SUMERGIDOS EN LA CONFUSIÓN (A.Olmedo Zumaran)

La incertidumbre y confusión en que vivimos millones de argentinos es alarmante. Por más que nos atosiguen con cifras que muestran que la Argentina crece más que cualquier otra República, (calificación de la que nos estamos alejando) la realidad es otra. La inseguridad creciente que enfrentamos, junto al incontrolable aumento de precios son quizás los temas más graves que pueden hacer pasar al gobierno de un ficticio éxito a la decadencia, incluso aún antes de comenzar su segundo mandato. Elección en la cual se da por sentado el triunfo del oficialismo. Deliberadamente se ha inducido a la confusión a gran parte de la ciudadanía. Si tomamos como ejemplo el lícito derecho a manifestarse, éste ha sido convertido en una flagrante extorsión para conseguir lo que se quiere. Se ha instalado la idea en casi todo el territorio de la Nación Argentina que el derecho de protesta y el de peticionar a las autoridades permite incendiar comisarías, cortar rutas nacionales o destruir edificios públicos, hasta el de una legislatura. Estas acciones no califican dentro de los derechos legales de protestar o de peticionar a las autoridades, sino que son delitos tipificados en el Código Penal en el título VII "Delitos contra la seguridad pública" y en el capítulo VIII titulado "Delitos contra el orden público", delitos que asimismo violan derechos constitucionales como el de transitar libremente por el territorio nacional. El gobierno junto a comunicadores, activistas, políticos y oportunistas justifica estos delitos en el derecho a manifestarse y argumentando que quienes incurren en estos delitos han sido excluidos de la sociedad y la parte no excluida debe entender y apoyar estos desmanes. Según cifras oficiales, en el país hay 10 millones de pobres. Aunque últimamente las cifras oficiales carecen de seriedad, tomémoslas como si fuesen reales.
¿Cuántos son los que cortan rutas nacionales e impiden que todos los habitantes, que son muchos más que ellos no puedan circular por el territorio de la república con los daños que esto ocasiona a millones de pobladores?
Hay muchas respuestas pero daré las siguientes:
1) En la mayoría de los casos quienes organizan estos cortes son militantes y activistas que tienen objetivos políticos nada claros, a quienes reclamar por mejores salarios los convierte en figuras públicas.2) Millones de argentinos pobres y aún quienes están en una situación de indigencia, continúan trabajando y cumpliendo con su labor. Por supuesto que quieren y tienen que ganar mejores salarios, no obstante entienden que la manera no es reclamar con violencia transgrediendo la ley y el orden.
En estos días, luego de la tragedia ocurrida en Neuquén donde el maestro Carlos Fuentealba fue asesinado brutalmente por un mal policía se habló mucho de la represión. Periodistas que coinciden con el gobierno de turno junto con activistas se expresaban diciendo:"Nuevamente la brutal represión asesina, la represión no se puede aplicar porque es matar, reprimir es matar". Estas frases inducen a conductas equivocadas confundiendo al pueblo.Reprimir no es matar, según el diccionario es la "acción o efecto de reprimir o reprimirse" y reprimir significa:"Contener, refrenar, templar o moderar". Además, como palabra que figura en el articulado del Código Penal, reprimir no significa producir la muerte o matar, cuando este hecho desgraciado ocurre, no se trata de represión sino de un asesinato. Entonces debe quedar claro que reprimir es una acción contemplada por el derecho penal. Lo que la ley no permite al grupo encargado de despejar una ruta es torturar y matar, eso es ilegal. En la argentina se ha arribado a un estadio muy delicado al respecto, y para entender a lo que me refiero repasemos algunas declaraciones del presidente de la Corte Suprema de la Nación Dr. Ricardo Lorenzetti en un reportaje al diario La Nación, el día jueves 12/4/2007 quien ante la siguiente pregunta del periodista: ¿Si la protesta social se hace en la calle, con cortes de ruta, como ocurrió en Neuquén, ¿está mal que el poder político ordene que la policía intervenga, para contener a la gente? ¿No es el juez el encargado de ordenar que se despeje la ruta? Respondió: "Yo no voy a hablar del caso de Neuquén. No me corresponde. Hablo de la protesta y de los reclamos en general. Obviamente, si alguien hace una denuncia, la Justicia va a intervenir necesariamente y tomará medidas, pero esa no es la mejor respuesta, porque normalmente se termina aplicando el derecho penal y esa no es la mejor respuesta".¿Cómo no preocuparse ante esta respuesta? Salvo que exista un error de transcripción, estamos ante la confesión de que para el presidente del máximo tribunal de justicia de la Argentina el derecho penal no es la mejor respuesta para resolver las denuncias hechas a la justicia, por ciudadanos que consideran que sus derechos constitucionales han sido violados. ¿Cuál será entonces la mejor respuesta?Intuyo, como sostienen muchos, que la mejor solución es que el Estado elimine rápidamente la crisis social, la inseguridad y de paso que todos pasemos a ganar 9000 pesos mensuales. Bajo estas circunstancias no será necesario derecho penal, ni derecho comercial, ni derecho alguno, alcanzaremos ese mundo ideal que menciona Ricardo Montaner en una de sus canciones. Sin duda que la mejor respuesta sería esta, vivir en un mundo ideal, donde no haya pobreza, desigualdad e injusticia, donde por consiguiente resultaría un exceso tener policías, poder judicial, poder legislativo y hasta poder ejecutivo. Todos seríamos iguales y viviríamos felices. Pero eso es lo que se llama una linda utopía, de la cual, estamos muy lejos. Volviendo a la realidad, tenemos que vivir en democracia, bajo el sistema de la división de poderes mediante el cual cada poder controla a los restantes. Esa es otra utopía en la realidad argentina. La pobreza, la desigualdad y la injusticia existen. Son pocos los que ganan 9000 pesos mensuales. Es por eso que necesitamos de gobernantes, del Poder Judicial, del Congreso, de las instituciones y de un Estado que nos brinde seguridad, educación y salud. Asimismo es de esperar que quién tiene que legislar lo haga en favor de todos, quien tiene que aplicar la ley la aplique a quienes la violan, en defensa de los que la cumplen y por último quien debe ejecutar y designar las políticas de estado, lo haga, en lugar de aplicar parches o apósitos que ante las primeras gotas de sangre, sudor o lágrimas se despegan, dejando las heridas al descubierto y permitiendo que las enfermedades se vuelvan crónicas.

Alejandro Olmedo Zumarán.
olmedozumaran@hotmail.com