REPRESIÓN ILEGAL

Los carteles que interpelan a la Ministro de Defensa sobre su presunta participación en hechos de violencia durante la década del 70 generaron una nueva situación de conflicto frente al Edificio Libertador. Como otras veces en la historia, el apuro por terminar con el problema, habría llevado a la Señora Ministro a ordenar la represión de los miembros de AFyAPPA por fuera del marco legal.

El hecho sucedió a las 11:00 horas del día 01 de octubre. Una comitiva de italianos tenía que utilizar el acceso principal del Edificio Libertador en una visita de protocolo. Los carteles que públicamente le preguntaban a la anfitriona si había participado en el secuestro de los hermanos Born, constituían una afrenta o quizás un recuerdo que no estaba dispuesta a tolerar. Aunque para ello tuviera que acudir a una represión fuera del marco de la ley.



A la hora indicada, un teniente coronel a cargo de un grupo de uniformados se hizo presente y con elementos cortantes procedieron a quitar las pancartas que constituían la esencia del reclamo, privando a un grupo de ciudadanos del derecho a manifestarse libre y pacíficamente en un espacio público.



Cuando tres mujeres de la asociación y un hijo de preso político intentaron recuperar las pancartas, que por otra parte les pertenecían, el mencionado oficial ordenó a los gritos que no las entregaran, originándose un forcejeo entre la tropa y las mujeres, que naturalmente terminó con los carteles en poder de los uniformados, una mujer en el suelo y otra con contusiones varias producto del tironeo. En un momento de la confrontación el oficial a cargo ordenó utilizar los cuchillos para romper aquellos carteles que no podían ser apropiados, poniendo en riesgo la integridad de las pacíficas manifestantes.


María Cecilia Pando, presidenta de la entidad, hizo una denuncia policial por lesiones contra el oficial a cargo del operativo, mientras que su marido, el Mayor (R) Pedro Rafael Mercado, declaró que denunciaría penalmente al todo el personal involucrado en las actividades ilegales de represión, por cuanto las ordenes inmorales, según la doctrina vigente, no deben ser cumplidas. Destacó que la denuncia se concretaría tanto contra los que ordenaron, como los que cumplieron las ordenes impartidas, empezando naturalmente por el responsable directo del operativo ilegal. Aclaró además que está estudiando incluir en la denuncia a un coronel del campo de inteligencia y a otros efectivos que días pasados, durante la noche, habían intentado cumplir la misma finalidad. Recordó que el personal en actividad tiene prohibido el desarrollo de tareas políticas o gremiales y que las actividades represivas en el espacio público están reservadas a las fuerzas policiales, bajo la conducción de la justicia.