Señor Director:
Algunos resultados electorales, los fantasmas del fraude y esa permanente sensación de que ciertos procesos pueden ser manipulados confluyen para que nuevamente estemos reclamando los ciudadanos más transparencia frente al nuevo acto eleccionario.
A los pedidos de los candidatos opositores para que puedan participar un grupo de veedores internacionales durante el comicio presidencial se suma ahora la solicitud de los jueces federales que, convocando al Consejo de Partidos Políticos, apuntan a invitar a expertos en elecciones como así también a cuidar prolijamente el mecanismo de control del conteo de votos provisional, considerado uno de los agujeros del sistema que más preocupa.
No es nada nuevo que la política y la transparencia no parecen, al sentir de la gente, como conceptos que vayan siempre de la mano. Bastante por el contrario, la sensación instalada es que la política es sinónimo de negociados, acuerdos y traiciones. No parece ser la actividad que goce de mayor popularidad, y mucho menos aun que la transparencia sea su mayor atributo.
No está mal lo que se está pidiendo. Después de todo, a quién puede ofender poner mayor celo en el recuento de votos o pedir que participen del proceso expertos o veedores internacionales de reconocido prestigio.
Pero parece un pedido algo tímido habida cuenta de la infinita lista de hechos poco transparentes que rodean a la actividad política.
Hay mucho para trabajar en ello. Sin embargo, no aparecen argumentos sólidos que expliquen por qué debemos ocuparnos ahora solo del comicio de octubre próximo, sin enfocarnos en las causas que originan la mayoría de los “secretos” de la actividad política.
Por qué deberíamos concentrarnos sólo en este hecho y no ser más ambiciosos en esto de ir al fondo de la cuestión. No parece muy sensato que los ciudadanos esperemos mansamente que algún iluminado pida en contra de sus propios interese revisar aquello sobre lo que poco puede mostrar con manos limpias.
La política actual está plagada de irregularidades que van desde lo legal a lo moral.
Lo incierto del origen de los fondos que financian las campañas, el uso de recursos públicos para proveer de dinero a la industria electoral, lo antidemocrático de los procesos internos que permiten elegir candidatos son sólo parte de un paisaje en el que la tan mentada preocupación del fraude es sólo una parte de la historia.
La política, tal cual se la concibe hoy, es la cuna de los negocios en la que los amigos del poder obtienen jugosos contratos públicos, concesiones oscuras, sociedades de testaferros, cuando no de parientes que figuran como titulares de buenos acuerdos económicos con el Estado.
Parte de la historieta la conforman las desprestigiadas listas sábanas que ocultan en sus renglones a oportunistas, vanidosos personajes y mercantilistas del poder, pese a la prometida reforma política que tantos adeptos tiene y que nunca llega.
El saber popular dice que la política es sucia. Cabría decir que esta forma de hacer política es sucia. Es más, apesta. Esta es la política que compra periodistas y aduladores de turno. Compra favores, votos y negocios. Compra principios, voluntades y los pocos escrúpulos que les quedan a algunos.
El problema, sin dudas, radica en la base: la política compra porque puede comprar. Porque dispone de fondos para hacerlo, porque no está obligada a ser transparente y porque usa con impunidad los medios de todos con hipócrita discurso y pedante actitud.
Se trata de los profesionales del consejo, esos que dicen lo que hay que hacer con el dinero ajeno, mientras lo administran sin controles, engrosando sus bolsillos particulares al tiempo que siguen dando cátedra de moral pública.
Es tal la impunidad que hasta hemos leído en algún medio gráfico que cierto partido político terminaría recurriendo al “autofinanciamiento” de su campañas porque no logró acordar con el Gobierno de turno. La afirmación parte de la inmoral base de que los que van con el Gobierno no ponen dinero para las campañas porque se las financia el erario público. Así de grosero, así de alevoso, así de intelectualmente honesto e inmoralmente imprudente.
En un país en el que nuestro presidente usa recursos y tribunas públicas para hacer política partidaria, proselitista y electoral, en vez de ocuparse de las cuestiones institucionales, resulta difícil hablar de transparencia. Es el mismo país en el que la esposa del presidente, candidata oficial y actual senadora, hizo una gira nacional e internacional para sumar consensos a su candidatura, financiando sus gastos y los de sus colaboradores partidarios con los fondos públicos.
Esta actitud del presidente de turno no es patrimonio exclusivo de Kirchner. Lo hicieron Alfonsín, Menem, De La Rúa, Duhalde y la inmensa mayoría de los gobernadores provinciales e intendentes municipales que hemos conocido en los últimos años de democracia.
Hay que transparentar la política, pero no nos equivoquemos, no empecemos por el final, empecemos por el principio. En la financiación de las actividades políticas está el centro de la cuestión.
Alberto Medina Méndez
fte: DIARIO PRIMERA LINEA
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