UNA MANCHA MAS

Puerto: la cuestionada administración K, al borde de un escándalo
Luís Diez, ex intendente de Puerto Deseado y traído por Kirchner, conduce la Administración de Puertos, señalada por los manejos contables y por préstamos millonarios a los concesionarios. Mientras, la Casa Rosada congela las concesiones y se demora la licitación de la Terminal 6. En crisis con los sindicatos, vuelan fantasmas de estatización.

Por Nicolás Fiorentino |

Con el revuelo de la estatización chavista sobre Techint todavía volcado en la opinión pública, los rumores de que la Casa Rosada tiene en la mira en el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires sigue abriendo puertas hacia la grave crisis interna que se vive allí, con los concesionarios denunciados por graves incumplimientos, los trabajadores con paros casi permanentes y, ahora, con los cuestionamientos al manejo contable de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado (AGPSE).

El conflicto gremial en el Puerto se mantiene. Hoy hubo un paro que bloqueó las seis terminales, donde apuntaron contra la AGPSE –ver aparte-, la que justamente está siendo duramente cuestionada por la Auditoría General de la Nación (AGN) por los turbios manejos contables y las trabas y dificultades que, a partir de eso, tuvieron para auditar los números de la administración.

La Política Online accedió al historial de informes, críticas, apuntes y recomendaciones de la AGN que desde hace 6 años se hacen sobre la AGPSE, la cual tuvo y tiene como interventor en todos esos años a Luís Ángel Diez, ex intendente de Puerto Deseado y traído de Santa Cruz a Buenos Aires por Néstor Kirchner, especialmente para encargarse de la administración portuaria. Lo que se dice un pingüino de ley.

Mientras tanto, y para subrayar aún más el foco que los Kirchner están poniendo sobre el Puerto, no deja de llamar la atención un dato importante. A abril del 2009 –últimos datos oficiales obtenidos-, las cuatro concesiones de las terminales del Puerto de Buenos Aires se encuentran en proceso de aprobación del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).

Así se desprende del Informe de Gestión publicado por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), ente gubernamental encargado de las renegociaciones con las distintas concesionarias estatales, producto de la caída y la renegociación ordenada de todas las concesiones por la Ley de Emergencia Económica dictada por el entonces presidente, Eduardo Duhalde.

Todas las concesiones portuarias se firmaron durante el gobierno de Carlos Menem, quien entregó entre 1993 y 1995, tras la privatización del Puerto, la concesión de las terminales por plazos de 25 años. De hecho, como el gobierno mantiene trabadas la anulación o aprobación de las concesiones, se mantienen vigentes las condiciones firmadas durante el menemismo.

Dudas y deudas

A la hora de revisar los diferentes informes de la AGN sobre el organismo que desde hace seis años comanda Diez, surge de inmediato un dato peculiar. Ayer, La Política Online informaba sobre el grosero atraso en la entrega de documentación, lo que dificultaba el control de los libros contables. Según un informe de Estados Contables Auditados de la AGPSE, los informes correspondientes al período que van de 1999 a 2002 fueron emitidos “con abstención de opinión”, situación crítica al que raramente apelan los auditores, salvo situación extremas.

Aunque son de años anteriores a la gestión del patagónico, la situación lo afecta bien de cerca. Es que recién en 2006 se intervino sobre los libros contables correspondientes al año 2002, mientras que en 2005 se revisaron los de los años 1999, 2000 y 2001. Con el paso de todo ese tiempo y el grosero atraso en la entrega de los libros contables, revisar las cuentas y la contabilidad de la AGPSE era, según un informante de la AGN en off the record, “prácticamente inútil”.

También afloran grandes interrogantes sobre los activos de la AGPSE. Un informe de Auditoría dirigido al interventor Diez explica que “no hemos podido satisfacernos de los saldos del rubro Bienes de Uso”, los cuáles representan el paquete más importante de los activos, siendo el 78,09 por ciento del total.

En cuanto a los concesionarios, el texto explica que “no se obtuvo confirmación de los créditos registrados a nombre de los concesionarios de las Terminales 1, 2, 3 y 4 y Emcym, por $6.035.530,03 y sobre el crédito registrado a nombre del concesionario de la Terminal 5 por $4.381.292,46”. En síntesis, no hay información sobre los diferentes créditos que desde la AGPSE se libraron a los concesionarios.

Este dato es crucial. Mientras que por un lado la AGN marca su preocupación por la falta de información de los millonarios créditos brindados a concesionarios –los mismos que son apuntados por serias irregularidades, en otra carta los auditores señalan que la AGPSE posee una deuda consolidada con la Secretaría de Hacienda, en “concepto de bonos entregados a terceros”, por $ 67.253.414.

Por último, también aparecen problemas a la hora de revisar expedientes por contrataciones y adjudicaciones directas –es decir, sin proceso licitatorio- y concursos de precios. Dos de los caminos más factibles que la administración pública tiene para desviar dinero