CHORRO DE SANTA CRUZ

Fondos de Santa Cruz: Hay muchos culpables de su desaparición

Las declaraciones del ministro de Economía de Santa Cruz, sobre la triste suerte corrida por los más de 500 millones de dólares de esa provincia “desparecidos” hace 17 años (en realidad son más de 1.200 millones), han puesto nuevamente sobre el tapete uno de los mayores actos de corrupción y de los más graves escándalos políticos y jurídicos de nuestra historia bicentenaria.

Que un gobernador, luego presidente de la Nación, diputado nacional , presidente del partido mayoritario, esposo de la presidente y, finalmente, candidato a presidente para 2011, se haya apropiado durante más de una década de una inmensa fortuna perteneciente a sus gobernados, y la haya depositado subrepticiamente en una cuenta particular en el extranjero para apoderarse en forma ilícita de sus cuantiosos intereses, es ya un hecho de extrema gravedad.

Mucho más grave es que tal atropello grotesco haya quedado impune por la inconducta, unas veces jurídica y otras política, de los funcionarios que debieron impedirlo y que, muy sugestivamente, sólo actuaron para encubrirlo.

Los firmantes del presente comunicado denunciamos en mayo de 2004 esta larga lista de delitos cometidos por el entonces primer magistrado del país, y aportamos numerosas pruebas que demostraban fehacientemente la desaparición delictiva de los fondos santacruceños. La denuncia quedó radicada en el Juzgado Penal Federal a cargo interinamente del Dr. Jorge Urso, quien, debemos reconocerlo, tuvo una digna actuación al requerir de la Justicia suiza el envío de los datos correspondientes a los titulares y a los movimientos de las cuentas bancarios donde estaban depositados a interés los dólares de Santa Cruz.

Cuando la información de Suiza estaba a punto de llegar a nuestro país, el Poder Ejecutivo se apresuró a designar, como titular del Juzgado donde tramitaba nuestra denuncia, al Dr, Guillermo Montenegro , actual ministro de Seguridad de la Ciudad A. de Buenos Aires. El Dr. Montenegro cometió un segundo apresuramiento: sin investigar demasiado, decidió que la causa pertenecía al fuero provincial de Santa Cruz, y no al Federal. Si dicho magistrado hubiera esperado la respuesta suiza, quizás nos habríamos enterado que el entonces presidente de la Nación, o alguien de su íntimo entorno, era el titular de dichas cuentas bancarias y quien daba indicaciones sobre el destino de los intereses que se iban devengando, y eso habría obligado a mantener la causa en la Justicia Federal. Pero , insistimos, el Dr. Guillermo Montenegro se apresuró a remitirla a Río Gallegos, sabiendo que en esa ciudad sólo hay dos juzgados penales, uno de los cuales permanecía y aún permanece vacante desde hace muchos años. De ese modo, ambos juzgados estaban a cargo del mismo juez, Santiago Lozada , un sobrino político del Dr. Kirchner.

Como se sabe, el juez Lozada cometió el tercer sugestivo apresuramiento: sin realizar investigación alguna, sobreseyó y archivó la causa, aduciendo que no había ningún delito a investigar… y de esa forma cubrió a su tío político y presidente de la Nación con un ominoso manto de impunidad. El fiscal, cuya obligación ineludible era apelar un fallo tan insólito, guardó silencio haciéndose cómplice del atropello.

Ante tantas y tan bochornosas inconductas, solicitamos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que interviniera excepcionalmente en la causa, ya que el escándalo político, jurídico y moral era de enorme trascendencia y severamente dañino para la salud de la República.

La Corte, dicho sea esto con el debido respeto, se escudó en una cuestión meramente procesal o formal y, sin fundamentos de ningún tipo, emitió un fallo de cinco renglones en el que dictaminó que no era asunto de su competencia.

Agotada la vía judicial, recurrimos a la Oficina Anti-Corrupción, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y a la ONG Poder Ciudadano , en búsqueda de apoyo para nuestra denuncia, y sólo obtuvimos silencio y evasivas.

Para cerrar la lista de responsables, es necesario señalar que los funcionarios cuya obligación legal era denunciar este trascendente delito no lo hicieron nunca. El ex vicegobernador de Kirchner, Eduardo Arnold, los ex gobernadores Acevedo y Sancho, el actual Daniel Peralta, y aún el ministro de Economía Diego Robles, guardaron silencio hasta hace dos días, cuando el daño ya era irreversible.

Si uno solo de los magistrados y funcionarios citados hubiera actuado como realmente correspondía, abriendo un cauce procesal a nuestra denuncia, los santacruceños no estarían hoy lamentando la insólita desaparición de sus más de 1.200 millones de dólares, y los argentinos todos no estaríamos avergonzados ante tanta corrupción y tanta impunidad.

Buenos Aires, 29 de mayo de 2010.

Firmado: Adrián Salbuchi y Enrique Romero , denunciantes; Juan Gabriel Labaké, abogado patrocinante.