NENE DE SCIOLI

BUENOS AIRES: Padre e hijo: los negocios con ABSA y una incompatibilidad manifiesta El ministro de Trabajo estaría estrechamente vinculado con empresas del sindicato Sosba, que reúne a personal tercerizado y controla el servicio que presta ABSA. El escándalo por facturas truchas que pronto será ventilado en juicio oral. http://www.diariohoy.net/accion-verNota-id-176636 El ministro de Trabajo, Oscar “Cacho” Cuartango, tiene una relación profesional muy estrecha con su hijo, Gonzalo, que también es abogado laboralista y quedó a cargo del estudio familiar cuando “Cacho” asumió como ministro de Trabajo, en 2007. Gonzalo está a cargo del estudio jurídico familiar y suele acompañar a su padre en varias actividades de gestión, pese a que no ocupa ningún cargo en la cartera. Pero lo que llama mucho la atención es que Cuartango hijo se dedica a defender entidades sindicales que, a su vez, muchas veces terminan dirimiendo sus conflictos en la cartera laboral. Es decir, la familia termina siendo juez y parte. Pasado oscuro: Los Cuartango, además, también arrastran un pasado oscuro. Ambos mantienen estrechos vínculos con el Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires (Sosba), y tuvieron una activa participación en la creación de las firmas 5 de Septiembre (cuyo titular es el actual secretario general del Sosba, Julio Castro) y Gral Saneamiento (el sindicato de Obras Sanitarias es el dueño del 90% de sus acciones). Las firmas 5 de Septiembre y Gral actualmente manejan casi todos los negocios de la empresa ABSA, y fueron conformadas a fines de los años ‘90 por dirigentes y empleados del sindicato Sosba, en momentos en que el servicio de agua era prestado por la privatizada Azurix, empresa que se fue de la Provincia en el año 2001 en medio de un escándalo. Actualmente, la firma Gral Saneamiento, cuyo titular es el abogado Marcelo Salinas, esposo de la vedette María Eugenia Ritó, forma parte de un consorcio que busca realizar una obra millonaria, como es la construcción de la planta potabilizadora de agua. Los otros integrantes del consorcio son la empresa estatal de aguas de Israel, Mekorot, y la firma Ashtrom BV (hispano israelí). Se trata de una obra que se hará con el polémico sistema de iniciativa privada, que permite esquivar los controles propios de los llamados a licitación. Historia de tercerizaciones Tras la partida de Azurix en el año 2001, se conformó ABSA, con mayoría de participación estatal y un 10% de acciones en manos de Sosba, pero manteniendo como tercerizadas tanto a la firma 5 de Septiembre como a Gral Saneamiento, en un esquema muy similar al que adoptaron otros gremios, como el sindicato Unión Ferroviaria. Concretamente, con los trabajadores despedidos a causa de las privatizaciones, se conformaron cooperativas con empleados que pasaron a desempeñarse en negro, con contratos basura y en condiciones laborales por demás precarias. Desde 2002 al presente, la firma 5 de Septiembre presta “asistencia técnica en la gestión operativa” de Absa -en los hechos es la gerenciadora de la empresa de agua-, mientras que Gral tiene contratos para la reparación de averías en la vía pública y para nuevas conexiones. Hasta el año 2001 inclusive, el titular de Gral Saneamiento era nada menos Oscar Cuartango, paradójicamente el encargado ahora de combatir el empleo en negro en territorio provincial. Además, el ministro formó parte de la Fundación de Estudios Sanitaristas y Ambientales, ligada al Sosba y accionista de Gral. A su vez, el hijo del ministro habría integrado Agualar, otra empresa tercerizada que fue disuelta en el año 2001. Esta firma estaba vinculada con Gral Saneamiento y con la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias. Por estos días, la Justicia platense, tras una pormenorizada investigación que involucró a las empresas del Sindicato de Obras Sanitarias, está elevando a juicio a exfuncionarios de Absa. Están acusados de haber cometido fraude mediante presunto “ardid o engaño”, consistente en la creación de un falso vínculo contractual de “proveedor” o “asesor” (ver aparte). ESTAFAS en Aguas BonaerenseEstafa s: cada vez más cerca del juicio. El Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata quedó integrado por los jueces Samuel Arturo Saraví Paz, Guillermo Labombarda y Diego Tatarsky para dar comienzo al juicio por un presunto fraude millonario con el cobro de facturas, en concepto de honorarios por estudios y asesoramientos varios, que resultaron ser de un pizzero, en una maniobra en la que están procesados y estarán sentados en el banquillo de los acusados dos exfuncionarios y un contador público. La semana pasada ofreció prueba la fiscal de juicio Victoria Huergo, y rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por la defensa de dos de los acusados. El tribunal validó la postura del Ministerio Público. La causa fue instruida por el fiscal de Delitos Complejos Esteban Lombardo, quien acreditó que entre 2005 y 2007 los exfuncionarios, todos de la empresa Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) y al menos uno de ellos ligado a la firma 5 de Septiembre, en connivencia con un contador público, “habrían cometido fraude mediante el ardid o engaño consistente en la creación de un falso vínculo contractual de proveedor o asesor, a nombre de un hombre que en realidad se dedicaba al rubro gastronómico, en la especialidad pizzería”. Lombardo determinó que ese comerciante, Carlos Lucci, figuró en diversas facturas, por un total de 235.000 pesos, como un asesor que prestó servicios de “control y estudios” a ABSA en la Región II. El gastronómico fue llamado a declarar y aclaró que nunca prestó servicios para ABSA y desconoció las facturas puestas bajo la lupa judicial, pero relató que su contador era Miguel Angel Roldán (56), el mismo que trabaja para la citada prestataria del servicio de agua y uno de los imputados en esta causa, explicaron los voceros consultados. La fiscalía sospecha de que el contador que operaba en ABSA supuestamente se quedó con un talonario de facturas de su cliente Lucci, para usarlas en el fraude que se investiga. También se indicó que el contador del pizzero, como prestaba servicios en ABSA, habría usado las facturas del gastronómico para concretar el fraude, con la complicidad de otros funcionarios que habrían permitido que se liquidaran indebidamente sumas de dinero. Los imputados con este accionar habrían logrado “no sólo el cambio del destino de los caudales públicos, sino la sustracción de los mismos en beneficio propio y de terceros, con claro perjuicio a los intereses de la empresa y por ende a las arcas de la Provincia”. En la causa “existen motivos para sospechar de que los autores penalmente responsables” que deben ser sometidos a juicio son Julio Oscar Martínez (56), en ese momento integrante del directorio de ABSA, designado en representación de la firma 5 de Septiembre; Jorge Raúl Santellán (58), exempleado gerente de la Región II; y Roldán, dictaminó el fiscal Lombardo. Además afirmaron que la investigación se inició cuando la fiscalía descubrió en otro expediente judicial que el contador Roldán -imputado en esa causa- tenía una gran cantidad de facturas cobradas, junto a Santellán, abonadas con cheques de ABSA, depositados en sus cuentas personales y todos endosados a nombre del pizzero Lucci. Ese otro expediente judicial es por una presunta estafa cometida por escribanos, junto a Francisco Renga. Este último cuenta con varios cargos en su contra y fue indagado por otros ilícitos de este tipo con la adquisición de inmuebles, en una causa en la que está también imputado el exjuez federal platense Ricardo Ferrer. Renga será parte de este juicio junto a otros imputados por delitos de estafas. Esta persona se encuentra detenida bajo prisión preventiva. Una de las maniobras imputadas con inmuebles está relacionada con un fraude dominial vinculado a una casa de antigüedades cercana al Teatro Argentino. Los delitos imputados son uso de documento público falso, fraude en perjuicio de la administración pública y administración fraudulenta. Salto a la política hídrica oficial: En los últimos años, varios dirigentes ligados directa o indirectamente con las firmas Gral Saneamiento y 5 de Septiembre terminaron desembarcando en organismos que administran la política hídrica oficial, como los directorios de la Autoridad del Agua, la Dirección provincial de Servicios Públicos de Agua y Cloacas, la Subsecretaría de Obras Públicas, el Servicio Provincial de Agua y Saneamiento Rural y la propia ABSA, entre otros. Por todo ello, en el año 2008 el entonces senador provincial Luis Malagamba (GEN) presentó un proyecto para que la empresa ABSA divulgara la Memoria y el Balance, el modo de contratación a terceras empresas, el rol que cumple la Fundación Obras Sanitarias (que en su momento integró Cuartango) y el plan de obras previsto a partir de la exención al impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se sospecha que, en realidad, las obras siguen siendo financiadas íntegramente con recursos del Estado bonaerense, razón por la cual perdería sentido el escandaloso beneficio impositivo que gozarían las firmas 5 de Septiembre SA y Gral Saneamiento SA, que tendrían el privilegio de no pagar Ingresos Brutos desde hace cuatro años. El pedido de Malagamba, claro está, terminó durmiendo el sueño de los justos en uno de los cajones de la Legislatura. ______________________