lunes, 21 de marzo de 2011

EL CAJONEO


Confirmado: El Congreso "cajonea" el Régimen Penal Juvenil (hasta una nueva muerte)

Hay dos dictámenes acerca del Régimen Penal Juvenil. El de mayoría, fue firmado por GEN, Proyecto Sur y del Frente para la Victoria, y se opone a bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema enfrentó al gobernador Daniel Scioli con la presidente Cristina Fernández.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Una vez más se abrió en el país el debate sobre la edad de imputabilidad de niños y adolescentes. El tema que surgió luego del asesinato de Fabián Esquibel, por parte de un menor declarado "inimputable" por el juez de Garantías Fabián Cacivio, despertó acusaciones enfrentadas entre oficialistas y opositores en el Congreso de la Nación.

"Para la oposición, el tema va a ser prioritario", le dijo a Urgente24, el presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica-Córdoba).

Pero al parecer, el deseo de Vega no se condice con lo que piensan los diptuados del bloque del Frente para la Victoria, y algunos aliados transitorios, cada vez mas funcionales, como el el bloque de Proyecto Sur, de Pino Solanas y compañia.

Hace 15 días, bajo el lema "Ningún pibe nace chorro”, los diputados del bloque de Proyecto Sur, Claudio Lozano y Liliana Parada, organizaron una audiencia de la cual participaron dirigentes de la CTA, entre ellos Pablo Micheli y Carlos Chile, y representantes de Madres-Línea Fundadora, de Serpaj y del espacio "No a la baja", entre otros.

Durante el encuentro se dieron las razones “técnicas” por las cuales “el Poder Judicial no puede resolver problemáticas sociales y por qué el sistema penal no es una garantía para disminuir los casos de niños-adolescentes en conflicto con la ley”.

Parada y Lozano son autores de un proyecto ley con dictamen de comisión que establece que “en ningún caso una persona menor de 18 años a la que se le atribuya la Comisión de un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema penal general”.

La iniciativa sostiene además que tampoco podrán "atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores de 18 años" y se contrapone con la iniciativa aprobada por el Senado que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

Así, sin el apoyo de los diputados del Bloque de Proyecto Sur, del GEN de Margarita Stolbizer y algunos diputados de la Coalición Cívica (Fernanda Gil Lozano) y del bloque del Frente para la Victoria, es dificil que el tema llegue al recinto de la Cámara de Diputados para ser debatido.

El 26 de Noviembre de 2009, el Senado terminó de aprobar la norma que reduce a 14 años la edad de imputabilidad de los menores.

La propuesta establece que la responsabilidad penal alcanzará a los jóvenes de 14 ó 15 años de edad que cometan un delito con pena mínima de 3 años de prisión o reclusión; y a los jóvenes de 16 ó 17 años de edad que participe en la comisión de un delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o reclusión.

Determina que ninguna persona menor de 18 años a la que se le atribuya la comisión de un delito podrá ser juzgado por el sistema penal general ni podrá atribuírsele las consecuencias previstas para las personas mayores.

La iniciativa señala que estarán exentas de responsabilidad penal las personas que al momento de cometer el delito no alcancen la edad de 14 años y tampoco recibirán sanciones quienes tengan 14 o 15 años y hayan cometido delitos de acción privada sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años, mientras que los que tengan 16 ó 17 años podrán ser penados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad menor a dos años.

Quedan fuera de la responsabilidad penal quienes tengan 16 o 17 años y sean sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de la libertad inferior a dos años.

Se establece que toda persona menor de 18 años tiene derecho a que se respete su vida privada y la de su grupo familiar.

El proyecto también remarca que la privación de la libertad de las personas menores de 18 años infractoras a la ley penal es "la excepción y el último recurso", y establece que "se privilegiará la permanencia de la persona menor de 18 años dentro de su grupo familiar" y que "en caso de no existir este, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de derechos del niño, niña y adolescentes".

Los menores serán encarcelados en un centro especializado cuando al momento de la comisión del delito tengan 14 o 15 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte o por delitos contra la integridad sexual reprimidos con pena mínima superior a los cinco años de prisión o reclusión. El plazo máximo de esta sanción no podrá exceder de tres años.

Cuando se trate de personas que al momento de la comisión del delito tengan 16 o 17 años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de muerte; o por delitos contra la integridad sexual y contra la libertad con pena mínima superior a los tres años de prisión o reclusión.

El juez podrá aplicar como sanciones una escala que va desde las disculpas personales ante la víctima; reparar el daño causado; prestación de servicios a la comunidad; órdenes de supervisión y orientación; inhabilitación; privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre; privación de libertad en domicilio; o privación de libertad en centro especializado.

Destaca que "los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de libertad deben contar con un grupo interdisciplinario de profesionales especializados."

El 21/11/2010 la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados emitió dictamen de minoría apoyando la media sanción del senado. También hubo un dictamen de mayoría sobre otro proyecto consensuado entre legisladores de los partidos GEN, Proyecto Sur y del Frente para la Victoria que crea un sistema penal específico para los menores de 16 a 18 años que reemplace el Decreto–Ley de la dictadura militar que se aplica en la actualidad, privilegiando la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, promocionando su educación y reinserción en su seno familiar y social.

Seguramente volveremos a escribir sobre el tema cuando ocurra algún delito protagonizado por un adolescente. Lamentablemente, pasado el interés transitorio, todo queda igual y no se adoptan las decisiones que corresponden.

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