SUPEREXTRUCTURA

DE ESTRUCTURA..., A "SUPER EXTRUCTURA"

Por Susana Merlo

Que todo cambie para que todo siga igual, parece ser la consigna que, al menos hasta ahora, se aplicó a la inesperada desaparición física de la ONCCA, la controvertida Oficina de Control Comercial Agropecuario, que se inició en 1996 como una modestísima oficinita con rango de Dirección, y que terminó convirtiéndose en un mega ente autárquico con más poder y rango, casi, que un ministerio.

Si bien transcurrieron 15 años desde su origen (fue un “invento” de Felipe Solá durante su paso como Secretario de Agricultura), sólo en los últimos 5-6 (cuando en 2005 se le da autarquía, personería jurídica, y se lo transforma en descentralizado), y más aún con la posterior conducción de Ricardo Echegaray (antes de convertirse en titular de la AFIP), el organismo adquirió un crecimiento geométrico, desenfrenado, que incluyó edificios en casi todas las provincias (más varios en la Capital Federal), cientos de empleados y un poder indiscutible, que surgía del manejo de una masa de dinero cada vez más grande.

Subsidios, compensaciones, precios de referencia, Roes (registro de exportaciones) y hasta cartas de porte (los permisos para transportar mercadería), hicieron de la ONCCA un ente omnipresente, poderoso, gigantesco y de temer, ya que de sus decisiones dependía la suerte o el fracaso de muchas empresas.

No tardaron en llegar los cuestionamientos, las denuncias de arbitrariedades y luego, directamente, las sospechas de irregularidades y sus consecuentes denuncias.
De una mera oficina de control de operaciones (en un principio sólo del sector frigorífico), se había llegado al máximo estatus en la definición de políticas sectoriales.

Para buena parte del sector agropecuario, por eso, el asunto era volver al organismo a su cauce original, o directamente disolverlo, ya que tanto su sobredimensionamiento, como el exceso de participación en los negocios, determinaban una rara mezcla de inseguridad, injusticia y distorsión de los mercados que, en algunos casos, llegaron directamente a la inviabilidad de las producciones.

El escándalo mediático que se desató luego (el año pasado), aceleró los planteos de reestructuración o de disolución, varios de los cuales estaban siendo analizados en el Congreso, aunque el freno de la bancada oficial impidió mayores avances.

Tal vez por eso mismo sorprendió tanto la repentina decisión oficial de “desaparecer” a este organismo, aunque hasta el momento nada se dijo sobre eliminar sus funciones que, más vale, ahora se plantea serán distribuídas entre 3 ministerios: el de Agricultura (que le dio origen), el de Economía, y también el de Producción. Es decir que de negociar en un sólo lugar, se deberá pasar a 3 lugares distintos.

El escenario empeora al desconocerse el alcance de la transformación, por lo que buena parte de la gran cantidad de atribuciones que tenía el ente, se encuentran stand by, justo en plena cosecha gruesa (girasol, maiz, etc.) que es cuando la actividad también es mayor.

Por supuesto que la llamativa decisión oficial, en las antípodas de la que venía sosteniendo el Ejecutivo hasta hace pocas semanas atrás, se presta a muchas especulaciones, entre otras cosas, porque ni siquiera se intentó capitalizarlo políticamente. Muchos menos se intentó hacerlo aparecer como un “cambio de actitud respecto al campo”, como si se había hecho un año y medio atrás cuando, también inesperadamente, se “elevó el rango de la cartera de Agricultura”. Ahora, por el contrario, se está en pleno momento de renovada virulencia contra el interior, con denuncias diarias lanzadas desde el Ejecutivo, sobre trabajo en negro, evasión fiscal, jaque a las grandes empresas exportadoras, etc., que no permiten sospechar siquiera que la movida alrededor de la ONCCA sea para mejorar la relación con el campo y, mucho menos, como señal sobre una eventual modificación de las políticas cada vez más intervencionistas que se vienen llevando adelante.

Y, más allá de la dudosa suerte que puedan correr la mayoría de las denuncias, varias devenidas en causas judiciales, lo cierto es que la ONCCA ya era un mega organismo con pies de barro, dado que estaba fuertemente cuestionado su sustento jurídico, en especial, en lo que se refiere a la fijación de tasas e impuestos que, constitucionalmente es una función intransferible del Congreso.

De ahí que, ahora, esta nueva decisión del Ejecutivo tenga también las mismas objeciones y, más aún, dado que en medio finalizaron, ya en forma definitiva, las facultades delegadas que le permitían a la Casa Rosada tomar decisiones por la supuesta delegación de poderes que le había hecho el Poder Legislativo.

Pero eso acabó y ahora, forzosamente, debe ser el Congreso el que defina los tantos, algo que no se sabe aún si sucederá con la ONCCA, aunque la indefinición esté costando millones de dólares a la producción y, por ende, al país.

Y siempre quedará la duda sobre las verdaderas razones que impulsaron el aparente cambio…