ESTADOS PARALELOS Y BIPOLARIDAD

Gabriela Pousa

Festejar un subsidio es reconocer la ausencia misma de políticas públicas destinadas a paliar los problemas intrínsecos de la sociedad.

Si en economía se habla del modelo de sustitución de importaciones, en política debería hablarse del modelo de sustitución de anuncios y definiciones.

Al analizar el escenario político, se verá que la última semana estuvo signada por anuncios grandilocuentes del oficialismo en detrimento, una vez más, del intento de la oposición por consensuar una estrategia capaz de limitar el avance del matrimonio presidencial. Más allá de discutir los efectos de la asignación familiar por hijo, es interesante observar hasta qué punto la Argentina se halla sumida en una contradicción supina. El último anuncio de la Presidente, de todos modos, no hace sino reflejar la situación económica y social del país.

Festejar un subsidio es reconocer la ausencia misma de políticas públicas destinadas a paliar los problemas intrínsecos de la sociedad. A su vez, este “reconocimiento de la pobreza” que ha hecho a través de la cadena nacional de radiodifusión la Presidente, tiene vastos antecedentes. Recuérdese la visita a la ciudad de Tartagal que realizara Cristina Kirchner anunciando una ayuda oficial que aún no se ha plasmado en datos de la realidad.

Todo hace prever que este aporte para los menores, amén de no ser universal, sea entregado en forma discrecional a un limitado número de ciudadanos. Por otra parte, el delirio nacional lleva, de alguna manera, a asumir el amplio espectro del trabajo en negro o empleo informal no para desterrarlo sino para contenerlo de manera meramente circunstancial, oportunista claro, ¿o acaso busca generarlo?

Simultáneamente, las cifras del INDEC desmienten que tenga existencia tamaño caudal de trabajadores no registrados. ¿Cómo se entiende? El INDEC no sólo desvirtúa los datos de la realidad sino también los dichos de la propia Presidente. ¿Cuál es la lógica de la información oficial?

Por otra parte, es factible reconocer en la asignación universal por hijo, una herramienta paliativa que se torna urgente ante un avance significativo de la pobreza e indigencia que finalmente es reconocida. Pero el problema real no radica en la herramienta sino en quién la instrumenta. La credibilidad del matrimonio presidencial hoy está muerta. Existían seis proyectos con “estado parlamentario” que el Congreso podría haber debatido y aprobado con la misma rapidez como se votó la Ley de Medios o el Presupuesto 2010, ¿por qué acudir a un decreto de esta naturaleza? La respuesta es simple y apunta a dos necesidades cruciales: jerarquizar la imagen de la Presidente opacada por la influencia de su cónyuge, y seguir con el manejo de la “caja” para garantizarse un amplio espectro de voluntades “cooptadas”.

Esta última necesidad abre paso a la incertidumbre que dejó el anuncio de la Presidente el pasado jueves. Lo cierto es que la ayuda no estará dada por una ley ni por una política clara sino por un aparato burócrata y clientelar. En menos de una semana se ha tirado por la borda, incluso, aquello que fuera votado en el Presupuesto Nacional.

A su vez, es interesante observar cómo se presentan súbitamente las “urgencias” presidenciales. Hasta hace dos meses, la pobreza no era un problema central para el oficialismo. Cristina Fernández había asegurado ello sosteniendo incluso que “el problema en la Argentina no es la pobreza, sino la inequidad”. Para esa misma fecha desdeñaba la instrumentación de una asignación universal a la niñez aduciendo que el Estado “no está para regalar cosas”. Una cabal interpretación de lo que sucede hoy por hoy en la Argentina podría ir más allá, y sostener que el Estado directamente no está.

No está ni en su concepción primaria para cumplir con sus funciones básicas: Salud, Educación, Seguridad. El Estado ha pasado a ser una verdadera entelequia, un eufemismo capaz de justificar intereses particulares. Ello explica que el modelo K más que apuntar en su totalidad al modelo venezolano de Hugo Chávez se centre en el modelo de la Rusia de Putin donde prevalece el “capitalismo de amigos”, es decir el reemplazo de la estructura estatal por estructuras ligadas al poder hurgando en todas las áreas.

Kichner concibe el Estado como sinónimo de propiedad. De ese modo, los fondos del mismo le pertenecen, y cree que lo avalan para hacer con ellos lo que le plazca. De algún modo hay una suerte de bipolaridad en lo que respecta a la definición estatal: desdén desde algunos ángulos, y apropiación desde otros tantos.

Otra demostración cabal de esta distorsión en el concepto estatal radica en el fomento que hace el gobierno de ciertos “movimientos sociales”a los cuales apuntala, justamente, para cercenar el rol estatal y afianzar el poder central. Obsérvese lo que sucede en la provincia de Jujuy con el movimiento comandado por la polémica Milagro Sala. El abrazo de la Presidente y la líder piquetera el pasado Jueves en Balcarce 50, no fue sólo un reconocimiento oficial a su figura sino también un guiño hacia este tipo de organizaciones que en rigor de verdad, lo que hacen es neutralizar – no sin intereses sectoriales – las funciones de los mismos estados provinciales.

Milagros Sala es amada y odiada por razones claras. Por un lado ha promovido y logrado la construcción de viviendas para muchos jujeños, gracias al aporte del gobierno que muchos estiman alcanza a unos 8 millones de pesos mensuales o más. Pero por otro lado, ninguna de las viviendas fue titularizada a nombre de sus habitantes. Es decir, el movimiento que lidera Sala mantiene la propiedad sobre todas ellas. De ese modo, la amenaza del destierro obra como herramienta disciplinaria, adoctrina y manda.

La cooperativa de Sala obtiene un poder casi dictatorial sobre la totalidad del pueblo jujeño, anulando incluso el legítimo poder provincial devenido del voto popular. No hay una exaltación del Estado sino más bien un asesinato del mismo promovido, obviamente, desde el poder Ejecutivo Central. Quizás por esto, la mismísima jueza de la Corte Suprema, Carmen Argibay Molina, saliera hace pocas horas a pedir mayor federalismo, sosteniendo que “el gobierno central se apodera del interior”

Y es el concepto de “gobierno de caja” que se ha instaurado desde la asunción de Néstor Kirchner en el 2003, el que prevalece y sostiene este tipo ‘aniquilamiento’ de estados provinciales para concentrar el poder al tiempo que se garantiza aquello que hasta los partidos más tradicionales han perdido: el voto cautivo. Podría decirse incluso que se trata de la instauración de una suerte de Estados paralelos aunque sea disímil en poder entre ellos. No en vano Kichner busca su reelección a través de los movimientos sociales en cuestión.

Hoy, es el clientelismo el único cautivo, y el gobierno lo sabe con creces. De allí que todos sus actos se centren en el armado de fuerzas capaces de asirse del aparato asistencialista cuyas redes más fuertes se hallan en el conurbano bonaerense. Si encima se neutralizan otras fuerzas en la provincia, mayor podría ser la injerencia del oficialismo. Esta es la lógica que acuña la Reforma Política promovida por el Ejecutivo. Al respecto, puede decirse, una vez más, que el problema no radica en la herramienta sino en quién la ha de instrumentar.

Y es que los fines del kirchnerismo son espurios por demás. De allí que los medios empleados no puedan librarse de toda sospecha, y hallársele ese matiz de suciedad que ya parece ser inherente al quehacer oficial. Ni el fin justifica los medios, ni los medios empleados pueden liberarse de la naturaleza de los fines perseguidos. Y a esta altura de las circunstancias, está claro que los Kirchner apuntan a la permanencia en el poder, tal vez no como fin último dado que detrás de ese afán se halla la verdadera causa de su actuar: la necesidad de prorrogar ad eternum su impunidad. © www.economiaparatodos.com.ar