A LAS VÍAS

Clase media: empujan a propietarios e inquilinos hacia el medio de las vías (II)


La guerra de solicitadas que hace tres meses sostuvieron en los medios gráficos el Colegio Público de Abogados de esta Ciudad y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, mostraba los estertores de una batalla entre ambas corporaciones por el control de un plato muy apetecible: la millonaria administración de los consorcios de propiedad horizontal. No debería llamar la atención entonces que el impulsor de la modificación del Registro de Administradores haya sido un abogado (Sergio Abrebaya, radical, Alianza Coalición Cívica), al que se plegó el hoy ex diputado, contador Roberto Destéfano (PRO) y más tarde otro ex diputado, el abogado Maurico Meis, (radical, ex PRO).

Mientras, la corporación política emprendía la puesta a punto para conciliar los intereses de otros grupos de poder de la sociedad, la sindical de los Encargados de Edificios que, a través de sus hombres y mujeres ubicados en el palacio de la Legislatura, caminaba los pasillos y abría y cerraba las puertas de los despachos de los legisladores.

Hace un año, a instancias del diputado Abrebaya, comenzó a tomar impulso la modificación de un solo artículo de la ley del Registro de Administradores: esto es, la posibilidad de que corporaciones de "propietarios", carentes de representatividad alguna, pudiesen negociar las paritarias del sector con el sindicato de los encargados, reemplazando a diversas corporaciones de administradores que hasta el momento, tenían (¿tienen?) la "representación" para esa labor sin que los verdaderos propietarios les hayan prestado alguna vez esa esa posibilidad. La actualidad muestra que asociaciones de administradores se arrogan una representación a todas luces extraña. Con ese criterio tan laxo, ¿por qué no podrían cumplir idéntica tarea los plomeros, gasistas o el mismo sindicato?

Pero la iniciativa que intentaba cambiar como representantes de los consorcistas a unos faltos de legitimidad por otros de idénticas condiciones chocaba con los intereses del sindicato de encargados que maneja Víctor Santamaría (SUTERH), de muy buenas migas con las cinco corporaciones de administradores con las que negocia los sueldos entre las que se encuentra la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), "agrupación" cuyo primer presidente fue el suegro de José Santamaría, padre de Víctor, ex titular del gremio y actual presidente de la obra social, y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI), un corpúsculo administrativo que en la última elección de autoridades reunió 5 votantes. Con estos grupos se decide hoy día el sueldo y las prerrogativas de los trabajadores que pueden empardar con tranquilidad las innumerables franquicias del gremio de los camioneros que lidera el titular de la CGT.

Semejante dislate sostenido en el tiempo le sirvió a Santamaría para financiar promociones políticas como fue en su momento, aliado con Domingo Cavallo, la de Gustavo Béliz; sostener "intelectualidades progresistas" como la redacción del recordado Código de Convivencia porteño junto al juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, que marcó un sesgo distintivo para las personas de gustos diferentes; o financiar eventos de todo tipo como el de la semana pasada, la entrega de los premios de la Primera Edición de los Premios Democracia que les correspondió a:
Horacio Verbitsky: Periodismo:
Milagro Sala: Desarrollo Político y Social
Adolfo Pérez Esquivel: Derechos Humanos
Estela Barnes de Carlotto: Personalidad destacada de Argentina
Norberto Galazo: Pensamiento Nacional
Evo Morales: Personalidad destacada de Latinoamérica
Artes: Juan José Campanella
Sociedad: Maria Alanis
Medio ambiente: Roque Pedace y Sergio Elguezabal
Deportes: Manuel Ginobili
Ciencia: Eugenia Sacerdoti

A pesar de las diversas loas legislativas al proyecto que hablan de una baja del costo de las administraciones, una simple mirada a la nueva maraña burocrática creada, anticipa que será todo lo contrario porque se han instaurado 30 nuevas y obligatorias imposiciones administrativas que recargan el trabajo del administrador y serán pagadas, como corresponde, por los consorcistas (ver http://www.correodebuenosaires.com.ar/opinion.asp). Tal es el caso de auditorias de todo tipo que si bien no son de carácter obligatorias, la experiencia en el tema dice que en los innumerables juicios penales, civiles y laborales que se tramitan en el rubro de la Propiedad Horizontal, los jueces las harán obligatorias porque qué mejor que conocer el estado legal, contable o administrativo de un consorcio a través de un profesional del ramo.

En la actualidad, estas auditorías jurídicas, contables e informes de gestión (a cargo de licenciados de administración de empresas) cuestan unos 1.500, 2.000 y 1.500 pesos respectivamente y las certificaciones de firmas de los profesionales unos 60. Por otro lado, el enorme papelerío solicitado (a costo del consorcista) no tendrá lugar donde guardarse porque el recolectado en la actualidad es un cuchitril repleto de personal "político" que a falta de lugar deposita las documentación entregada en el suelo, sin contar que tal Registro de Administradores desconoce hoy día:

1. Qué cantidad de administradores hay inscriptos.
2. Cuántos edificios tiene registrados con declaraciones juradas de los administradores
3. Qué cantidad de administradores se han dado de baja por motus propio o fueron dados de baja por el organismo.
4. Cuántos administradores no han presentado a la fecha las declaraciones juradas y cuántos sí.
5. Qué cantidad de multas han sido aplicadas.
6. Cuál ha sido el monto recaudado.
7. A qué cantidad de administradores les ha vencido el CERTIFICADO en abril/2009 y a cuántos le vence en 2009/2010.
8. Cuántos encargados se han registrado como administradores.
9. Cuántos administradores han cumplido con las declaraciones juradas de los matafuegos y a todo lo que obliga la declaración jurada.

A todo esto, la corporación política, en este caso el ejecutivo porteño, nombró a Gabriela Pilar Valdivia como Coordinadora de la Coordinación del Registro Público de Administradores. La nombrada era gerente de la Administración Onetto y si bien por su profesión en actividad no podría acceder a ese cargo público por incompatibilidad manifiesta, todo podría entenderse si se tiene conocimiento que la nombrada es hermana de Elmo Valdivia, activo militante de la 8ª sección electoral del Partido Justicialista de esta ciudad y que responde internamente a Víctor Santamaría.

Propietarios e inquilinos deberán seguir muy de cerca una modificación que ha sido impuesta por el poder de las corporaciones y en donde sobre el final del año, la más fuerte ha logrado un nuevo y magnífico aumento para los trabajadores como si los consorcios fueran petroleras o cultivadores de transgénicos. Habrá que ver cómo una ley comunal intenta situarse a horcajadas de la ley nacional de propiedad horizontal y del Código Civil en lo que hace al nombramiento y remoción del administrador, al crear una nueva figura como la de "renovación", sin tener en cuenta las mayorías que fija la ley para ese punto.

Si las nuevas disposiciones fuesen aplicadas a todos los edificios municipales, pocos se salvarían de ser clausurados: el ex Mercado del Plata es una prueba que habla por sí sola. Son más reglamentaciones para que cumplan los privados por parte de un Estado que ni sabe cuántos ascensores tiene la ciudad que sus funcionarios dicen administrar.

Quizás haya llegado la hora de que propietarios e inquilinos corten calles y avenidas, acampen en la avenida 9 de julio, usen capuchas, tomen por asalto comisarías y, portando palos de grandes dimensiones, exijan de los funcionarios lo mismo que los piqueteros a los que financian con sus impuestos, pero al revés: que no les den, sólo que dejen de sacarles. Seguro que ganan.
SALINAS BOHIL