PACTO SOCIAL ?

Así como Néstor Kirchner pudo cumplir su cuatrienio presidencial sin tener que afrontar ninguna huelga general, su esposa y sucesora en la Casa Rosada aspira a llegar al 2011 sin que la Confederación General del Trabajo (CGT) le paralice el país.

Por Víctor Eduardo Lapegna

La convocatoria a un “Pacto Social” entre representantes de los empresarios, de los trabajadores y del Estado nacional que, entre otros acuerdos, establezca limites al aumento de los precios de la economía interna (incluidos los salarios) en los próximos cuatro años, parece ser uno de los ejes de la gestión del gobierno que comenzó a presidir Cristina Fernández de Kirchner.

Aunque se busque disimularlo, entre los objetivos que el gobierno entrante busca alcanzar con esa iniciativa – que formó parte de los escasos anuncios concretos hechos por la candidata del oficialismo en su campaña electoral –están contener el alza de los precios y morigerar la pelea por la distribución del ingreso entre los actores reales de la economía argentina, agudizada por el aumento de la inflación real (alrededor del 20 por ciento anual) que triplica al actual promedio inflacionario mundial.

Desde el “kirchnerismo”, atenuar la puja distributiva hace sentido para mantener el control del poder que detenta desde el 2003, que podría verse afectado por un conflicto social generalizado y, así como Néstor Kirchner pudo cumplir su cuatrienio presidencial sin tener que afrontar ninguna huelga general, su esposa y sucesora en la Casa Rosada aspira a llegar al 2011 sin que la Confederación General del Trabajo (CGT) le paralice el país.

Por su parte, los grupos de poder económico identificados con el gobierno que fueron los principales beneficiarios de las políticas aplicadas desde el 2003 hasta hoy, también están interesados en concretar ese acuerdo, entre otras cosas, para ayudar a un gobierno que es su principal fuente de rentabilidad.

Es el caso de los empresarios que hicieron excelentes negocios mediante los “favores” que obtuvieron de un gobierno que, en los últimos cuatro años, reunió una formidable masa de recursos, sobre todo merced a un ciclo de la economía internacional en el que hubo, hay y tiende a seguir habiendo unos niveles de precios y de demandas que son extraordinariamente favorables para los bienes transables argentinos, recursos que el gobierno administró y creemos que seguirá administrando según criterios de arbitrariedad casi omnímoda.

Esos socios del gobierno saliente y actual fueron y son, entre otros, los empresarios dedicados a la construcción de viviendas y realización de obras públicas favorecidos en licitaciones del Estado de escasa transparencia y que generaron grandes ganancias; los empresarios del transporte, los combustibles, la energía y otras actividades (por caso, el juego, la producción de aluminio o la captura y procesamiento pesquero) que recibieron y reciben del Estado cuantiosos subsidios explícitos e implícitos, junto con otras ventajas prebendarias y en general, quienes basan sus negocios en tener protegido su acceso al mercado interno.

También han de promover ese Pacto Social algunos de los actores de ramas de la economía en cuyos costos el nivel de los salarios es un componente significativo, ya que esa “gran paritaria” acotaría las demandas de mejora en los ingresos por parte de los representantes de los trabajadores.

Todos esos empresarios, en mayor o menor medida, fundan sus altas tasas de ganancia en beneficios obtenidos a través de su relación privilegiada con quienes manejan el Estado y es por eso que se oponen al establecimiento de las reglas de juego propias de una economía libre, en la que la rentabilidad es resultado de una competitividad que permite tomar ganancias a quienes son capaces de ofrecer bienes y servicios en cantidad, calidad y precio que se corresponden a las demandas de los mercados globales.

De ahí que el anhelo compartido por esos actores económicos privados y sus socios en el gobierno nacional anterior y el actual, sea que el Pacto Social contribuya a contener el alza de los precios de la economía interna (sobre todo los salarios) por años (en la Argentina el largo plazo), para atenuar el conflicto social y dar la apariencia de una moderación de la inflación, sin hacer el esfuerzo que requeriría lograr mejoras significativas merced a una inversión suficiente y eficiente, una mayor productividad y una sólida competitividad de nuestra economía.
Un Pacto Político es Condición Necesaria y Previa de un Pacto Social y Económico Exitoso.

En la historia reciente existen varios casos – algunos muy exitosos en términos de contribuir a elevar la calidad de vida de los pueblos - en los que desde el gobierno del Estado se promovió el establecimiento de pactos entre los actores económico-sociales sobre reglas de juego, que abarcaran un período de tiempo más o menos prolongado.

Un ejemplo paradigmático fueron los pactos que llevaron a la conformación de lo que es hoy la Unión Europea (UE), que arrancaron en la década de 1950 con el llamado Pacto del Carbón y del Acero en un proceso que acaba de dar un nuevo paso hacia la organización institucional de la integración continental, a través de la firma del Tratado de Lisboa por los representantes de los 27 países son los actuales socios de la UE.

Durante ese largo período, buena parte de los pactos – comenzando por el inicial – tenían un contenido esencialmente económico y social y fue mediante ellos que se formó primero la Comunidad Económica Europea, que sólo al cabo de años llegó a ser la actual Unión Europea.
Pero ha de tenerse en cuenta que todos esos pactos económicos y sociales que condujeron a la integración de Europa, se basaban en un pacto político previo y fundante, que postulaba el sostenimiento de la economía libre y, sobre todo y ante todo, de la democracia política como condición inexcusable de ese proceso integrador, según lo establecieron los países que eran las principales locomotoras de la unidad europea (Alemania Occidental, Francia e Italia).

Que la vigencia de la democracia política era condición sine qua non para integrar la Comunidad Europea lo prueba el hecho que países como España (durante la dictadura de Franco), Portugal (durante la dictadura de Olivieira Salazar) o Grecia (durante la dictadura de los coroneles) hayan sido excluidos del proceso de integración por motivos que no eran económicos o sociales y que recién se les admitiera como socios cuando en España, Portugal y Grecia se estableció la democracia política.

Se deriva de ello la conclusión general de que los pactos económicos y sociales que dieron forma a la Unión Europea, se basaron en el pacto político previo de adhesión al sistema democrático.

Es también el caso del llamado Pacto de la Moncloa, que sustentó el camino de la transición de España hacia la consolidación de una plena democracia política y una economía libre y cuya condición necesaria previa fue el pacto político en torno a la formación de un Estado democrático simbolizado en el Rey y establecido por el gobierno de don Adolfo Suárez, cuando la muerte de Francisco Franco puso fin a su larga dictadura.

Lo mismo puede decirse del antecedente local tan mencionado en estos días del Pacto Social que, en 1973 y a instancias de Juan Domingo Perón, firmaran José Ignacio Rucci en representación de los trabajadores, Julio Broner por los empresarios y José Ber Gelbard representando al Estado.

Con ese acuerdo, entre otros objetivos, el general Perón buscaba parar la estampida de precios que venía desde el gobierno militar que había presidido Alejandro Lanusse hasta el 25 de mayo de 1973 y que se acentuó durante la breve Presidencia de Héctor Cámpora y que no llegaba a ser compensada por los aumentos en los salarios nominales ya que, para decirlo con palabras del propio Perón, “los precios subían por el ascensor y los salarios por la escalera”.

Sin siquiera entrar a hacer un juicio de valor acerca de aquel Pacto Social, conviene subrayar que el mismo fue precedido por un explícito pacto político entre la corriente mayoritaria que lideraba Perón, la primera minoría que encabezaba Ricardo Balbín y otros partidos políticos menores, reflejado primero en los consensos que llevaron a la formación de la llamada Hora del Pueblo y luego en los acuerdos establecidos en la reunión del restaurante Nino de Vicente López.

No queremos aquí analizar las virtudes y defectos de aquel Pacto Social, pero sí señalar que su condición de existencia fue el pacto político que lo precedió y que, al menos en el pensamiento estratégico de Perón, era uno de los puntos de partida para construir la convergencia de todas las fuerzas políticas, económicas, sociales y culturales del país en el diseño y puesta en marcha de lo que él mismo llamó el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, cuyos lineamientos generales enunció en su discurso del 1 de mayo de 1974, en el que sería su último mensaje presidencial al Congreso de la Nación.

Como es sabido, Perón dejó este mundo el 1 de julio de 1974 sin haber conseguido la reconciliación nacional que anhelaba y a la que convocó tantas veces desde su retorno a la Patria el 17 de noviembre de 1972 y su muerte marcó el colapso de aquel Pacto Social y de la posibilidad de avanzar en los consensos que llevaran a construir el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional.

El hecho que, en estos y en otros casos que podrían mencionarse, un pacto político haya sido la condición previa y necesaria de pactos sociales y económicos más o menos sólidos, es debido a que la viabilidad de llegar a acuerdos entre intereses materiales diversos y en muchos sentidos contrapuestos, requiere que los representantes de esos intereses coincidan antes en ciertas creencias, principios y proyectos de vida en común y una de las expresiones en las que se plasman esas coincidencias es en un pacto político que, como es obvio, debe ser el resultado del libre consenso entre las diversas facciones o partidos que existen en un país.

En otros términos, la solidez de los pactos sociales y económicos que se dieron en la Unión Europea, en España y en la Argentina de 1973, se basaba en la solidez de los pactos políticos previos, establecidos libremente por partidos políticos de existencia real, que expresaban con un grado cierto de representatividad a las ideas, valores, creencias, costumbres, principios y símbolos de las diversas facciones componentes de las respectivas comunidades nacionales.

Es por eso que el Pacto Social al que convoca el gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner, aunque busque e incluso logre superar la mera condición de un acuerdo general sobre precios y salarios para un plazo temporal más o menos prolongado, no nos parece que vaya a tener demasiada solidez.

Sucede que en la Europa Occidental de la década de 1950, en la España post franquista y en la Argentina de 1973 los pueblos tenían fuertes convicciones compartidas de adhesión a la democracia, que esas convicciones adoptaban formas diversas expresadas por partidos políticos representativos y existentes y que esos partidos mostraban una disposición a establecer acuerdos políticos básicos, fundantes de los pactos sociales y económicos posteriores.

Descreimiento y Escepticismo Popular en la Democracia y la Política
A nuestro modo de ver, en el pueblo argentino existe hoy un muy alto grado de descreimiento y escepticismo acerca de la democracia y de la política como lo prueba, entre otros hechos, el ausentismo de casi el 30 por ciento de los ciudadanos habilitados para votar en las últimas elecciones presidenciales, que es el más alto desde las elecciones presidenciales de 1938 e implica que unos 8.100.000 personas hayan resuelto no votar.

Esa atonía que pareciera primar en las convicciones políticas del pueblo argentino de hoy, nos induce a incluir aquí una cita de la reciente encíclica papal Spe Salvi en cuanto señala que: “Incluso las mejores estructuras funcionan únicamente cuando en una comunidad existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario. La libertad necesita una convicción; una convicción no existe por sí misma, sino que ha de ser conquistada comunitariamente siempre de nuevo”.

Son diversos los signos que nos llevan a suponer que la Argentina de hoy no es una comunidad en la que “existen unas convicciones vivas capaces de motivar a los hombres para una adhesión libre al ordenamiento comunitario” y las actitudes predominantes en el gobierno saliente de Néstor Kirchner y en el entrante de Cristina Fernández de Kirchner tendieron a ahondar el desapego de las personas respecto de todo orden comunitario.

Por sólo mencionar dos ejemplos, las reiteradas y desmedidas agresiones a diversos sectores de la vida nacional (Fuerzas Armadas y de Seguridad, Iglesia Católica, productores agropecuarios, etc.) o la exacerbación constante de los enfrentamientos entre argentinos y la renuencia a dar pasos tendientes a la reconciliación nacional, actitudes que parecieran ser consustanciales al kirchnerismo, distan de contribuir a vitalizar la convicción de los argentinos hacia la adhesión libre al orden comunitario.

Otro síntoma no menor de ese debilitamiento de las convicciones comunitarias en la democracia y en la política es la inexistencia que se registra hoy en la Argentina de partidos políticos significativos, merecedores del nombre de tales en tanto sean expresión de personas organizadas en torno de un cuerpo de ideas, sentimientos, creencias y símbolos comunes, que participan mediante elecciones internas libres y periódicas en la decisión acerca cual es la línea y quienes los dirigentes y candidatos partidarios a cargos públicos, que tengan una presencia definida y protagónica en todos los ámbitos de la comunidad y que transmitan sus principios de una generación a otra mediante actividades sistemáticas de formación y capacitación.

En síntesis, en la Argentina de hoy aparecen debilitadas las creencias del pueblo en la democracia y en la política y los partidos no existen, con lo cual no parece haber posibilidades de siquiera acercarse a un pacto político fundacional y sin él el pacto social será endeble, sean cuales fueren sus formas.

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2007

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