ESTÁN NERVIOSOS

LOS KIRCHNER ESTÁN NERVIOSOS


La nómina es la larga y por la lupa desfilaran causas que involucran directamente al matrimonio, tal como su propio e inusitado incremento patrimonial, como sucesos en los que están imputados empresarios afines.

Por: Aldo Norberto Bonaveri

Los Kirchner están nerviosos y motivos no les faltan, nada es como fue; de dos años a esta parte sus imágenes públicas han caído en picada incontenible; la caja que a tantos gobernadores, legisladores y tránsfugas varios puso genuflexos, aún cuando todavía es el mayor factor de presión, ya no es tan abultada como otrora; el revés electoral del 28 de junio fue más fuerte de lo que se empeñaron el disimular; la perdida de la mayoría parlamentaria, pese que el Congreso está en receso ya la empezaron a padecer; el objetivo supremo de dividir al campo viene sumando fracasos reiterados, por el contrario, para disgusto del matrimonio presidencial el ruralismo está coincidiendo con otros sectores empresarios.

Semejante conjunción de elementos no agotan el repertorio de desventuras K; errores, abusos, inconsecuencias e impudicias acumulados en 6 años de gestión, han generado agujeros cada vez más difíciles de camuflar. Durante los años de “esplendor” de Néstor la táctica de buscar enemigos para zamarrear les brindó réditos; utilizar la coacción, sembrar el temor y la faltas de escrúpulos en el ejercicio del poder ya no rinde los resultados de entonces y, las grietas comienzan a ser “visibles”, cada día que pasa les será más difícil preservar la impunidad.

Dentro de los acuerdos logrados por el arco opositor, está el de la creación de comisiones parlamentarias investigadoras sobre supuestos actos de corrupción del kirchnerismo, la nómina es la larga y por la lupa desfilaran causas que involucran directamente al matrimonio, tal como su propio e inusitado incremento patrimonial, como sucesos en los que están imputados empresarios afines, los que se enriquecieron geométricamente desde el 2004; en ese podio sobresalen Cristóbal López, Rudy Ulloa y Electroingeniería, entre otros, sobre los que abundan múltiples sospechas.

Las presunciones de corrupción que pesa sobre estos personajes no son nuevas, como tampoco constituyen sorpresa las conjeturas creadas sobre el particular en torno a altos funcionarios, tal el caso del ministro Julio De Vido o, las denuncias penales de funcionarios, por ejemplo; Ricardo Jaime y su ostentosa forma de vivir, e inclusive la floreciente prosperidad de los secretarios privados de la presidenta. Lo cierto es que hasta poco tiempo atrás, las causas judiciales estaban estancadas o, se movían a ritmo cansino.

De un mes a esta parte está comenzando a desmoronarse el blindaje de la fortaleza K, la aparente inmunidad ya exhibe resquicios que tienen a profundizarse. Algunas causas que afectan los intereses oficiales están produciendo fallos adversos al poder, a tal situación se esta arribando por dos vías distintas; en algunos casos los juicios están llegando naturalmente a su definición y, por otra parte, hay magistrados que están perdiendo el recelo que caracterizó a muchos jueces, cuando de contrariar el humor del corazón del poder y sus amigos se trataba.

Por cierto que aún está muy distante la normalidad, y tampoco se puede soslayar que el kirchnerismo apelará a todos los medios a su alcance para no perder las prerrogativas que “supieron conseguir”. Los movimientos que en la dirección mencionada se están produciendo, difícilmente su hubieran interpuestos de no haber ocurrido el innegable deterioro del régimen K.

En la premura que tiene el oficialismo para intentar neutralizar una escalada judicial desfavorable incurre en más arbitrariedades. La Constitución Nacional establece perfectamente la división de poderes, en esa lógica los fallos judiciales deben ser acatados, inclusive para su cumplimiento está contemplado la participación de la fuerza pública. Como es de conocimiento general la Policía reporta al Poder Ejecutivo, en consecuencia la falta de observancia de una orden judicial constituye un delito penal, el que al ser impartida por un ministro genera un conflicto de poderes. En virtud de lo expresado, resulta grave el desacato provocado por el jefe de gabinete, Alberto Fernández, al desautorizar un allanamiento judicial al gremio de los aeronavegantes, producto de un fallo que precisamente fue adverso a la conducción cuya referente es la embajadora K en Venezuela, Alicia Castro.

La desobediencia a los pronunciamientos judiciales también se ha instalado en los pagos de Néstor Kirchner, el gobierno de Santa Cruz continúa haciendo caso omiso a un dictamen del máximo Tribunal que dispuso restituir en el cargo a un ex procurador. Más temprano que tarde el Gobernador Peralta no tendrá más remedio que acatar la orden, lo que preocupa y mucho al ex presidente, habida cuenta que una vez repuesto en funciones, el magistrado arbitrariamente apartado, se abocará a la investigación de los fondos de Santa Cruz, de los que según lo indicado por el mandatario provincial Sergio Acevedo “están flojos de papeles”.

El veredicto de la Corte Suprema de Justicia al ratificar el principio de la libertad sindical, al reconocerle al delegado de un sindicato no adherido a la CGT, idénticas garantías de las que gozan los representantes de las entidades con personería gremial, ocasionó un fastidio e intranquilidad entre los caciques de la central obrera liderada por Hugo Moyano, para ellos la decisión de la Corte significa un avance sobre su poder, el que quieren preservar con todas sus dispensas a rajatabla.

Un mandoble que impactó de lleno en la arrogancia kirchnerista fue la sentencia del juez civil y comercial Edmundo Carbone, la medida cautelar declara la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley de servicios de comunicación audiovisual. Se trata de los artículos 41 y 161, sobre los cuales ya varios especialistas habían vaticinado cuando se trataba el proyecto en el Congreso, un veredicto de esa naturaleza, además de resultar de los argumentos más esgrimidos por la oposición, pues su improcedencia saltaba a ojos vista.

Al referirse a este fallo Aníbal Fernández argumentó la incompetencia del magistrado, habida cuenta que el Dr. Carbone dejará el juzgado a fin de año. A lo que entonces cabe preguntarse, acaso los legisladores que fenecieron su mandato el 10 de diciembre ¿estaban facultados para sancionar las leyes, tal como lo hicieron hasta el último minuto que ocuparon las bancas? Es evidente que un hombre versado como el jefe de gabinete, no puede cometer semejante torpeza si estuviera tranquilo.

Otro tema que inquieta a los moradores de la residencia de Olivos es el Consejo de la Magistratura, dicho ente tan funcional a los designios del gobierno en marzo deberá renovar sus actuales integrantes. Los 9 miembros que se remozan, resultarán la clave para la relación del Gobierno Nacional con la Justicia. Con la vigente composición, mediante el incondicional aporte de los diputados Carlos Kunkel y Diana Conti, los senadores María Laura Leguizamón y Nicolás Fernández y, el delegado del Ejecutivo Joaquín da Rocha el oficialismo ha controlado el organismo prácticamente a voluntad.

El núcleo del cuerpo radica en la Comisión de Disciplina y Acusación, de allí se ha digitado en gran parte el funcionamiento del Poder Judicial. Por ese órgano pasan las acusaciones de los jueces y, desde allí se promueve la destitución de los magistrados, resortes que en buen porcentaje es manejado por los ultra K Carlos Kunkel y Diana Conti.

Para observar cual importante es la composición del próximo Consejo de la Magistratura, cabe mencionar que hay en el fuero federal alrededor de 65 causas por corrupción, que involucran a funcionarios nacionales; quienes conocen el entramado judicial aseveran que si el oficialismo no puede seguir ejerciendo la hegemonía, los citados procesos tomarían un ritmo mucho más diligente. De allí la presión que el matrimonio presidencial ejerce sobre el juez Norberto Oyarbide para lograr el inmediato sobreseimiento sobre las acusaciones de enriquecimiento ilícito”