sábado, 8 de octubre de 2016

EL BONO

El bono es sólo la punta del iceberg: la pelea de fondo entre el Gobierno y la CGT es por la flexibilidad laboral Por Juan Manuel Barca En medio de los tironeos por un bono y un alivio en el Impuesto a las Ganancias asoma la discusión sobre la "flexibilización" de las relaciones laborales, alentada por empresarios y funcionarios. Las paritarias ligadas a la inflación futura y un posible "plan a la española", en el centro del debate La negociación entre el Gobierno y la CGT sigue levantando temperatura. Y no es para menos cuando el reclamo de un bono de hasta $5.000 y un alivio en Ganancias amenazan con derivar en un paro general cerca de fin de año. En las últimas horas, las advertencias de funcionarios para reducir las expectativas generadas y la reacción gremial no hicieron más que reavivar la tensión. Solo el compromiso firmado entre ambas partes aparece por ahora como una salida al conflicto y, además, una vía por parte del Ejecutivo para desestimar los pedidos de reapertura de paritarias, una reforma inmediata al "impuesto al salario" y el problema de los despidos. Con esas demandas, los bancarios paralizaron este jueves, por segundo día consecutivo, la city porteña. Sin embargo, detrás de estos tironeos asoma una discusión de mayor alcance que cobró un renovado impulso en los últimos días y que involucra tanto el modelo de paritarias como la productividad. Se trata de un cambio en las relaciones laborales alentado por empresarios, abogados de compañías y funcionarios que apunta en contra de las "rigideces" del mercado de trabajo. La posibilidad de avanzar en estos temas espinosos quedó planteada de hecho en la letra chica del preacuerdo sellado el jueves pasado en la cartera laboral. Allí se formalizó por primera vez el llamado a un espacio tripartito en el que el Ejecutivo pretende discutir su plan "estratégico" para reducir costos laborales y promover la competitividad. "El Gobierno se ha comprometido a analizar los reclamos y a avanzar en la respuesta a través de la búsqueda de consenso y de la convocatoria a la Mesa de Diálogo para la Producción y el Trabajo", reza el compromiso firmado por la cúpula sindical y los ministros Jorge Triaca (Trabajo), Alfonso Prat Gay (Hacienda), Rogelio Frigerio (Interior), Francisco Cabrera (Producción) y el asesor de Mauricio Macri, Mario Quintana. A cambio de concesiones "coyunturales" al movimiento obrero según consta en el acta, el Ejecutivo busca avanzar en el Plan Productivo Nacional que presentó la semana pasada en la UIA. El capítulo laboral incluye el Plan de Primer Empleo, la reforma de la Ley de ART y discutir el tema del ausentismo. Estas iniciativas, a cargo de Triaca, forman parte de los puntos en los que el oficialismo pretende "arrancarle" el sí a la CGT para convertirlas en decretos y leyes. En este escenario, el fantasma de la "flexibilización" no tardó en merodear los pasillos de la entidad gremial. El asesor laboralista Lucio Garzón Maceda encendió el alerta en la Confederación de Industrias Alimenticias de la República Argentina (CASIA) en dos informes recientes en los que advirtió sobre una "ofensiva" del Gobierno para implementar una reforma laboral "como en la época de Menem, con Cavallo". ¿El blanco? Para Maceda son la negociación colectiva por actividad y los beneficios que sobrevivieron en varios convenios a la dictadura y la convertibilidad. "Funcionarios, empresarios y el propio Ministerio de Trabajo presionan a los sindicatos para negociar salarios en 2017 conforme inflación futura en acuerdo de cúpula y por productividad en la empresa y a modificar convenios colectivos", señaló el letrado, que también tiene llegada a Héctor Daer, del triunvirato de la central. Productividad El impulso de un "aggiornamiento" resurgió en los últimos días en el sector público y privado. La titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, salió a criticar las protestas de los pilotos en reclamo de un 45% de aumento salarial, y abogó por un esquema donde los sindicatos se vuelvan "socios estratégicos" de las compañías. En la misma línea, el directivo de Arcor, Luis Pagani, respaldó una nueva ley de ART y propuso "bajar las tasas de los aportes patronales en lugares inhóspitos" como "un incentivo para que la gente se capacite". Se trata de una propuesta que analizan en la industria textil los empresarios, el gremio y el Gobierno, según adelantó este medio. Por otra parte, el macrismo se sumó a la ola al presentar los ocho pilares de su plan productivo ante un centenar de industriales, que escucharon de boca del ministro de Producción que "la competitividad y la productividad son responsabilidad del Estado", debido a los altos costos del capital, laborales, logísticos y la presión fiscal. El mensaje marca un cambio de postura dentro del oficialismo. Hasta hace pocos meses, otros funcionarios aseguraban que el problema de la productividad era un asunto de sindicatos y empresas, y que por tanto debía ser resuelto en forma privada, sin depender del Estado como tampoco de los subsidios. Lo cierto es que tras el "mini Davos", los llamados a impulsar las inversiones y sostener el empleo a cambio de concesiones por parte de los trabajadores se volvieron más intensos. Ese es el espíritu de los acuerdos que promueve el Ejecutivo en el sector petrolero, donde según los expertos ya hubo 5.000 despidos y otros miles de suspendidos. "Hay que convencer a los sindicatos para que no peleen por el sueldo de algunos, sino por el empleo de muchos", enfatizó durante el foro de inversión el CEO de Techint, Paolo Rocca, cuyo grupo abastece de tubos al sector hidrocarburífero. En el Ministerio de Trabajo, no obstante, son optimistas y minimizan el riesgo que advierten algunos sectores gremiales frente al denominado "Plan de Modernización laboral" que alienta Triaca. "Hay un montón de miedos (de los sindicatos), pero la idea es apostar al crecimiento de empresas", explicaron a iProfesional desde la cartera laboral. Los funcionarios sostienen que hay que dejar de lado los "prejuicios" sobre la productividad y que el debate no pasa por aumentar la jornada, sino por "trabajar sobre ciertas cuestiones para que aumenten los rendimientos". El propio Macri se metió en tema durante su gira por Alemania en julio pasado e incomodó al diputado del Bloque Peronista y del Smata, Oscar Romero, que lo acompañaba. En una visita a las fábricas de Mercedes Benz y Volkswagen en Berlín, el mandatario le reclamó al "dipusindical" que convenciera a sus pares argentinos para negociar productividad como lo hacen los alemanes. El planteo le cayó a Romero como un baldazo de agua fría. Le respondió que la productividad no pasa por los costos laborales sino por las inversiones, y lo desafió a que en la Argentina se paguen los sueldos de los trabajadores germanos. El reproche apuntó justo a un gremio que el año pasado firmó en París un acuerdo con Renault y Nissan para flexibilizar los horarios laborales y reducir el salario inicial un 15% durante el primer año. El cambio del convenio era la condición que ponía la automotriz para no despedir al 70% de los 1.600 empleados en su planta de Córdoba. Sin embargo, la incertidumbre volvió a la fábrica de Renault en estos días, luego de la decisión de la empresa de eliminar uno de sus dos turnos de producción e iniciar un esquema de suspensiones rotativas entre los operarios que no adhirieron al régimen de retiro voluntario. Paritarias En medio de la discusión por la productividad, las dificultades para controlar la inflación y los reclamos persistentes por la pérdida de poder adquisitivo volvieron a poner las paritarias en el centro de la escena. Al igual que en los últimos años del gobierno de Cristina Kirchner, en los que la economía se estancó, Cambiemos necesita una mayor moderación sindical para cumplir sus objetivos de una inflación del 17% para 2017, a partir de un esquema de metas en base a la suba de precios futura, que es resistido por el sindicalismo. En tanto, los metalúrgicos acaban de acordar un bono desdoblado de $4.000 en Córdoba, mientras que los docentes exigen la reapertura de su acuerdo salarial, junto con los trabajadores del subterráneo. Todavía resta cerrar la segunda parte de los acuerdos semestrales, como el de los mercantiles y la construcción, que piden un incremento del 40% anual. Sin ánimos de bajar las tasas de interés, las metas de inflación y el control de las expectativas salariales se vuelven clave para el macrismo. Con todo, si se mira lo ocurrido en los últimos ocho meses, la consultora Ecolatina afirma que el Banco Central "comenzó con el pie izquierdo": espera una variación de precios del 39% anual, muy lejos de la pauta inicial de entre 20 y 25%. Hay otro punto sensible. El mecanismo ideado por el gabinete económico depende también de los sindicatos. "Convencer a los trabajadores de que guíen sus decisiones en relación a la inflación futura es pedirles que acepten la caída de salario real observada en 2016. Si los gremios negocian en base a la expectativa de inflación deberían cerrar acuerdos cercanos a 25% para 2017", señaló Ecolatina. En ese sentido, los asesores sindicales de la CGT temen que el Ejecutivo intente fijar para el año próximo un "número" para todos los rubros, de entre 22 y 25%, sin paritarias por actividad y con negociación de productividad por empresa. Una suerte de "plan a la española", advierten, para descentralizar la discusión y debilitar el poder sindical. El modelo implementado desde 2004 por el país ibérico es un anhelo compartido por muchos empresarios. Por caso, el actual titular de la UIA, Adrián Kaufmann Brea, es un fanático del caso español. La cuestión de fondo es si el sindicalismo aceptará el plan productivo o, por el contrario, si hará un boicot, como el que sufrió en carne propia Triaca al presentar el mes pasado su plan de Primer Empleo en Diputados.