvieron ni acotaron sino todo lo contrario, un negocio que no quiere perderse tajada en la Administración Macri. “El programa tiene un defecto insalvable: nadie puede (o quiere), bajo el esquema actual, manejar lo que cobran los comercios minoristas. Con lo cual no se puede garantizar precio final a ningún valor en el final de la cadena”, llegó a escribir Folgar. ----------- Una denuncia VIDEO ----------- El problema comenzaba cuando el gas llegaba a los fraccionadores, sobre todo aquellos que no son también distribuidores: “¿Por qué le venderían a $15 a un comercio si saben que ese mismo comercio vende luego la garrafa a $50 o más? ¿Por qué le venderían a otro distribuidor a $5 para que luego éste se quede con la renta? Si el fraccionador se puede quedar con ambos subsidios y el mejor precio de la calle, ¿por qué lo compartiría con un tercero?”. Luego, el desastre de la distribución: “Si pueden vender a $16 sin moverse del depósito y para vender $15 deben incurrir en los costos de distribución, la lógica diría que tienen incentivos para vender en el depósito y no distribuir”. ¿Será que esa situación provocó las denuncias que las garrafas que se distribuían tenían menos gas? Según Folgar, en la distribución reducían el horario de atención al público o decían que se acabaron las garrafas social como si fueran distintas a las otras garrafas cuando todas eran las mismas. El cuartito de los expedientes Cuando comenzaron las denuncias, De Vido le dio intervención a sus viejos amigos de la Universidad Tecnológica Nacional, otorgándoles un contrato para el control. Según Folgar, ocurrieron 100.000 actas verificando incumplimientos que nunca tuvieron sanción, pero que tampoco hicieron que el Estado deje de tirar plata en un subsidio que no le llega a nadie. Cristian Alberto Folgar. Ahora se entiende cómo fue que colaboradores de Aranguren recibieron, dicen, ofertas monetarias para que nada cambiara, y cómo se llegó a la sala repleta de expedientes archivados sin verificar, algo que debería provocar la solidaridad de la Asociación de Trabajadores del Estado con los verdaderos perjudicados que resultan las personas usuarias de la 'garrafa social', en vez de intentar imputar a funcionarios con el objetivo de garantizar la continuidad de la corrupción. Hubo 7 despedidos, 4 fueron reincorporados pero los otros 3 quedaron con sumarios y denuncias. Entonces explotó la bomba. El dato va para Elisa Carrió, a la que accedió alguna gente del sistema beneficiado durante años por la 'Patria subsidiada', y resultaría oportuno que la legisladora nacional le exija a su eq uipo de investigación que escarbe un poco en el sistema de la 'garrafa social'. Folgar ya había advertido: “Últimamente el Estado dejó de auditar a los comercios minoristas. Sólo controla donde más o menos a los agentes que saben que cumplen. ¿Cómo justifica un funcionario que se sigan pagando subsidios si a su vez quienes controlan le dicen que el objetivo del programa no se está cumpliendo?” Antes tal como ahora, la conclusión es la misma convicción que se extiende desde Folgar a Aranguren: el gobierno demuestra que los subsidios no son efectivos a la hora de defender los que más le interesa al usuario, que es el precio de ese bien que tarde o temprano aumenta, como ocurrió ahora con el precio de la llamada garrafa social que afecta a los habitantes de bajos recursos .Tanto aplicado a la oferta como a la demanda, el subsidio estatal no resu lta eficaz y redunda a la larga en un aumento de precios y en más inflación. ¿Cómo detener la actividad de algún funcionario que intente cambiar el sistema? Ahí aparece otra cuestión propia de estos tiempos locos: la corrupción utilizada como herramienta política para desestimar a alguien. No importa si, luego, en sede judicial, todo es desestimado. La destrucción ya se encuentra garantizada porque el objetivo fue amedrentar al denunciado. Esto obliga a replantear todo el tema porque no vaya a ser que la denuncia de corrupción, si fuese incorrecta o falsa, tenga un componente profundamente extorsivo, y en esta irregularidad sean cómplices los denunciantes y los medios de comunicación. Esto obliga a poner las barbas en remojo hacia adentro de las redacciones: desde la verificación al derecho a réplica, a destajo. Por último, el sistema de la 'garrafa social' requiere de auditorías de todos los protagonistas, de cambios profundos en el fraccionamiento y la distribución, de mucha transparencia mientras se encuentre vigente.