TRANSACCIÓN

¿Una categoría de transacción?



La presidenta anunció días atrás el pase a planta permanente de los empleados del Estado contratados en forma transitoria y contrapuso la medida a "la situación que atraviesa Europa, con respecto a los planes de ajuste por la crisis económica que conllevan desocupación”. ¡Como si la Argentina estuviera en condiciones de dictar recetas!

En los organismos del Estado existen dos categorías de empleados, unos que corresponden a la “planta transitoria” y otros a la “planta permanente”. Los primeros caducan su función al mismo tiempo que la de su empleador (Por ej.: el mandato de un legislador), o sea que permanecen en su cargo durante el plazo que dura el cargo de quien los contrata. Los otros conservan su puesto en forma permanente y estable.

Es por muchos sabido que, al menos en el Congreso de la Nación, el interés por lograr una planta permanente y trabajo duradero es amplio y generalizado. Por lo tanto, en ocasiones, se ha convenido este pase de modalidad laboral en una posibilidad de transacción para obtener un voto necesario en el tratamiento de un proyecto de ley propuesto en el recinto.

Lograr la “planta permanente” a la que hace referencia la Presidenta es un privilegio por el que muchos, los de más bajos recursos principalmente, compiten buscándolo como objetivo tras de quien pueda garantizarles esa posibilidad.

Ahora bien, recientemente la mandataria anunció que “los empleados públicos pasarían de una categoría a otra“, interpretado por muchos como si fuera a suceder en forma automática a todo empleado público. En realidad no será así, ya que más allá de los casos individuales que se pueden lograr con estas modalidades de acuerdos, el resto deberá concursar, según se detalló

Aunque algunos empleados aseguran a la prensa que “hace rato que se anuncia la implementación del acuerdo para apaciguar los reclamos de los contratados, siendo que los pases a planta se han dado a cuenta gotas en uno o dos ministerios y fueron determinados mediante listas por las autoridades del gremio".

A pesar de este anuncio hay que considerar que si se determinara en forma general, con la cantidad de empleados públicos que figuran hoy en la administración, sería imposible sostenerlos. Si consideramos la gran cantidad que se suma desde el Congreso de la Nación, conformado por 257 diputados y 72 senadores, los ministerios, secretarias y otras reparticiones, se hace imposible generalizar esta medida.

En realidad se prevé incorporar a 1000 empleados, los que deberían concursar, aunque habría que ver la modalidad de selección que se aplica.

Según fuentes periodísticas, el último Boletín Fiscal publicado por el Ministerio de Economía correspondiente al tercer trimestre del año pasado, el Poder Ejecutivo Nacional tenía a esa fecha 38.018 contratados, mientras que el personal permanente llegaba a 263.000 agentes. En otros entes de la administración central, sin contar los bancos estatales, existen alrededor de 400 contratos más. En las empresas públicas, muchas de ellas estatizadas en los últimos años, y siempre según datos del Boletín Fiscal, existen 775 contratos.

Lamentablemente aún existe mucho personal incompetente y ausente, que figura entre estas listas y que más allá de su irresponsabilidad se sabe que hay una cita a la que nunca faltan, que es a la hora de percibir su salario. De allí seguramente que siendo los 29, en Argentina, “el día tradicional para comer ñoquis", se hizo alusión con esta denominación a los empleados que cobran bajo esta situación laboral irregular.

Por lo tanto, una vez más los anuncios son una forma de intentar proyectar la consideración del Ejecutivo hacia el empleo y crear expectativas falsas para lograr cierta contención social.

Empleados eficientes y competentes se entremezclan con otros que ni siquiera saben qué función cumplir, o con los que aducen enfermedad permanente, etc.

Con esta modalidad se seguirá concibiendo la función pública de la que tanto se habla como tabla de salvación, a pesar de que siempre se hace referencia a la necesidad de una reducción del gasto público para evitar consecuencias de inestabilidad económica.

Si el empleo público fuera por concurso, compartido con empleados transitorios conforme la necesidad de cada funcionario que asume, se evitaría el incremento condicionado y prebendario de empleados en el sector. Quizás ésa sería la solución más adecuada a considerar para prestigiar y agilizar a los trabajadores estatales.

Juana Marcó