SAN LUIS: LA MEJOR ADMINISTRADA

BAJÓ LA EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LAS PROVINCIAS


Macri, Rodríguez Saá, Binner, Scioli, Schiaretti y Das Neves (9 gráficos clave)

Los indicadores económicos provinciales muestran que en el último año la eficiencia en la gestión de los gobiernos locales se redujo en promedio un 3,83%, según el Índice de Desempeño Provincial (IDP) que elabora anualmente la Fundación Libertad. No hay misterio en la popularidad de algunos jefes de gobierno. Ver los 9 gráficos en galería de fotos.
El IDP (Índice de Desempeño Provincial), de la Fundación Libertad, se realiza a partir de 7 variables objetivas que miden

> Gastos Corrientes,

> Stock de Deuda,

> Recaudación Tributaria Provincial y

> Resultado Financiero como porcentaje del Producto Bruto Geográfico,

> Recaudación Tributaria Provincial como porcentaje de los Ingresos Corrientes,

> Empleados Públicos como porcentaje de la Población Ocupada y

> el Salario Medio del Sector Público como porcentaje del Producto Bruto Geográfico per cápita.

Para elaborar el ranking anual, se toman los rankings de cada una de estas mediciones y se establece el promedio, para luego ordenar la lista de distritos.

El estudio, que en el año 2010 había mostrado que el promedio del índice general estaba en los 6 puntos, el resultado de este año alcanzó sólo 5,77 puntos, es decir una caída de casi el 4%.

En la evaluación general 2011, 22 de los 24 distritos tuvieron una desempeño que resulta en un índice inferior al que habían obtenido el año pasado, entre ellos los distritos que ocupan los 10 primeros lugares en el ranking.

Quizá por ser un año electoral (mala costumbre argentina), el índice de desempeño de la Ciudad de Buenos Aires cayó un 5,67%, el de San Luis un 4,56%, Santa Fe 5,46%, Buenos Aires 6,81%, Córdoba 6,13%, Chubut 2,66%, La Pampa 2,62%, Misiones 1,33%, San Juan 3,88% y Río Negro 5,21.

Los 2 distritos que marcaron la diferencia fueron Formosa, que mejoró su indicador en un 28,42%, aunque no le alcanzó para salir del último lugar en la lista, y Santiago del Estero, que mostró una mejora del 17,63% y paso de la posición 22 a la 20.

Es importante señalar, sin embargo, que un contexto heterogéneo y de grandes diferencias estructurales entre los distritos, Formosa y Santiago del Estero son en términos generales, las provincias menos eficientemente administradas, aunque han logrado destacarse básicamente por la relación entre el Resultado Financiero y el Producto Bruto Geográfico.

Según los datos presentados, los distritos mejor administrados en el país son Ciudad de Buenos Aires (Mauricio Macri) y las provincias de San Luis (Alberto Rodríguez Saá), Santa Fe (Hermes Binner), Buenos Aires (Daniel Scioli), Córdoba (Juan Schiaretti) y Chubut (Mario Das Neves), que ocupan los 5 primeros lugares del ranking.

Los distritos administrados de manera menos eficiente fueron este año Tierra del Fuego, Jujuy, Chaco y Formosa, que ocuparon las posiciones 21, 22, 23 y 24 de la lista, respectivamente.

Analizando cada uno de los indicadores, la ciudad de Buenos Aires obtuvo el mejor resultado a la hora de medir los Gastos Corrientes como porcentaje del Producto bruto Regional, la Recaudación Tributaria como porcentaje de los Gastos Corrientes, el Stock de Deuda como porcentaje del Producto Regional Bruto y el Salario Medio del Sector Público como porcentaje del Producto Bruto Regional per cápita.

La Rioja, cuya Recaudación Tributaria equivale al 1,6% de su Producto Bruto Geográfico fue el distrito que mostró la menor presión tributaria a nivel país.

Santiago del Estero, una de las pocas provincias que no tuvo déficit y cuyo Resultado Financiero fue equivalente al 7,8% de su Producto Bruto Geográfico se quedó con el primer puesto a la hora de medir la gestión financiera. Finalmente, Córdoba, en donde los datos indican que apenas el 8,8% de los empleados trabajan para el Estado, resultó ser este año la provincia con menor empleo público.

Algunos conceptos

Afirma la Fundación Libertad:

"A pesar de lo que indica nuestra Carta Magna en su artículo primero, el federalismo resulta en Argentina más una formalidad escrita que una realidad práctica. La distribución entre la Nación y el conjunto de las provincias –de enorme relevancia política– no sólo hace años que distorsiona la pretendida autonomía de las jurisdicciones provinciales sino que, últimamente, ha ido dejando de ser importante para los actores políticos, siendo completamente relegada del debate público.

Bien se dice que no hay nada más permanente que una medida transitoria del Gobierno. Actualmente, las asignaciones de recursos se encuentran reguladas por el Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación y las Provincias, sancionado por ley 23.548 en el año 1988.

23 años después, no sólo no se ha reformado esta norma, sino, fundamentalmente, tampoco se la cumple.

Más allá que la ley de coparticipación es clara respecto al monto a distribuir a las provincias,
que “no podrá ser inferior al 34% de la recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central, tengan o no el carácter de distribuibles por esta ley”, lo cierto es que en el 2010 el monto coparticipado apenas superó el 22% de la recaudación total. De cada $100 recaudados entonces, la Nación retuvo el 78%.

Este centralismo en materia fiscal, se refleja claramente en el presente IDP, donde se observa que, en promedio, los recursos tributarios provinciales representan apenas el 21% de los ingresos corrientes de los estados subnacionales.

Por otro lado, se percibe un problema en el reparto secundario (entre provincias) de los fondos, dado que la asignación de los mismos entre jurisdicciones no persigue criterios ni devolutivos ni redistributivos. Así, hay economías con mayor extensión territorial, pobreza y menor ingreso por habitante que reciben menos recursos.

Frente a este panorama, desalentador respecto a los principios federales y republicanos que
deberían primar en el país, los gobernadores de las distintas provincias deben expresar sus
reparos con mucha moderación, dado que dependen del discrecional envío de fondos para
afrontar sus gastos.

La arbitrariedad con la que se maneja la cuestión de la coparticipación, juega un rol primordial en el patente deterioro de la calidad institucional y política que padece el país. La constante dependencia del Gobierno central –que paga con obras públicas y mayores porcentajes la adhesión incondicional al criterio oficial– no hace más que minar los principios que forjaron la república.

Que las provincias argentinas vuelvan a tener el protagonismo que otrora disfrutaban, situándose como verdaderas piezas fundamentales de la conformación nacional, en lugar de meros entes recaudadores o sucursales políticas del gobierno central, debería ser un norte compartido por los diferentes actores políticos del interior. Si permitimos que las bases federales entren en un estado de laxitud y deterioro, es probable que perdamos a la larga los principios republicanos.

Perdidos éstos, estamos muy cerca de poner en jaque a la democracia."