OBRAS PÚBLICAS

Buenos Aires, Argentina miércoles 02.11.2016 VUELVE AL SENADO Duró poco la alegría K: El Gobierno pasó la PPP en Diputados Luego de incluir una serie de modificaciones, el oficialismo consiguió acompañamiento para aprobar en la Cámara Baja el proyecto que promueve la participación público-privada en las obras públicas. La semana pasada una alianza entre el massismo y el kirchnerismo trabó su sanción. Los diputados Nicolas Massot, Emilio Monzo, Sergio Massa, Marco Lavagna, Diego Bossio y Graciela Camaño conversan esta tarde en el recinto de la camara baja. Foto NA. Si bien el kirchnerismo había celebrado como un golpe mortal que hubiese podido trabarlo en Diputados, el proyecto del Gobierno que promueve la participación público-privada (PPP) logró este miércoles su aprobación en la Cámara Baja, luego de una serie de modificaciones que ahora deberá convalidar el Senado, que le había dado ya media sanción a la iniciativa. En su vuelta a comisión, logró del sector K en acuerdo con el massismo, se estableció entre otros cambios, sobre todo, que este tipo de contratos deberá contemplar un 33% de participación de bienes y servicios de origen nacional, algo con lo que Cambiemos buscó “llevar tranquilidad” a la CGT. A lo largo de 33 artículos, el proyecto habilita al Estado a adjudicar contratos, por medio de un régimen especial y más flexible, a empresas que se provean su propio financiamiento, dinero que podrán recuperar después de terminada l a obra. Si hacen una ruta será con el peaje; si hacen una represa, con la venta de la energía durante los años que dure una eventual concesión por parte del Estado. Al comienzo del debate, el macrista Daniel Lipovetzky consideró que el proyecto “es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país”, y recordó que en 2005 el entonces presidente Kirchner aplicó algo similar a través de un decreto. Entre las modificaciones destacó la aplicación de la ley de Compre Nacional, como así también “la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33% debe ser nacional”. Por eso estimó que el proyecto permitirá además de mayor obra pública, “también va a generar un impulso sobre la industria nacional y la pequeña y mediana empresa”. Respecto de los controles, destacó la creación de una comisión bicameral de seguimiento con facultades no solo para seguir los procesos de PPP que se vayan avanzando, sino también la fiscalización y la obligación de las partes de concurrir a la bicameral a informar al menos una vez al año. Lipovetzky detalló a continuación los requerimientos de obras de infraestructura que necesita el país. En contra se pronunció el diputado kirchnerista Axel Kicillof , que habló de “leyes neoliberales” con las que el Gobierno pretende “cerrar el año”. Cuestionó el proyecto, señalando que la iniciativa es “de interés para el proyecto neoliberal que está implementando” el Gobierno, “de manera solapada”. El exministro consideró que “lo más grave es que no se le ha comunicado a la sociedad de qué se trata”. “Se desnacionaliza, se desestatiza”, denunció, asegurando que “como está planteado el proyecto, casi cualquier obra y servicio que realizaría el Estado ahora va a aparecer como iniciativa privada”, garantizó, y cuestionó que la ley plantee la jurisdicción de tribunales extranje ros en los litigios que puedan plantearse. Concluyó afirmando que “esta ley no sirve, mata a las pymes, mata al trabajo nacional”. Luego habló el diputado de izquierda Pablo López, que consideró que el dictamen con modificaciones fue solo un “maquillaje”, y reiteró sus críticas formuladas la semana anterior. “Esta es una ley (planteada) ante la desesperación de que no vienen inversiones, para entregar los manejos a los extranjeros”, y aseguró que “los privados no van a poner un peso” y van a ser los que disfruten de la realización de esas obras. Denunció a continuación que el debate del Presupuesto no se hubiera dado en el marco de una sesión ordinaria y que en cambio fuera puesto a consideración el proyecto de contratación público privada, estimando que fue para “asegurarse los votos”. “Este Gobierno va a hacer lo que hizo el Gobierno anterior: entregar la jurisdicción”, alertó. Luego fue el turno de Carlos Hel ler (Solidario SI), que reconoció que algunos aspectos del proyecto “mejoran”, pero no cambian el eje del proyecto. “En el contenido central sigue siendo un proyecto que apunta a la privatización, a profundizar las políticas de privatización”, se quejó, y dijo que “este proyecto debería llamarse ‘proyecto de pérdida de soberanía nacional’”. Heller también cuestionó el tema de la “utilidad razonable”. “Es una generalidad peligrosa –precisó el legislador-. ¿A qué se considera “utilidad razonable”? El texto del proyecto debería ser a nuestro juicio muchísimo más explícito, ya que esta utilidad razonable podría ir en detrimento del poder adquisitivo de los usuarios, tema que tenemos hoy a la vista con las tarifas de los servicios públicos”. A continuación, el radical Luis Pastori defendió la iniciativa oficial destacando que “es un régimen de contrataciones alternativo a los distintos regímenes que ya existen; no estamos de rogando ningún régimen de los que actualmente tenemos”, sino que “estamos agregando un nuevo régimen a la pléyade de regímenes que existen en el derecho administrativo argentino”. Destacó que es un nuevo mecanismo, que no es novedoso pues ya existe en varios países y provincias que no están gobernadas por Cambiemos. “Por ejemplo mi propia provincia, Misiones”, aclaró. Recordó también el decreto de Fernando de la Rúa que en el año 2000 fue calificado de “muy bueno”, aunque en esa oportunidad no prosperó, porque por entonces no ayudó el contexto en el que se promovió. “Pero después, cinco años después Néstor Kirchner también propuso una nueva norma de Participación Público Privada; y aquí es donde aparecen las primeras incoherencias del primer informe de minoría”, señaló Pastori. Señaló que el kirchnerismo, por más modificaciones que se le hubieran hecho, “nunca lo habría aprobado porque no cree en este régimen”. Aclaró que “siempre va a haber licitación pública”, y destacó que “para que esto funcione” y pueda canalizarse “la enorme necesidad de infraestructura, se requieren condiciones mínimas, como credibilidad”. Recordó que el decreto de Kirchner en 2005 fracasó, tal vez porque ese gobierno no la tenía, y porque hacía falta una ley en lugar de un decreto. Destacó el papel de la AGN para auditar todos los proyectos que se emprendan, que a su vez figurarán en los presupuestos que se envíen al Congreso. Respecto de la prórroga de jurisdicción, negó que exista una cesión de soberanía. Leyó el artículo en cuestión y destacó que un eventual arbitraje debe ser aprobado por el Ejecutivo, que debe avisar al Congreso. “Arbitraje internacional, no jurisdiccional… No estamos cediendo jurisdicción, es arbitral la cesión, no jurisdiccional”, aclaró, y pidió al kirchnerismo “que no agiten fantasmas que no existen”. El último orador fue el oficialist a Eduardo Amadeo, que “a veces cuando oigo algunos de los argumentos que se dan en este Congreso (me pregunto si) están mirando afuera, si están mirando el país que tenemos”, y remarcó que “la verdadera soberanía es poder hacer lo que uno quiere porque tiene soberanía, pero también infraestructura, trabajo”. “Este proyecto es una fuente enorme de generación de empleo”, dijo, y aplaudió a los que se preocupan por la generación de empleo de esta iniciativa, a los que garantizó que así sucederá. Aseguró que el proyecto tiene todos los controles necesarios “para que no vuelvan a repetirse los festivales corruptos que se dieron en el pasado”. Calificó de “audaz” a esta iniciativa y garantizó que la ley de PPP va a “generar trabajo, va a generar pymes” y detalló a continuación las obras que se prevén realizar a partir de la sanción de esta norma. “Con esta ley vamos a estar respondiendo a lo que la gente espera de nosotros: un país integrado, con trabajo y federal”