LOS KIRCHNER JUEGAN CON FUEGO

CRONICAS DE LA REPUBLICA

por Eugenio Paillet


Cristina Fernández sufrirá, casi seguramente, en el Congreso la derrota que quiso evitar el viernes, al negar al campo la baja de las retenciones agropecuarias que habían llevado en sus carpetas a la mesa de Aníbal Fernández. Ese mismo criterio la había animado, horas antes, a ceder parte de los superpoderes o, mejor decir, de las facultades delegadas, al autoimponerse un techo para gastar plata de los ingresos por impuestos a su gusto y antojo, sin dar cuenta a los legisladores. ¿Entonces?

No se entiende ese distinto proceder de la dama y del gobierno. Si quiso evitarse el mal trago de un desplante parlamentario que todos daban por seguro, respecto del manejo del presupuesto, nadie se explicaba, entre el ala sensata del gabinete, por qué no pasó lo mismo con el reclamo de la Mesa de Enlace. Las retenciones van a caer, al menos desde el confiscatorio nivel en que se encuentran hoy, por una ley de los diputados y senadores, le guste o no a la señora presidenta. Pudo haberse evitado el viernes, de haberlo advertido como lo hizo con la otra cuestión, una derrota que aparece como cantada.

La primera conclusión que salta a la vista, después de ese doble estándar para manejarse frente a problemas que son de origen distinto, como presupuesto y retenciones, pero que tienen ya escrita la crónica de un final anunciado, es que el gobierno ha decidido seguir jugando con fuego. Peor: pareciera que cada vez que intentan apagar la hoguera que ellos mismos encendieron, con la nefasta resolución 125, lo hacen a puro baldazo de nafta.

La siguiente presunción, asentada, de todos modos, en datos extraoficiales sobre los procederes del matrimonio gobernante y varios de sus incondicionales con competencia en la materia, es que no habrá tregua ni perdón para el campo.

En ese tren, puede leerse, hasta desde la más pura lógica de la política, lo ocurrido el viernes y lo que seguramente ocurrirá en el futuro, en un marco de equilibrio que sólo la racionalidad de la dirigencia rural y la de hombres del poder, como Aníbal Fernández, puede lograr evitar que todo vuelva a desmadrarse y que algún resonante paro del ala dura del ruralismo del interior estalle en las tapas de los diarios.

Ya ha sido un avance, aunque hay cada vez más indicios de que juega en solitario, la decisión del jefe de los ministros de pasar por alto los duros e innecesarios agravios que partieron de aquella asamblea levantisca de los hombres del campo en la muestra de Palermo. En todo caso, fue de mal gusto que esa munición gruesa fuese respondida con palabras no menos temerarias y destempladas como las de la diputada Diana Conti, que comparó a Biolcatti y compañía con la junta militar que comandaba Videla. La diatriba de la legisladora es, al mismo tiempo y en sí misma, toda una definición de aquel particular modo del gobierno de alimentar la llama del conflicto. Son sus dichos, con matices casi inexistentes, los mismos que lanzaba, en julio del año último, un irascible y desencajado Kirchner, cuando acusaba al campo de ser los grupos de tareas de los dolidos años setenta. Para ellos, todo sigue igual, nada ha cambiado, y así debe seguir.

Hay dos versiones bien diferenciadas, en los despachos oficiales, sobre la negativa del jefe de gabinete a conceder nada en torno de las retenciones, que es otra vez el tema que pone toda la trama a sostenerse sobre un delgado desfiladero.

La primera es bien sencilla y pinta de cuerpo entero a Néstor Kirchner y a soldados de la causa como Ricardo Etchegaray y Guillermo Moreno. Tal vez también a Cristina Fernández, que, según sus laderos, siempre anda a la búsqueda de poder marcar algún matiz diferenciador, aunque pocas veces logra salirse con la suya. Aquel trío fue el que frenó cualquier posibilidad de llevar a la Mesa de Enlace alguna solución para las retenciones, como algunos puntos de rebaja en trigo y maíz, y algo menos en soja, como reclamaban los cuatro dirigentes del campo.

"Dales hasta acá nomás, porque si les das todo lo que piden ahora, después van a venir por nosotros". La frase, casi textual, es adjudicada por los confidentes a Néstor Kirchner, aquella mañana del viernes, cuando Aníbal Fernández tenía en sus manos los papeles listos para llevar, por la tarde, alguna solución directa e inequívoca, aunque de menor porte en términos de porcentajes, a los reclamos de rebaja de los dirigentes agropecuarios. Aníbal, un duro si los hay, a la hora de entreverarse en cualquier pelea política, tragó saliva y dejó los borradores sobre una mesa. Sintió en la intimidad, y lo desgranó después ante sus confidentes, que muy bien se podía estar, a esas alturas, ante otra oportunidad perdida. Igual, fue a ponerle el pecho a las balas.

El ala más conciliadora del gabinete de ministros intenta morigerar el alcance de esas palabras casi textuales adjudicadas al santacruceño. Dicen que Etchegaray tenía listo el paquete de rebajas, pero que no se anunció ahora porque faltaban detalles, y, sobre todo, faltaba precisar, con pulso de relojero, de dónde saldrán los fondos para compensar el agujero fiscal que supondría, a estas alturas, una rebaja promedio de diez puntos en las retenciones de trigo y maíz, y de cinco puntos a la soja.

Se habla de unos dos mil millones de pesos que, obviamente, el gobierno no tiene de dónde sacar, toda vez que, desde hace rato, viene raspando la olla para hacerse de plata fresca con la que sostener el desmesurado gasto público en épocas de vacas flacas.

El ministro de Economía, Amado Boudou, que más que un gesto de alineamiento incondicional lo que busca es demostrar algo de autonomía en su gestión, avaló aquellos números y las mismas preocupaciones del titular de la AFIP. Los duros dicen que fue orden directa, lisa y llana, de Kirchner. Para el santacruceño, todo se reduce a lo mismo: no le van a torcer el brazo cuatro dirigentes que tienen ánimo destituyente y que lo único que buscan es empiojar la gobernabilidad del país y la administración de su esposa.

Una síntesis entre una versión y la otra permite inferir que, en verdad y en el fondo de la cuestión, los duros del gobierno han decidido patear todo hacia adelante y mantener vivo el conflicto con el campo. No son pocos los que han creído ver en lo ocurrido el viernes, y en las declaraciones de uno y otro lado, tras la larga reunión en el despacho de Aníbal, las mismas imágenes y escuchado idénticas palabras que las que jalonaron el peor conflicto que haya afrontado Cristina Fernández desde su llegada al gobierno, como fue la pelea con el campo.

Razones no les faltan a quienes así observan la escena. La pelea sigue y el problema no se ha movido de ahí. Por si fuera poco, la crisis internacional y la debacle de la economía interna obliga, cada vez más, a la búsqueda de soluciones urgentes. Los actores, y en esto es menester meter en la misma bolsa a los funcionarios como a algunos sectores duros del campo, que tampoco apuestan a la paz o al encauzamiento del conflicto, no parecen advertirlo.

Ganar tiempo es una impronta que envuelve a todos por igual en el gobierno, salvo aquellos que, como queda dicho, entrevén salidas más perentorias y no tan conflictivas, pero que, frente al poder cada vez más asentado, rencoroso y cerril de Kirchner, se ven obligados a bajar los brazos.

El gobierno se ha dedicado todo este tiempo, desde aquella derrota del 28 de junio, a hacer fulbito para la tribuna. Lo que llama la atención (que es, al mismo tiempo, otro de los datos centrales de la escena que se ha instalado) es la pasividad y hasta el insólito acompañamiento que la oposición en general (las excepciones son contadas) ha hecho de algunos de esos gestos, que son más de lo mismo y que tienen toda la intención de entretener. Suelen ufanarse, en despachos oficiales, con un dato de la realidad: con ese nivel de oposición, para qué el oficialismo debería necesitar de buscarse aliados. Palabras de un influyente secretario de Estado.

Veamos hasta aquí. El gobierno ha hecho creer que cedió poderes o que tomó medidas que serían hijas de una adecuada lectura de la derrota del 28 de junio. Pero la verdad es que ha cedido poco y ha leído poco y nada de ese pronunciamiento de las urnas. La oposición se ha ido en reclamos y palabras altisonantes, pero sigue ahí, sumida en sus propias contradicciones y en sus peleas de liderazgo.

Aquel pomposo anuncio de Cristina sobre la limitación para gastar sólo hasta el cinco por ciento del presupuesto sin pasar por los controles del Congreso, que aplaudieron radicales, properonistas, socialistas y hasta la izquierda, es un pase de magia. Cristina ya gastaba ese porcentaje antes del anuncio, y hasta hay planillas oficiales que muestran que nunca llegó al cinco por ciento. Más allá de esa hojarasca, hay que reparar en la cifra que esa trampilla permite que pase por las manos de la presidenta sin control alguno: ¡Más de doce mil millones de pesos!

Es un dato aceptado hasta por hombres del gobierno que, como queda dicho, en verdad, lo que se buscó con esa decisión, fue evitar tener que tragarse el duro sapo de una derrota parlamentaria a corto plazo, que le recortaría, de todos modos y más ampliamente, esas facultades. Es decir, puro fuego de artificio. La oposición se comió el amague. La jugada queda al descubierto con mayor nitidez si se recuerda que, con o sin superpoderes, o con un recorte a las facultades delegadas, la presidenta puede echar mano a los DNU (los decretos de necesidad y urgencia), a través de los que se ha manejado durante todo este tiempo para reasignar partidas y disponer de fondos para fines que no eran los fijados en el texto de la ley de Presupuesto.

Cualquier mención a la existencia de una comisión bicameral encargada de revisar y, eventualmente, revocar esos decretos es sólo un paso de comedia de un sainete.

Unos y otros saben, además, que el gobierno no ha dado muestras de ruborizarse ni ante el uso de fondos del presupuesto para fines que no fueron votados, que son lo que se llama facultades delegadas, o para disponer partidas extras no previstas en el cálculo original, como exceso de recaudación por encima de la pauta, que son los superpoderes.

Ocurre que la Casa Rosada ha encontrado un oscuro modo de financiarse a través de los cuantiosos fondos que recibe de préstamos o transferencias del banco de la Nación, del Banco Central, o de la Anses, con el agravante, en este caso, que se trata de la plata de los futuros jubilados.

No hay, y probablemente no la habrá, ninguna investigación seria de los organismos de control estatales o en poder de la oposición en el Congreso para conocer la magnitud de ese desmanejo de fondos públicos destinados, en general, a satisfacer necesidades políticas o a favorecer a los amigos del poder.

El gobierno se ha dedicado a entretener a la oposición y a la opinión pública (y a algún sector de la prensa, vale señalar), con anuncios que contienen supuestos beneficios para los destinatarios, o que se encontrarían en línea con los reclamos que sobrevinieron tras la derrota electoral. Dos ejemplos abonan ese pensamiento: los cambios absolutamente cosméticos que se ensayaron en el INDEC, donde no sólo sigue reinando Guillermo Moreno sino que, finalmente, un hombre de su riñón terminó comandando el maltratado organismo. Y los amagues iniciales de intentar cambiar algo en el Consejo de la Magistratura, viciado de sospechas sobre los manejos que hace el oficialismo para poner y sacar jueces según tengan mayor o menor grado de adhesión al gobierno que los nombró.

La única verdad, como decía el general, es la realidad. El gobierno trata de ganar tiempo y se encierra peligrosamente, otra vez, en dosis de autismo y soberbia que nada bueno pueden presagiar. Insiste, como pregona el diputado moyanista Héctor Recalde, en que lo único que importa es seguir en la defensa del modelo. De seguro que no se refiere al único modelo que está a la vista y que ni las cifras del INDEC de Moreno pueden disimular, como es el pavoroso crecimiento de la pobreza, de la miseria y el desempleo, en medio de monumentales niveles de corrupción que tornan un juego de niños cualquier referencia, en la materia, de nuestro pasado reciente.