AL ENEMIGO, NI JUSTICIA

Río Negro - 23-May-10 - Opinión

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Editorial
Al enemigo, ni justicia

Mientras los militares estuvieron en el poder, a muchos les pareció insensato insistir en que los miembros de organizaciones terroristas tenían tanto derecho como el que más a ser juzgados conforme a las leyes vigentes. Parecería que lo único que ha cambiado desde aquellos años tétricos ha sido la identidad de quienes no merecen disfrutar de la protección que en teoría debería brindarles la ley, ya que los presuntos terroristas o sus cómplices se han visto reemplazados por personas vinculadas con la dictadura castrense. Será por este motivo que no ha generado mucha preocupación la detención de quien fuera el ministro de Economía del régimen, José Alfredo Martínez de Hoz, y su posterior traslado de una clínica a una cárcel común. Al fin y al cabo, puede decirse, se trata de un hombre nada popular que según sus muchos críticos arruinó una economía antes floreciente, depauperando a millones y desmantelando la industria nacional con consecuencias que todavía perduran, de suerte que sólo a los nostálgicos de la represión ilegal podría resultarles cuestionable la decisión del juez federal Norberto Oyarbide de llevarlo por la fuerza al penal de Ezeiza por su supuesto involucramiento en el secuestro, hace más de treinta años, del empresario Federico Gutheim y su hijo Miguel Ernesto.

¿Es así de sencillo? La verdad es que no. Como han procurado recordarnos familiares de Martínez de Hoz, en 1988 la Cámara Federal dictaminó que no tuvo nada que ver con los hechos denunciados, pero desgraciadamente para él, más tarde al presidente Carlos Menem se le ocurrió incluirlo en un indulto no solicitado que andando el tiempo sería declarado inconstitucional por la Corte Suprema, lo que brindó a Oyarbide una oportunidad para reabrir el caso. Parecería, pues, que se trata de un ejemplo de "doble juzgamiento" que, bien que mal, no se permite. De ser cuestión de un acusado menos notorio que Martínez de Hoz, el dato así supuesto hubiera sido más que suficiente como para dar pie a una polémica, pero en el clima actual virtualmente nadie estará dispuesto a prestar atención a los detalles jurídicos.

Una característica del Estado de derecho que para algunos es muy molesta consiste en que, al hacer que todos sean iguales ante la ley, ofrece la misma protección a quienes, por los motivos que fueran, son tomados por encarnaciones del mal, que a aquellos que son coyunturalmente respetados. Como los familiares de los desaparecidos deberían saber mejor que nadie, en nuestro país la adhesión a dicho principio suele depender del clima político imperante. Cuando integrantes de un sector determinado son considerados responsables de los problemas nacionales, pocos se animarán a reivindicar su derecho a un juicio justo; en cambio, si los acusados de delitos graves cuentan con poder político, disfrutarán de un grado de impunidad que en otras circunstancias causaría asombro.

De no haber sido Martínez de Hoz el ministro de Economía de la dictadura sino un funcionario menor de apellido menos emblemático, ¿hubiera el hiperactivo juez Oyarbide encontrado el tiempo necesario para resucitar el caso Gutheim pasando por alto el veredicto de la Cámara Federal? Es legítimo dudarlo. De haber sido cuestión de un enfermo de 84 años que apenas pudiera moverse, menos conocido, ¿hubiera ordenado su traslado a una cárcel común, como si lo creyera un delincuente peligroso que en cualquier momento podría volver a las andanzas? No es demasiado probable, ya que muchos sentenciados que sí podrían reincidir están bajo arresto domiciliario por tener más de 70 años. ¿Existe el riesgo de que Martínez de Hoz aprovechara su eventual libertad para salir del país? De ninguna manera, puesto que pudo haberlo hecho en las décadas que han transcurrido a partir del colapso del Proceso. Puede que los familiares del ex ministro se hayan equivocado al atribuir este episodio desagradable a la hipotética voluntad de los Kirchner de vengarse de todos los vinculados con el régimen militar, es de suponer porque creen que los ayudaría a congraciarse con las corrientes autoproclamadas "progresistas" del país, pero el que haya motivos para sospechar que el destino de personas notorias sigue dependiendo en buena medida de las vicisitudes de la política debería ser motivo de profunda preocupación para una pareja que por cierto no carece de enemigos.