LEY DE CONTROL MEDIÁTICO

Opinión


-La ley de control mediático
Por Silvana Giudici

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Libertad de expresión es parte constitutiva de nuestra democracia. Es el más abarcador de todos los derechos y la madre de todas las libertades. Sin la libertad de decir, de buscar información, de investigar o de difundirla no seríamos ciudadanos íntegros. Así lo expresa nuestra Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y los tratados internacionales de derechos humanos.



Hemos venido escuchando por estos días, tanto desde la Presidenta como desde encumbrados dirigentes del oficialismo, expresiones que no alcanzan a definir qué es la libertad de expresión, en la totalidad de su sentido. Ellos entienden por libertad de expresión el permiso para que a algunos les sea posible decir lo que piensan, olvidando, de esta manera, que el principal atributo de este derecho es inherente a todos los seres humanos, sin distinción de ningún tipo, ni en la Argentina ni en ningún otro país que se precie de ser democrático.
La Libertad de expresión, de opinión y de pensamiento, son libertades que siempre perturbaron a este gobierno. Basta con escuchar a la Señora Presidenta referirse a los comunicadores sociales, y medios de comunicación adjudicándoles los calificativos de "golpistas" y "mafiosos" y acusarlos de "fusilarla mediáticamente".

Basta con repasar, ya no desde el discurso sino desde las acciones, los hechos que se vienen desarrollando desde el gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner, quien nunca estuvo dispuesto a ofrecer una conferencia de prensa y aceptar el cuestionamiento de voces críticas. Basta con ver la información difundida por el organismo oficial del INDEC, cifras dibujadas y mentirosas sobre la realidad actual de los argentinos para entender que el derecho de acceso a la información pública, parte constitutiva de la libertad de expresión es negado en nuestro país.

Evidentemente este gobierno hace una interpretación subjetiva de lo que implica libertad de expresión y asume entonces un discurso de características contradictorias. En lo discursivo plantean la necesidad de la pluralidad de voces, sin embargo sus acciones están dirigidas a acallar las de aquellos que adoptan una postura crítica.

En el proyecto de ley presentado y aprobado por el oficialismo en la Cámara baja de manera sumarísima, el artículo 161 dice que "los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a UN (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento -en cada caso- correspondiesen".

Esto implica que la ley abrirá un proceso confiscatorio sobre los de medios, dado que la autoridad de aplicación podrá fijar el mecanismo de transición que se le antoje para, dentro de un año, obligarlos a desprenderse de las licencias que tienen vigentes y prorrogadas por este mismo gobierno por diez años.

La Autoridad de aplicación pasará a depender del Jefe de Gabinete, el Sr. Aníbal Fernández, quien será el encargado de administrar la pauta oficial y legislarla en reemplazo del Congreso.

El manejo de los cientos de millones de pesos invertidos en publicidad oficial, que serán destinados mayormente a la transmisión del fútbol, eliminará la posibilidad de una equitativa distribución de la misma, concentrando en las emisiones deportivas, los recursos que destinaban a los pequeños radiodifusores y medios del interior del país. También a través de la cesión de los derechos televisivos el jefe de gabinete podrá decidir a que canal se los vende y quien podrá transmitir futbol o no, favoreciendo o perjudicando a los canales privados según su preferencia.

La discrecionalidad con la que podrá manejarse el jefe de gabinete en relación a los medios supone una herramienta de control sobre la prensa como nunca antes existió en democracia.

Todas las decisiones tomadas hasta ahora en relación a la prensa, a través del proyecto de servicios de comunicación audiovisual o por decreto demuestran la estrategia oficial de cooptación de medios a través de restricciones en algunos casos, o de otorgamiento discrecional de recursos públicos aplicados a decidir que vemos, escuchamos o leemos los argentinos.

La verdadera ley de la democracia es la que respeta la libertad de expresión, de pensamiento y de elección de cada ciudadano y de la sociedad en su conjunto y por ella seguiremos bregando en el parlamento.

iniciativaporbsas@silvanagiudici.com.ar

(*) Diputada Nacional U.C.R. (Capital Federal)
Presidente de la Comisión de Libertad de Expresión
de la H. Cámara de Diputados de la Nación

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