EL SILENCIO DE TILINGA

Entre la represión y las pérdidas, Cristina deberá silenciar a los muertos

Si los fracasos electorales de los candidatos de la Casa Rosada en Capital Federal y Santa Fe ahogan las intenciones políticas de la Presidente Cristina Fernández de lograr su reelección, la represión y los muertos en la provincia que gobierna su aliado Walter Barrionuevo durante su gestión nacional, puede terminar de quebrar las ilusiones. Por eso, Cristina calla y su mandatario ordena el silencio total. Pero en Jujuy las muertes hablan por sí solas.

El Gobierno de Cristina Fernández se llamó al silencio frente a los hechos de violencia ocurridos en la provincia de Jujuy en donde, entre decenas de heridos, 4 personas resultaron muertas, en medio de un operativo policial brutal.

Frente a la falta de reacción del Gobierno nacional, el mandatario provincial aliado Walter Barrionuevo ordenó silencio total. La única respuesta que podía ofrecer rápidamente a la Presidente, quien visitaba Perú mientras morían los jujeños.

Represión y sangre. Una inevitable combinación que tiñe el oscuro luto de Cristina tras las pérdidas electorales en la Capital Federal y en Santa Fe, el default kirchnerista en Córdoba, el fracaso del operativo ADN con los hermanos Noble Herrera, las derivaciones del escándalo Madres-Schoklender, el papelón del proyecto "ascenso para todos" para terminar de estatizar el fútbol, el autocrítico debate de los intelectuales K, las acusaciones del ex jefe de Gabinete Alberto Fernández de emular a George Orwell y al Ministerio de la Verdad que, en su obra 1984, se ocupaba de manipular o destruir documentos históricos para imponer un relato único conveniente al poder, entre otros.

¿Era posible "ennegrecer" ese panorama? Tal vez. Pero se tiñó de rojo, y fue peor. El violento operativo policial para desalojar un predio del Ingenio Ledesma, Jujuy, dejó 4 muertos y una treintena de heridos, en una provincia comandada por unos de los hombres que suele sentarse en la primera fila en los actos que la Presidente encabeza en la Casa de Gobierno.

En efecto, anteayer la acompañó en la inauguración de un penal en Salta. El desconcierto era tal que Cristina ordenó hermetismo absoluto a todos sus ministros. Sólo la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, a cargo de Eduardo Luis Duhalde, emitió un comunicado escueto. En su texto, se procuró a las claras despegar a la Rosada de la tragedia y no mencionó al gobierno de Jujuy ni a Barrionuevo. Tampoco se hizo mención a la Policía de Jujuy, que actuó en el desalojo de decenas de familias de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

El texto se limitó a expresar la "honda preocupación por los hechos ocurridos" cuando "efectivos policiales intentaban desalojar un predio cercano al Ingenio Ledesma".

"Los que estuvieron en contacto con el operativo fueron Garré y Aníbal Fernández. Pero salió muy mal todo esto", confió un allegado al entorno presidencial a un matutino porteño. Se refería a la intervención que supuestamente tuvieron en el extenso conflicto la ministra de Seguridad, Nilda Garré, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.

Al margen de la secretaría de Duhalde, ningún ministro ni funcionario se refirió al asunto. Y en efecto, teniendo en cuenta la extrema dureza oficial con los hechos de represión policial, especialmente cuando parten de gobiernos de signo opositor, el comunicado de Derechos Humanos resultó extremadamente cuidadoso con Barrionuevo.

El texto de la Secretaría de Derechos Humanos relató además, sin demasiados juicios de valor, lo que toda la prensa dio a conocer, esto es, que "un enfrentamiento sucedido cuando efectivos policiales intentaban desalojar un predio cercano al Ingenio Ledesma arrojó el luctuoso saldo de tres muertos y un alto número de heridos".

En una tenue referencia teórica, subrayó que la secretaría "reitera su convencimiento de que las únicas herramientas útiles para la solución de la problemática social parten del diálogo y no de la represión". Pero sí se encargo de recordar que desde 2003 "el Gobierno ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo".

Sin embargo, la bronca llegó la boca de la oposición, con duros cuestionamientos. Por un lado, cuestionó la actitud del Gobierno nacional y, por el otro, la del Gobierno provincial.

Desde el GEN de Margarita Stolbizer afirmaron que "ante la falta de soluciones a las demandas sociales por parte del gobierno nacional y provincial, mientras se reproducen las desigualdades, nos encontramos con la represión de la protesta como única respuesta estatal".

En un comunicado, rechazaron el "brutal operativo" de desalojo "desplegado por la policía jujeña" y exigieron "la urgente liberación de los manifestantes detenidos, y el inmediato esclarecimiento de los hechos y determinación de las responsabilidades pertinentes".

Por último destacaron "la responsabilidad del gobierno de Jujuy ante la impunidad con la que las fuerzas policiales y las topadoras de la empresa Ledesma avanzaron contra los manifestantes".

En candidato presidencial Eduardo Duhalde, afirmó que "lo que sucedió en Jujuy es una demostración más de lo que representan los derechos humanos para este gobierno", y agregó que "es lamentable, una vergüenza. Hace un par de meses pasó lo mismo en Formosa (con la comunidad Qom)".

Desde la UCR, el senador Ernesto Sanz dijo que en el Gobierno nacional "conviven" el "crecimiento con la represión" y afirmó que los hechos de violencia "se repiten en las provincias gobernadas desde el 83 por el Partido Justicialista".

"Ayer en Formosa con los Qom (la comunidad de La Primavera), hoy en Jujuy. Argentina ha sufrido conflictos sociales con economías devastadas", manifestó y apuntó contra el Gobierno nacional al señalar que "durante la era kirchnerista conviven el crecimiento con la represión. ¿Nunca Menos?".

Finalmente, el titular de Proyecto Sur, Fernando 'Pino' Solanas expresó que "lo que sucedió en Jujuy es una vergüenza, una barbaridad que demuestra de qué manera el kirchnerismo resuelve los problemas de la gente. Como sucedió con los Qom en Formosa, acá se volvió aplicar la ley del garrotazo y los balazos para reprimir los reclamos de las familias a las que el Gobierno no les resuelve sus genuinas demandas".

En un clima preelectoral y con las elecciones primarias acercándose, el conflicto no podría escapar a las quejas opositoras. Pero tampoco deberían
omitirse por los candidatos oficialistas que están a cargo del poder en la Argentina.