VIROLO GAMBETEANDO

Kirchner decidido a impedir una comisión investigadora de su patrimonio


Como anticipara informadorpublico.com dos semanas atrás, aumenta la presión de Néstor Kirchner sobre el juez federal Norberto Oyarbide para que lo sobresea antes de fin de año en la causa por su presunto enriquecimiento ilícito. La reciente reunión con el juez de Víctor Manzanares, contador de los Kirchner, es un indicio más. La resolución de Oyarbide depende ahora de la pericia contable a cargo del cuerpo de peritos de la Corte Suprema. El objetivo del matrimonio presidencial es obtener, antes de la feria judicial de enero, un sobreseimiento sobre las declaraciones judiciales del 2007 y el 2008.

Un mensaje

Pero Oyarbide -cuya imagen aparece hoy ligada al gobierno por la espectacular demolición del macrismo que está realizando- acaba de recibir un mensaje. El emisor es la Cámara Federal porteña, que acaba de revocar el sobreseimiento del Secretario de Medios Enrique Albistur por presuntas irregularidades en la distribución de la publicidad oficial. Los camaristas refutaron el argumento del juez acerca de que Albistur carecía de poder de decisión en la distribución de la pauta oficial. Se sabe que, de los tres miembros de la Sala, Martín Irurzun y Horacio Cattani se mantienen ajenos a las presiones del oficialismo, mientras que no ocurriría lo mismo con Eduardo Farah. Según interpretan fuentes de Comodoro Py, la Cámara -a través del fallo Albistur- le estaría transmitiendo una advertencia a Oyarbide acerca del probable sobreseimiento de los Kirchner. Esto es, que aumentan los riesgos de que el sobreseimiento pueda ser también revocado.

Motivos del apuro

La urgencia de Kirchner para intentar darle un cierre judicial a la investigación de su patrimonio tiene dos motivos centrales. El primero es que el paso del tiempo le juega en contra. Si el gobierno continúa cayendo en las encuestas y la oposición empieza a consolidarse, el año que viene Oyarbide y los jueces en general serán más sensibles a los argumentos para mantener abiertas las causas de corrupción. Y es impensable que se dicten sobreseimientos después, en plena etapa electoral.

La otra razón es todavía más urgente. El kirchnerismo tiene decidido que, para bloquear la mayoría opositora que tendrá el Congreso, lo mejor es que éste funcione lo menos posible. En un rapto de sinceridad, Agustín Rossi acaba de reconocer que el Ejecutivo vetará sistemáticamente todas las leyes sancionadas contra su opinión.

Pero hay una iniciativa opositora que será difícil de impedir y es la conformación de comisiones investigadoras. Ya existen conversaciones avanzadas entre la UCR, el PJ disidente y el PRO para crear una comisión bicameral que investigue los casos más resonantes de la corrupción oficial. En Olivos ya interpretaron que ésta será la comisión K. En el pasado, la suerte de estas comisiones legislativas fue despareja. En el 85, la que investigó a la Italo acaparó el primer plano político. Otras, como la comisión investigadora el lavado de dinero que Elisa Carrió impulsó en el 2001 murió sin pena de gloria. En el 2007, la mayoría kirchnerista logró impedir que se conformara una comisión para indagar el caso Antonini Wilson.

Ahora, una comisión para investigar el patrimonio de los Kirchner seguramente se tomará atribuciones para secuestrar documentación y realizar allanamientos. Más allá de los resultados prácticos -que nunca fueron el fuerte de este tipo de comisiones-, esta investigación colocaría a los Kirchner a la defensiva y le restaría fuerza al operativo 2011. La imagen de un grupo de senadores y diputados allanando sus oficinas y revolviendo sus archivos es una perspectiva insoportable para Kirchner. Su poder tiene que ver con la idea general de que es intocable. Para los radicales y el PJ disidente, en cambio, se trata de una operación política altamente rentable.

Un sobreseimiento sería, por lo menos, a criterio del ex Presidente, un argumento para contraponer a la comisión en ciernes. La falta de sobreseimiento operaría a la inversa, como un disparador.