EL LEGADO

EL LEGADO

Por Ricardo Saldaña (*)
"Cuando el bienestar y el futuro político se perciben hipotecados a negras incertidumbres, es preciso empezar a desmontar el legado de cenizas".

WILLIAM GREENE
La providencia fue extremadamente pródiga con Néstor Kirchner. Eduardo Duhalde le entregó el gobierno con la economía creciendo al 7,2 % anual, el empleo mejorando al 4,9 % anual, y la pobreza cayendo al 5,3 % anual. La inflación anualizada alcanzaba al 6,8 %, la recaudación crecía al 35 % anual, y las exportaciones escalaban al 13 % anual. Los términos de intercambio, en tanto, augurando un desarrollo positivo, se ubicaban en lo que sería su piso durante el reinado K, 10 % inferior a la media del período y 25 % por debajo del pico. Esos números conformaron un estado de gracia inicial del que no disfrutó ninguno de los gobiernos del ciclo democrático iniciado en 1983. Como se vé, nada parecido a un infierno, construcción simbólica del catecismo oficial, interesadamente funcional al imaginario mesiánico que encarna la dinastía encaramada en el poder.



Seis años después, la bacanal del gasto público ha comenzado a presentar las primeras facturas, potenciando el extendido catálogo de letales extravagancias que conforman la "nestoronomics", anticipando una herencia con formato de campo minado, con fecha aún incierta de ejecución. Repasemos el legado que ha de dejar el modelo confiscatorio centralista de matriz parasitaria.



A lo largo de los 44 años que van de 1961 a 2005, el gasto público alcanzó un nivel promedio del 23,8 % del PBI. Esa relación alcanza hoy al valor record del 31,5 %. El insobornable rigor de la historia nos hace saber que, cada vez que el gasto perforó el techo del 25 % del PBI, hecho que ocurrió solamente en cuatro oportunidades a lo largo de ese período -1974, 1980, 1987 y 2001-, se disparó una megacrisis que detonó dentro de los 24 meses posteriores. (Rodrigazo, Cavallazo, Hiper y Default, respectivamente). Dada la imposibilidad fáctica de reducir el nivel nominal de gasto[1] en cada uno de esos episodios, la necesidad de abordar un volumen de gasto insostenible, terminó fatalmente en la ordalía de una devaluación salvaje. Así, las evidencias de nuestra historia reciente demuestran, que los picos de gasto público sólo pudieron solventarse con devastadoras devaluaciones.



Entiéndase bien, no se afirma que ese escenario sea inevitable; sólo que el rumbo actual conduce, inexorablemente, a una crisis fiscal de proporciones. No se ignora, por otra parte, que Argentina, gracias a la protección de nuestra santa madre soja, parece haber mitigado los atávicos estrangulamientos del sector externo, que potenciaban las crisis fiscales comentadas, y que se manifestaban como una crónica inconsistencia entre el tipo de cambio real que equilibraba el sector externo, y el salario real que equilibraba el mercado de trabajo.



La dinámica fiscal en curso es depredatoria. A pesar de una presión fiscal sin precedentes, que supera el 31 % del PBI, el ogro se mantiene insaciable. En seis meses dio cuenta del superávit primario y va en camino de arrasar con los recursos extraordinarios de la ANSES. En cualquier país normal, un gobierno estaría en problemas para justificar la coexistencia de cuantiosos recursos fiscales, con la inocultable iniquidad social que muestra la realidad cotidiana. Pero en Olivos pueden seguir durmiendo tranquilos. La sociedad parece anestesiada, mientras un poder legislativo que nos avergüenza, se somete a los caprichos del poder dinástico.



Por cierto que aún hay margen para la corrección. La brecha de financiamiento es perfectamente abordable frente a las opciones disponibles en el sistema financiero internacional y los organismos multilaterales de crédito, con la sola condición de dejar de actuar como barrabravas frente al mundo, no falsificar las estadísticas oficiales, y adoptar un comportamiento normal y previsible, como el que exhiben nuestros vecinos. No parecen demandas gravosas. La mala noticia es que los instrumentos ortodoxos no forman parte de la caja de herramientas que usa Néstor. Es más probable que antes de la solución final, asistamos a ensayos estabilizadores de baja intensidad, con dosis crecientes de contabilidad creativa, emisión controlada, o intentos de forzar los límites del financiamiento del Banco Central, medidas poco virtuosas, en la línea de lo que podríamos encuadrar como un ochentismo tardío.



Mientras tanto, ajeno a estas tribulaciones, Amado Boudou, curiosa simbiosis de Ricardo Fort con Fidel Pintos, emprende una cruzada mediática, desparramando desmesuras acerca de la fantástica aventura de un oscuro ministro de un "país emergente de frontera"[2], bajando línea al Director Gerente del FMI, y a los representantes de los países del G20; actividad que alterna con la lectura obediente de comunicados de sanciones a Papel Prensa, que le dicta su "subordinado" (?) Guillermo Moreno.



Otra espoleta que queda activada para el futuro inquilino de Balcarce 50, es una inflación resiliente, que al cabo de tres años parece haber encontrado un piso del 15 % anual. Esta otra ratonera, mantiene una vinculación de doble vía con el desborde del gasto público. En un sentido, es tributaria de una política fiscal compulsivamente expansiva. Por el otro, resulta funcional a la necesidad de financiamiento suplementario, viabilizando el recurso adicional del impuesto inflacionario. Para tener una idea de su relevancia, puede estimarse que entre Marzo 2008 y el mismo mes del corriente año, el aporte del impuesto inflacionario se calcula en u$s 4.800 millones, equivalentes a un 2% del PBI, generados por la valorización de las reservas del BCRA, a raíz de la devaluación producida durante ese período. Para medir la perversidad implícita en este tributo, basta tener en cuenta que cada punto de inflación produce 150.000 nuevos pobres. Téngase en cuenta, por añadidura, que en un marco de creciente cuestionamiento a la representatividad de la estructura sindical, precondición para atizar la conflictividad de la puja distributiva, la amenaza de una espiralización del proceso inflacionario, está a la vuelta de la esquina.



El codicilo se completa con un auténtico galimatías, que vincula el disparatado esquema de subsidios a las tarifas de los servicios públicos, cuyo costo fiscal alcanza al 3,5 % del PBI, con una política energética que cuesta no calificar como criminal. Introducir racionalidad en la política tarifaria, demandará asumir la impopularidad de blanquear la inconsistencia del esquema vigente, e imponer un sendero de ajuste de tarifas. La magnitud del atraso se estima en un 60 % en el precio de los combustibles, 100% en la tarifa eléctrica y 400% en la de gas. A todas luces, será inevitable su impacto en el nivel general de precios, cualquiera sea la gradualidad que se imponga al proceso.



La hipoteca energética, entre tanto, deriva de una estrategia suicida de desestímulo a la inversión en el sector, que le ha de demandar al país en los próximos años, agregar a los u$s 2.500 M de inversión anual, necesarios para sostener un crecimiento moderado, el esfuerzo de recomponer una reserva de recursos energéticos consumidos, por un valor equivalente al 50 % del PBI.



[1] Recuérdense los intentos fallidos que se llevaron puestos a los tres Ministros de Economía del gobierno de la Alianza.

[2] Argentina es considerado como "mercado de frontera", junto a Ecuador, Jamaica, Ucrania, Nigeria, Vietnam, Chipre y Estonia, habiendo perdido la categoría de "país emergente".