LESA HUMANIDAD

Señor Director:
Mucha alegría me dio leer el editorial titulado "Larrabure: Crimen de lesa humanidad" publicado en "La Nación" el día 17 de junio que relata la petición de Arturo Larrabure a la justicia para que declare como delito de lesa humanidad el crimen de su padre. La postura de la Corte Suprema, en el fallo que negó la extradición al terrorista Lariz Iriondo negando la calificación de crímenes de lesa humanidad -y por lo tanto imprescriptibles- a aquellos delitos de terrorismo en los que no intervino el Estado es insostenible y violatoria del derecho internacional humanitario. Los militares violadores de los derechos humanos tienen que ser juzgados y es justo que así sea. Pero omitir calificar a los 21642 atentados terroristas y 1501 asesinatos que surgen de la sentencia del juicio a las juntas militares como delitos de lesa humanidad porque en ellos no hay participación del estado es un dislate. Casos como el del Coronel Argentino del Valle Larrabure, secuestrado, torturado y asesinado así como el secuestro, tortura y asesinato del Teniente Coronel Jorge Ibarzabal, o el del Profesor de filosofía Carlos Sacheri asesinado a la salida de misa con su mujer y sus siete hijos, durante un gobierno democrático y por organizaciones terroristas, son delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. La justicia debe reafirmar la postura del derecho internacional que condena como delito de lesa humanidad al terrorismo. Documentos internacionales como el Estatuto de Roma en su art.7º y otros que no transcribo por razones de espacio y la jurisprudencia internacional sostienen que el terrorismo es un delito de lesa humanidad y por lo tanto los actos terroristas no prescriben. Mi alegría duró poco ya que rápidamente me enteré que el Fiscal de la Cámara que tenía la causa del Coronel Larrabure devolvió el expediente al juez de primera instancia expresando que primero se debe expedir el juzgador. En esta causa el primer fiscal se declaró incompetente, el segundo aplicó la jurisprudencia de la corte nacional y ahora el tercer fiscal devuelve el expediente al juez. Es obvio que no quieren hacerse cargo del deber que les ha sido asignado, que es administrar justicia. Tampoco resultan sorprendentes situaciones como esta, teniendo en cuenta que en el país tanto el poder judicial y el legislativo están totalmente en manos del ejecutivo y sufren las presiones del titular de turno.
Sería lamentable que en el país de los derechos humanos el hijo del Coronel Larrabure deba presentarse ante los tribunales internacionales de derechos humanos pidiendo que este delito sea calificado como de lesa humanidad por la injustificable razón de que en su país la justicia le ha sido denegada.

Alejandro Olmedo Zumarán.
olmedozumaran@hotmail.com