NINGÚN PLAN

"No hubo plan sistemático"

El marino Jorge Acosta descartó que los "desaparecidos" sean 30.000 y que haya
quinientos bebés apropiados a sus familias. Advertencia sobre una guerra civil.

BUENOS AIRES (NA) -- El capitán de fragata (RE) Jorge Acosta negó ayer que la lucha antiguerrillera librada en los años '70 haya dejado un saldo de 30.000 "desaparecidos" y también descartó que las autoridades militares de entonces hayan elaborado un plan para apropiarse de quinientos hijos de militantes de izquierda detenidos ilegalmente.

"Es mentira, más allá de que al terrorista Eduardo Luis Duhalde (hoy, secretario de Derechos Humanos de la Nación) le resulte todo un símbolo", dijo, al prestar declaración en otra etapa del juicio que se le sigue por presuntos crímenes de lesa humanidad.

"Tampoco pueden atribuirle a las Fuerzas Armadas la tacha de la apropiación de menores. No hubo plan sistemático: hubo algunos que se quedaron con esos menores. Esa mentira nos va a llevar a una nueva guerra civil, de corte trotskista", agregó el oficial naval retirado.

Acosta recordó que el libro Nunca Más, redactado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), no llegó a establecer más de 8.000 "desaparecidos". Ese número, según puntualizó, fue confirmado por la ex ministra de Desarrollo Social Graciela Fernández Meijide.

"Desconozco absolutamente", contestó cuando fue interrogado por los nacimientos de los actuales legisladores Juan Cabandié y Victoria Donda en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), donde se desempeñó como jefe de Inteligencia. Sí admitió conocer el caso de Silvia Labairú, de quien sostuvo que "colaboró".

Cuando la presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta, lo consultó por sus datos personales y si había respondido a algún alias, Acosta, en tono enérgico, recordó que "de chico me decían Gales". El resto se lo atribuyó "al terrorista (Miguel) Bonasso", periodista, diputado y ex militante de Montoneros, autor del libro Recuerdos de la muerte.

También se quejó por el trayecto que, en los días de audiencia, debe recorrer desde su lugar de detención, en Campo de Mayo. "El Servicio Penitenciario Federal no tiene méritos para atender a gerontes en delicado estado de salud", manifestó.