MANO PROPIA

INSEGURIDAD: “JUSTICIA POR MANO PROPIA”

Por el Dr. Jorge B. Lobo Aragón

En las sociedades primitivas los hombres se hacían justicia por sí mismos. Las sanciones que se imponían eran ilimitadas y no guardaban ninguna proporción con el daño causado. Después hubo un progreso. Vino la famosa Ley del Talión, con la célebre fórmula del “ojo por ojo y diente por diente”.



Pese a lo bárbara que hoy nos parece, ella (la Ley del Talión) representó un gran avance en comparación con la represalia ilimitada anterior, porque estableció, al menos, una proporcionalidad entre el daño inferido y la respuesta de la víctima. Fue, de alguna manera, una limitación en el ejercicio de la justicia por mano propia. Más tarde nadie pudo hacerse justicia por sí mismo. Debió acudir al juez a que la hiciera.

El viejo precepto del Derecho Romano de que nadie debe ser juez de su propia causa es una ardua conquista de la humanidad en el tiempo, es una esencial conquista del Derecho.

El Juez es el que posee la autoridad para instruir, tramitar, juzgar, sentenciar y ejecutar el fallo en una causa, jamás la parte ofendida puede arrogarse el derecho de ser juez en su propia causa porque nunca podría ser objetiva ni imparcial.

Ser juez es tener la prudencia de lo justo, es tener la virtud moral y el criterio ético suficiente para discernir lo justo de lo injusto; es contar con criterios objetivos para aplicarlos a situaciones concretas. El acto y sus consecuencias deben imputarse al actor, quien debe responder por ello. Para la justicia, todos los hombres tienen derechos iguales en tanto son seres humanos. Sin embargo, “para algunos” no todos los hombres son iguales.

La inteligencia humana debe ser capaz de discernir entre lo justo y lo injusto de manera objetiva, con independencia de las influencias del poder público o de cualquier otra prepotencia. Negar esta capacidad es negar el derecho como ciencia, es negar la posibilidad de la convivencia racional y armónica, es afirmar el predominio del más fuerte.

¿Qué tipo de hombre o civilización es la proclama una venganza primitiva con derramamiento de sangre inocente o no? El viejo principio de la ley del más fuerte.

Bajo esta forma casi brutal, el orden de lo público se controla con gatillos fáciles en manos privadas. Representan una sesgada formalización semilegal y hasta ilegal que forja así una cultura de la mano propia.

La infracultura del gatillo fácil constituye el elogio de delitos que ofician de justificación moral y revancha social. El reclamo del gatillo fácil es como un culto al castigo justiciero, justificado, racionalizado, más allá de toda convicción legal, ciudadana, religiosa o moral. Se trata, sin más, de la exaltación de facto de esa misma cultura de la mano propia. Es el reemplazo y la sustitución de la potestad del poder de fuego del Estado en beneficio de la militarización o policialización de toda expresión de vida ciudadana.

La justicia por mano propia presupone la denegación de defensa, el retorno del poder de muerte a manos de la sociedad civil sectorizada en clases. Si la mano de la policía deviene fácil y recesiva, entonces una mano propia debe autorizar de facto el poder de fuego ciudadano. Se quiere a la justicia por mano propia como una restitución al ciudadano victimizado del poder de fuego estatal. Esta trágica retroacción constituye la diversificación del monopolio en gatillos sectorizados. La ciudadanía armada parece renunciar a lo que la constituye como tal; retornar del estado de derecho al estado de naturaleza.

La privatización de la seguridad, el armamentismo ciudadano y el recrudecimiento del delito con visos de justicia, supone una vuelta al discurso de predominio de la ley del más apto en cuanto a las propias manos y un regreso de la ley de la selva.

Lamentablemente no estamos lejos. En nuestro País cunde el pánico y una realidad de inseguridad.

En Tucumán todavía existe un pacto de silencio frente a la impunidad, ayer todos los medios de prensa resaltaron el asesinato de una mujer a sangre fría frente a los ojos azorados de un taxista que no quiere salir de su casa.

Los ciudadanos, participamos de la angustia general difundida en la sociedad a la que pertenecemos y tenemos derecho a manifestar esa angustia y adherirnos al clamor público. Tenemos la obligación de pedir que el Estado, la Justicia, La Legislatura, procuren los medios adecuados para que las mafias, el crimen ejecutado por organizaciones tenebrosas, la delincuencia armada de estructura tácticas que apelan a la corrupción como uno de sus implementos más eficaces, sean combatido de la mejor forma posible, por una sociedad, que no se resigne a la impunidad como si se tratase de una fuerza de la naturaleza. No basta decir debemos actuar. ¡Actuemos!.

Dos fundamentales elementos en esta lucha, la Justicia y la Policía, corresponden al ámbito provincial, y a los Legisladores, le corresponde procurar brindarle condiciones para su desempeña más satisfactorio y eficaz.