EL HARAS DE LA YEGUA

LO QUE VIENE
¿Qué prepara Cristina? Datos imprescindibles

En la prensa oficialista es posible encontrar, en mensaje a los militantes del FpV (los lectores de esas publicaciones de bajo tiraje), las consignas para el 2do. mandato consecutivo de Cristina Fernández. Aqui algunas directrices:
Que quede claro:

> Los empresarios son amigos, siempre que paguen al Fisco y le entreguen parte de sus ganancias a la ANSeS.

> Con Hugo Moyano está todo mal pero podría mejorar la situación si él levantara el teléfono y llamara a Cristina Fernández para pedir instrucciones.

> A los estudios jurídicos que asesoran a las empresas multinacionales y a las grandes empresas locales, los visitará Guillermo Moreno en breve.

> Con los medios de comunicación que insisten que se viene el tarifazo, habrá ajuste de cuentas por esto que están difundiendo.

> Y los economistas neoliberales, conservadores y otros que afirman que hay problemas con la macroeconomía, también tendrán su merecido, en especial ahora que Cristina Fernández recuperará los 2 superávits pilares del 'modelo':

esa es la bajada de línea del Frente para la Victoria a sus militantes, activistas, amigos, simpatizantes y curiosos.

Aqui van algunas lecturas imprescindibles de escritos de voceros del Frente para la Victoria:

1. Cristina Fernández le arrojó los sindicatos encima a las grandes empresas. El reclamo salarial iba a ser enorme por los ajustes tarifarios, que se suma a la inflación, pero ahora Cristina intentó desviar el tema, adjudicándolos a que las empresas tienen rentabilidades superiores a las estándar internacionales.

Además, ya hay un proyecto para quitarles las ganancias extraordinarias (las superiores a un promedio o un histórico, que deberían ir a poder de la ANSeS).

Horacio Verbitsky en Página/12:

"Si hay un hombre eufórico en estas horas es José De Mendiguren. Desde que CFK comunicó en la Conferencia Industrial que la participación obrera en las ganancias no debía discutirse en el Congreso sino en las mesas paritarias, no se le borra la sonrisa. Cree que sus diálogos con Cristina influyeron en esa y en otras definiciones relacionadas con la competitividad de la economía.

“Siempre hablamos muy bien. Es muy lúcida. Sabe preguntar y escuchar”, dijo ante una consulta para esta nota.

“Yo llegué a las trompadas (a la presidencia de la UIA), porque Techint, Clarín y Arcor tienen el poder pero no podían juntar los votos del interior. Y ahora desde aquí hago lo posible por seducirla”, explicó.

Precisamente Clarín dijo el jueves que uno de los temores por el proyecto del abogado de la CGT, Héctor Recalde, era que un sindicato con acceso a la información pudiera “impugnar los balances de una empresa”, preocupación que no tiene una pyme como las que sustentan a Mendiguren.

En cambio, allegados al presidente de la UIA le transmitieron a ese diario el entusiasmo por la influencia que atribuyen a Mendiguren sobre el discurso de Cristina. La lectura atenta de las palabras presidenciales sugiere que el buen humor de Mendiguren tiene más que ver con el amable trato personal que con las políticas expuestas.

El caso opuesto

Simétrico y opuesto es el caso del secretario general de la CGT, Hugo Moyano, cuyo primer reflejo fue insistir con el proyecto de ley que la presidente impugnó.

No es seguro que lo siga haciendo. Hasta el autor del proyecto cree que si los trabajadores esperaron 54 años desde que una reforma constitucional incluyó la participación obrera en las ganancias, pueden aguardar otro año para poner a prueba la voluntad patronal de acordar en las paritarias como planteó Cristina.

La presidente cuestionó los diversos proyectos que aguardan en el Congreso, además del que elaboró Recalde, porque entiende que sólo hablan de aquellas grandes empresas que obtienen enormes utilidades y “no es aplicable a todos los trabajadores”. Introdujo así una cuestión medular en el debate político y social.

Ni la participación en las ganancias ni el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, por el que también se ha batido Moyano, contribuirían a reducir la heterogeneidad de las remuneraciones de los trabajadores.

Más de un tercio aún tiene empleos informales y entre los privados formales el tercio de mayores ingresos recibe casi dos tercios de la masa salarial, en tanto el tercio que menos gana accede apenas al 9,8 por ciento. Estas son diferencias objetivas de criterio: mientras el gobierno inyecta recursos en la base de la pirámide porque sabe que se vuelca al consumo y sostiene la demanda agregada, Moyano aboga por mayores ingresos para la cúspide, cuyos ingresos, de acuerdo con los estudios oficiales, en buena medida alimentan la compra de dólares.

Pero además, Moyano debería advertir que no está en condiciones de disputarle a Cristina la conducción del proceso político y social y, como también dijo ella ante la UIA, dejar de mandarle mensajes por los diarios. Moyano se siente excluido y dice que Cristina no lo atiende. Lo que no hace es llamarla.

La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, que depende del Episcopado Católico, consultó al macroeconomista del Cedes, José María Fanelli, quien prevé una fuerte pelea oficial con la CGT, en la que el gobierno se recostaría en los hombres de negocios.

La explicación que dio para ese pronóstico fue la fuga de 3.000 millones de dólares mensuales, que, por una parte, no se debe a los trabajadores, y por otra ya se contuvo.

Es posible que 2012 sea un año de fuertes reclamos salariales sobre todo en las empresas de la cúpula, debido a los rendimientos excepcionales que han obtenido y a sus costos laborales muy inferiores al incremento de la productividad, lo cual arroja un costo laboral unitario menor al de 2001, último año de la convertibilidad. Así se aprecia en el gráfico de Cifra, el Centro de Estudios de la CTA que dirige Eduardo Basualdo. Esto significa que los incrementos de productividad alimentaron las utilidades patronales, que a su vez explican la fuga.

Un trabajo sobre “Política macroeconómica y políticas de ingreso”, que publicará el Ministerio de Trabajo, considera que la regulación por ley permitiría poner un tope a la distribución de ganancias, para impedir que se consolidaran las asimetrías.

La diferencia podría ir a la Anses con fines redistributivos, sostienen sus autores, Martín Abeles, Federico Pastrana y Fernando Toledo (el proyecto de Recalde también contempla que una parte de lo participado vaya para los trabajadores informales).

La participación en las ganancias sería un suavizador del conflicto social y contribuiría a una política de ingresos que disminuyera en forma gradual la inflación, ya que si lo pactado en paritarias se revelara insuficiente en relación con el costo de vida, esto se comprobaría en el momento de conocerse los resultados y el error podría corregirse con la participación, dicen Abeles, Pastrana y Toledo. (...)".


2. Hay nuevos objetivos en la persecución de los enemigos: los estudios jurídicos que asesoran a las multinacionales y grandes empresas locales. Dicen que con ellos hay cuentas pendientes desde el inicio de las demandas contra el Estado en el tribunal arbitral Ciadi. Y que ellos son los culpables de haber instalado el concepto de "inseguridad jurídica" de la Administración Cristina, por lo cual no llegan las inversiones privadas. En la mira, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo y el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores).

Gabriel Bencivengo en el semanario Miradas Al Sur:

"(...) En los hechos, constituyen un verdadero poder que creció a la sombra de la dictadura, se reconvirtió durante la década del ’90 y aflora hoy para defender a los capitales extranjeros y lo más concentrado de la economía local en cuestiones comerciales.

Sus trayectorias, en muchos casos, incluyen también el paso por la administración pública y el Poder Judicial de la Nación. Especializados en derecho público, regulación económica y reestructuración de pasivos corporativos, construyeron el andamiaje legal que sirvió para instaurar el neoliberalismo y concretar las privatizaciones. La Ley de Entidades Financieras y su melliza, la Ley de Inversiones Extranjeras, son dos de sus principales construcciones. Hoy, casi todos, representan o representaron a las compañías que entablaron demandas contra el país ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial. (...)

Los discípulos de Jaime Perriaux y José Alfredo Martínez de Hoz, amparados en el cercenamiento de las libertades más elementales, se esparcieron con rapidez en todos los niveles del Estado.

Guillermo Walter Klein (h), mano derecha de Martínez de Hoz, asumió en la Secretaría de Programación Económica, puesto que su padre ocupó en dos ocasiones y que alternó con trabajos para Dreyfus y el FMI. Similar es la trayectoria de Horacio Tomás Liendo (h), quien acompañó a Domingo Cavallo en el Banco Central y lo secundó desde la Secretaría Legal y Técnica cuando el mediterráneo llegó a Economía.

Walter Klein es otro que encontró refugio en la calle Viamonte. Junto a Héctor Mairal –socio de Marval, O'Farrel & Mairal– fundó en 1971 el estudio Mairal & Klein, donde revistaron Martínez de Hoz (h) y Grondona (h) hasta el ’84, cuando la comisión que investigó la estatización de la Ítalo los obligó a mudar de ropas, pero no de intenciones. Ya en tiempos democráticos, Martínez de Hoz (h) y Grondonda (h), se guardaron en sus estudios para asesorar a capitales extranjeros durante las privatizaciones y, tras la implosión de la convertibilidad, pilotearon las demandas que empresas extranjeras presentaron ante el Ciadi.

Uno de los estudios más activos es el que encabezan el propio Martínez de Hoz (h), Jorge Pérez Alati y Grondona (h). La lista de sus clientes es extensa, pero muy representativa. Pan American Energy, BP Argentina Explorations Company, BP America Production Company, Mobil Expoloration and Development y El Paso Energy International Company, además de los grupos Enersis, Elesur y Wintershall AG, son algunas de las compañías en cuestión.

Otro estudio muy representativo de la city porteña con fuertes intereses en los resultados de los arbitrajes del Ciadi es M & M Bomchil Abogados. Distinguido por Chambers and Partners Latin America 2011 con el primer puesto del ranking en las áreas de defensa de la competencia, derecho administrativo, resolución de conflictos y fusiones, entre los clientes del buffet se destacan la Enron Corporation, Azurix Corp, Camuzzi International S.A. y CMS Gas Transmision Company, todas compañías extranjeras que demandaron al Estado nacional en el tribunal del Banco Mundial. (...)".


3. El tarifazo no existe. Es una mentira de la prensa no oficialista, comenzando por La Nación y Clarín. Y hay gente dispuesta a firmar semejante tontería... Obviamente que esto anticipa más Ley de Medios correctiva de los que no entienden.

Cynthia Ottaviano en Tiempo Argentino:

"(...) ¿Qué mecanismos de manipulación discursiva se ponen en juego cuando un diario quiere ocultar su matriz ideológica en el formato “noticia”? Sumergirse en el universo de representación de Clarín y La Nación permite, por lo menos, una clasificación posible que se puede enumerar en diez mecanismos discursivos. Su uso permitió transformar en las últimas ediciones la quita de subsidios al agua, el gas y la luz en “un ajuste”, “una persecución y una arbitrariedad” y el aumento del ABL en la Ciudad de Buenos Aires en un “acto de justicia”. Un caso de doble vara muy evidente.

(...) A partir de estas diez reglas de manipulación, producto del relevamiento de la cobertura de Clarín y La Nación es posible que el aumento de ABL sea “una actualización”, “por la inflación”, que “Macri impulsa” para que se pague “algo que sea justo” (ediciones del 30-08-11/ 24-11-11/ 17-11-11/19-11-11), mientras que la quita de subsidios al agua, el gas y la luz, “una utilización demagógica y populista”, para “disimular errores”, “un discurso clasista”, “una vestimenta de Robin Hood”, “una dureza discursiva”, “una confrontación”, para “ricos que hoy hay que castigar”, “una persecución y arbitrariedad”, “una forma improvisada”, “de un modelo agotado”.

Queda en evidencia, una vez más, que los medios no sólo transmiten una ideología, sino que son una ideología. Arturo Jauretche dijo alguna vez que “no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro”. En eso estamos."


4. El Frente para la Victoria anuncia que recuperará los superávits de la balanza comercial y de la balanza fiscal, los llamados "pilares del modelo" (que Roberto Lavagna inició en 2002), manteniendo el nivel de actividad y confrontando con los neoliberales, ortodoxos y otras tribus urbanas.

Alfredo Zaiat en el diario Página/12:

"Tres últimos discursos de CFK pronunciados con diferencia de pocos días en la planta de General Motors, en la celebración de la Unión Industrial y en la remodelación de un hangar de Aerolíneas Argentinas, han reafirmado que en la gestión kirchnerista, que el 10 de diciembre comienza un tercer período presidencial, la economía y la política no están separadas. Y seguirá de ese modo si se lee con atención cada una de las palabras de esos discursos.

Por eso resulta llamativa la sentencia “agotamiento del modelo” expresada por voceros de la ortodoxia y de cierta intelectualidad progresista. Es como si después de tantos años de observar cómo se desempeña un gobierno todavía no pudieran comprender la dinámica de su proyecto político, que es algo diferente a un “modelo económico”.

Este último concepto es propio de laboratorios académicos que aceptan un esquema de poder donde la economía predomina sobre la política.

En cambio, un proyecto tiene objetivos políticos que a través de la política económica va adaptando instrumentos en función de cumplir esas metas, al tiempo que se dedica a establecer la base para alcanzarlos. El kirchnerismo lo ha expuesto en forma permanente: sostener un crecimiento a tasas elevadas que permitan la industrialización, generar empleo e inclusión social, con una presencia activa del Estado.

En ese marco, los superávit en el frente fiscal, del comercio exterior y de la cuenta corriente, además del desendeudamiento, son variables clave para entender los momentos políticos como las iniciativas económicas del kirchnerismo. Sin mencionarlos explícitamente, pero en extensos párrafos de esos discursos, CFK fue contundente sobre el objetivo de consolidarlos y que disputará esa batalla.

No eludió ninguna. Reclamó la reinversión de utilidades de multinacionales. Informó que sabe quién es quién en la compra de dólares en el mundo empresario. Criticó el frenesí financiero especulativo que acorrala a las economías centrales. Demandó mayor compromiso exportador y de sustitución de importaciones. Destacó que cuidará los recursos públicos. Planteó cuáles considera que son los desafíos en el mercado laboral en los próximos años y el rol que le cabe al sindicalismo. Habló de competitividad, inflación, inversión, salarios y subsidios enfatizando que todo es para cumplir el objetivo de crecimiento con inclusión social, descartando la receta neoliberal Metas de Inflación.

Pese a ese detalle no menor, la ortodoxia y sus voceros calificados resumieron el mensaje en su propio deseo: “ajuste”, como si esa palabra los excitara hasta niveles insospechados. (...)".


5. El oficialismo declara, y con lógica tardía, que no todos los subsidios son equivalentes. Muy interesante descubrirlo 8 años después. Hay una reivindicación de los subsidios sociales, que serán mantenidos, segun se promete. Y hasta ampliados, ya que declinarán los subsidios económicos.

Jorge Gaggero en el diario El Tiempo Argentino:

"(...) El presupuesto nacional de la Argentina los divide en dos grupos: los “subsidios económicos” y los “subsidios sociales”. Ambos han acumulado un peso del orden de los 4 puntos del PBI y suman entre 70 y 80 mil millones de pesos (estimado para 2011).

Los primeros (los “económicos”) han crecido en los últimos años muchos más que los “sociales”, diría que de modo casi “exponencial”. Y han sido dirigidos a los sectores energético (60% del grupo) y del transporte (cerca del 30%), las empresas públicas y, en menor medida, a los sectores rural y forestal, agroalimentario e industrial (enumerados en orden de importancia).

Los “sociales” los otorgan los ministerios de Trabajo, Planificación Federal, Desarrollo Social, Salud y Educación (también según orden de significación de los desembolsos). En el primer semestre del año, los “económicos” consumieron casi $ 32.400 millones (un 64% más que en igual período de 2010), mientras los “sociales” sumaron unos $ 18 mil millones (apenas un 15% más que el primer semestre del año precedente).

La evolución de los “subsidios económicos” ha sido determinada, en gran medida, por el curso de la inflación y de las decisiones de política pública referidas al nivel de las tarifas fijadas para los usuarios. La de los “sociales” responde más a cuestiones de carácter distributivo, tanto a través de programas de nuevo cuño como las debidas a la necesidad de proteger el nivel real de los beneficios otorgados en el pasado (frente a la inflación).

Un estudio acerca de los impactos distributivos (sobre la equidad) de los “subsidios sociales” –positivos en todos los casos– muestra que los mismos se ordenan, de mayor a menor, del siguiente modo (según tipo de gasto y para el año 2010): 1º promoción y asistencia social; 2º trabajo; 3º salud; y 4º educación.

En cuanto a los “económicos”, su efecto global no resulta progresivo; vale decir, no proveen mayor equidad: “El impacto del presupuesto sobre la equidad. Cuadro de situación (Argentina, 2010)”, DT N° 40, CEFID-AR, Octubre de 2011.

La correcta decisión del gobierno nacional de comenzar a desmontar el andamiaje de subsidios injustificados, inconvenientes y/o insostenibles (desde el punto de vista fiscal, en este último caso) supondrá arduas decisiones a partir de una compleja trama de análisis que deberían involucrar:

a) La consideración de la sostenibilidad fiscal; vale decir, cuántos puntos del PBI deberían seguir siendo financiados en el futuro (o lo que es lo mismo, cuánta reducción es requerida desde el tope de partida antes mencionado de 4 puntos, equivalente al superávit fiscal que supimos conseguir hasta hace unos cuatro años);

b) El punto de vista de la mayor equidad a alcanzar, lo cual supone no sólo eliminar de los beneficios a todas las empresas y personas que no los merecen sino también –y esto es quizás lo más delicado– definir de modo claro los criterios que determinarán el nuevo (y más legítimo, se espera) conjunto de beneficiarios.

c) La cuestión de la eficiencia, que debe ser cuidada –entre otras cuestiones– al fijar los nuevos niveles de tarifas y precios que impactarán sobre los usuarios y consumidores, de modo tal que se minimice el despilfarro de recursos no renovables (y/o costosos) y se alienten las necesarias inversiones (cuidando de no realimentar, además, la inflación)."