LOS REPRESENTANTES

Economía para todos - 28-Sep-09 - Política Nacional

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Los representantes del pueblo

Senadores y diputados que deben velar por los intereses ciudadanos
se han convertido en soldados que votan por obediencia debida.

por Gabriela Pousa

Una de las características intrínsecas de la democracia es la representación popular, es decir el Congreso Nacional. Se supone que es ése el centro del debate de ideas y que allí desembocan, en consecuencia, las demandas perentorias de la gente a fin de lograr alguna suerte de satisfacción intrínseca.

A juzgar por los últimos acontecimientos, dichas suposiciones distan considerablemente de tener algún grado de certeza que las sustente o las legitimen de alguna manera. Si bien, el tratamiento de la ley de medios en la Cámara de Diputados halló a la ciudadanía frente a un espejo observándose a sí misma (a esta altura es inútil negar que el pueblo argentino es un conglomerado de individualidades cuyos ombligos despiertan más atención que cualquier vecino), es dable aceptar que aquello que aqueja a la sociedad dista de asemejarse a los intereses que son tratados en el recinto.

Para la gente, para su día a día, la seguridad, la educación y la salud son más prioritarias que la televisión y los diarios. Podrán decirles a viva voz que la pobreza disminuyó, pero saben a ciencia cierta y por el sólo don de la observación que la miseria aumenta en forma descarada y no hay plan social ni subsidio capaz de disimularla.

No es el objetivo de esta nota deleznar una ley de medios que posiblemente haga falta, pero el actual proyecto es un engendro para fines particulares, muy distante a la necesidad de pluralizar la información y evitar monopolios. En rigor, podría decirse que la ley lanzada desde Casa Rosada busca, precisamente, monopolizar las voces para esparcir el relato oficial que cada día se acalla más.

Ahora bien, creer que la premura por conseguir la sanción se ampara en la caducidad de la actual legislación por remitirse a un gobierno no electo por el pueblo es otra de las burlas que se nos hace en nombre de la democracia. Hay muchas leyes de la dictadura que siguen rigiendo con más énfasis aún que la ley de medios.

Al margen, dicha norma que data de 1980 no está siendo aplicada desde tiempos inmemoriales. Véase que ésta, sin ir más lejos, prohíbe la proliferación de multimedios cuya existencia hace rato fue avalada implícitamente primero, y explícitamente luego por el mismísimo kirchnerismo.

A su vez, en los albores de los 80', la tecnología no había dado aún el gran salto, y el desarrollo mediático era casi una utopía. Así, que los Kirchner descubran que es urgente legislar sobre el tema, seis años después de estar al frente de la Presidencia, es una afrenta a la razón de cualquiera. Amén de ello, cabe rescatar que Cristina Fernández venía desempeñándose en el Senado mucho antes, sin presentar proyecto alguno sobre lo que hoy, paradójicamente, aparece como acuciante para la supervivencia democrática. ¿Si no lo fue antes por qué lo sería ahora? Hace un cuarto de siglo que la democracia es un hecho, y no han sido los medios quienes la pusieran a prueba. Y si acaso hay grietas en sus modos y maneras, estas hallan su causa en el seno mismo de Balcarce 50, y en el contubernio que emerge de allí para erigir a determinados personajes, titulares de radios o canales.

En síntesis, mientras el negocio es redondo para ambos poderes, no hay queja ni interesa qué legislación es la que cuenta. El problema surge cuando alguno de los dos se rebela.

En los últimos tiempos hemos visto como Néstor Kirchner vació conceptos, y se armó de eufemismos para explicar lo inexplicable. Así fue como el Estado pasó de ser entelequia a ser sinónimo del matrimonio presidencial en esencia. Lo que se estatiza es porque pasa a manos del patrimonio K, sucede con Aerolíneas que oficia de agente propagandístico del complejo turístico de la pareja, y pasó y se afianzará aún más con los yacimientos petrolíferos. De esa forma, todo cuánto se recauda va directo a sus arcas. Si se deja pasar este nuevo vaciamiento en los conceptos, se corre el riesgo de convertir a la democracia misma en sinónimo de este gobierno, a pesar de cuán distante está en reiteradas ocasiones de serlo. Terminaremos creyendo, finalmente, que se es democrático por el sólo hecho de haber concurrido un domingo a votar.

Ya no es secreto que el interés en regular la propiedad y hasta el contenido de los medios radica en un objetivo de máxima: la permanencia en el poder, y la campaña proselitista perenne para mantener la hegemonía. La metodología pasa por la instrumentación de la ideología, y la puja por retomar el control del aparato peronista.

En este desorden de cosas, quienes deben velar por los intereses ciudadanos aparecen también con roles alterados: son soldados de una causa en la cual nosotros no participamos. Votan por obediencia debida justamente quiénes se llenan la boca criticando, y elevando dedo acusador a quiénes sancionaron esa ley. Ciertamente, muchos evitan el espejo porque se sorprenderían al observarse señalándose a sí mismos con un "mea culpa" jamás asumido. Aceptan que deben someterse e 'ideologizarse' aunque no tengan idea de qué significa y menos aún de las consecuencias que acarrea.

Representan, en rigor, a un líder al que no saben poner freno, y además le tienen miedo. Saben que el camino no es el correcto pero se han adentrado en una maraña tal donde ninguna salida es inocente ya. Los "arrepentimientos" se han gastado por el uso desmedido que se ha hecho de esa figura en extremo banal. Véase que quienes ahora se resisten a aprobar el proyecto del Ejecutivo es porque tienen intereses periodísticos más que por valores afines a la libertad del individuo.

La credibilidad ha sido aniquilada, y la opción que les queda es seguir la ola que desatara el matrimonio presidencial para no hundirse en su propio lodazal. Simultáneamente mantienen su "kiosco" que les garantiza cierta impunidad, y una supervivencia posterior sin desvelos, ya con los antojos satisfechos. Hete ahí a gran parte de los llamados "representantes del pueblo".

Pero claro, detrás de esa triste realidad hay algo inexpugnable: fueron votados por la sociedad. El refrán popular nos aconsejaría en consecuencia, ir "a llorar a la Iglesia".

Quienes apuntan al 10 de diciembre como jornada redentora de un Congreso que ha dejado de ser lo que debiera ser, no tienen en cuenta que hasta el 1° de marzo no habrá legisladores sancionando. Hasta entonces, los meses pueden pasar como un soplido de viento o pueden convertirse en eternos sobresaltos. ¿De qué depende? Cómo todo hasta la fecha, de la voluntad del Supremo y su pericia para renacer de las cenizas.

Desde luego que quienes estrenen bancas intentarán evitar ser funcionales al proyecto 2011 del ex presidente, pero lo triste y lamentable es que no lo harán por el respeto a sus votantes sino, en todo caso, por sus ambiciones personales. ¿Cómo explicar de otra manera que mientras el país se encuentra en un grado de crispación inexpugnable, muchos de los legisladores electos estén inmersos en la proyección de sus cargos más que hurgando la forma o el método para poner límites a tanto descontrol y atropello?

Aquello que desvela al pueblo no coincide con los pesados sueños de quienes se supone son sus delegados. La gente brega por seguridad, paz, trabajo, salud, educación y justicia... Los dirigentes políticos, sin embargo, están preocupados discerniendo si el PJ quedará en manos de Eduardo Duhalde, si Néstor Kirchner conseguirá el aval de los intendentes, si Francisco de Narváez emigrará hacia la tropa de Julio César Cobos, o si Felipe Solá permanecerá en las huestes de Mauricio Macri, entre otras posibilidades factibles o remotas. Esto explica que así como más de un 72% de los argentinos desdeña al actual gobierno, un 60% del mismo desapruebe a la llamada "oposición". Esta orfandad de la sociedad es peligrosa en extremo. Nunca se sabe hacia adónde se ha de virar.

En la medida que este divorcio entre representantes y representados se perpetúe en el escenario los choques serán inevitables. La conflictividad así, no encuentra autoridad ni alternativa capaz de resolverla. El caso Kraft no es un hecho aislado, es consecuencia de este desentendimiento, de la falta de gestión y de la alimentación que se ha hecho desde el Ejecutivo de sectores marginales que hallan en la violencia el arma perfecta para su consagración.

Mientras esto sucede, Néstor Kirchner sigue avanzando con miras a cercenar también la libertad de los sindicatos (a un costo que será por demás alto), de las entidades financieras, del sistema electoral y hasta de las voluntades -bastante endebles- de ciertos bloques que en unos meses estrenarán fueros bajo el indescifrable velo de la izquierda, que oscila entre la pertenencia y la rebelión. Si encima los representantes del pueblo siguen atendiendo su propio juego, el desenlace se vislumbra triste e indefectiblemente violento.

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