A FISCALIZAR !! SON LADRONES

Necesitaremos muchos fiscales


Al realizarse simultáneamente las primarias nacionales y las bonaerenses el 14 de agosto, el Juez Federal de La Plata Manuel Blanco tiene a su cargo entonces el control de ambas. Ayer, el magistrado sorprendió a la dirigencia política al resolver que la Justicia provincial no tendrá la responsabilidad de distribuir las boletas para “la apertura de las urnas” y “la reposición” en las elecciones primarias.

Según aclara la resolución, el “juzgado no tomará a su cargo la distribución de boletas de sufragio, resultando la provisión de las mismas a las mesas electorales, y su reposición, exclusiva responsabilidad de las agrupaciones políticas a través de sus respectivos fiscales”.

Aunque la información periodística no lo aclara, semejante decisión se fundamentaría en que, debido a la enorme cantidad de listas que compiten en cada agrupación política -sobre todo para concejales e intendentes- la multiplicación de boletas complica sensiblemente su distribución. Blanco pudo resolver así -y unos cuantos partidos ya están recurriendo su decisión- porque la ley 26.571 de reforma política y el Código Electoral Nacional difieren en el punto de las boletas. Este último, en su artículo 66, inciso 5, establece la obligación de la Junta Nacional Electoral de remitir a las mesas las boletas entregadas por los partidos políticos. En cambio, la ley 26.571, un engendro jurídico difícil de entender, nada dice sobre la distribución de boletas, lo que le permite al juez que controla el 40% del padrón nacional decirles a los partidos que organicen su delivery electoral como puedan, si es que pueden. Blanco lidera en la Justicia Federal una cerrada oposición al nuevo régimen de primarias. El 28 de noviembre del año pasado no se anduvo con medias tintas y aseguró que las primarias son impracticables. Su cálculo su simple: las primarias se realizarán el 14 de agosto y el 3 de septiembre vencerá el plazo para que los partidos presenten sus candidatos para su oficialización para las elecciones generales, por efectuarse el 23 de octubre. La Justicia tendrá apenas 18 días para realizar el escrutinio. Y la determinación del cumplimiento del piso del 1,5% de votos válidos emitidos que exige la ley para poder participar en la elección general podría quedar paralizada si uno o varios escrutinios entran en crisis o se judicializan, con las correspondientes impugnaciones y apelaciones que podrían llegar hasta la Corte Suprema. Más de un funcionario de la Justicia está convencido de que la advertencia de Blanco puede ser profética y que existen riesgos de que las primarias terminen en un escándalo mayúsculo, si el calendario electoral entra en crisis.