SOJA

¿SOJA EN EL OBELISCO?

Por Susana Merlo (*)

Por unos meses de 2009, la Ciudad de Buenos Aires recibió $ 130 millones en concepto de “coparticipación” de las retenciones del campo. Para este año, está previsto que reciba otros $ 265 millones más. En total, unos U$S 100 millones.

La asignación fue el resultado de la última negociación oficial en la que, finalmente, la Administración K volvió a hacer una jugada maestra y, aunque en apariencia se avino a resignar una parte de sus elefantiásicos ingresos por las mal llamadas retenciones (verdaderos impuestos a la exportación), en realidad lo que logró fue que el Congreso no avanzara en el recorte de este ingreso.

Así, muchos de los gobiernos provinciales aceptaron “legitimar” de alguna manera el gravamen (que no es coparticipable, a pesar de que la producción sale de las provincias), como una forma de recuperar, aunque sea, algo del voluminoso aporte que el campo y la agroindustria hacen anualmente a las arcas de la Nación, desde 2002 cuando se reimplantó el impuesto que había sido derogado en 1991 por el entonces ministro Domingo Cavallo, durante la era Menem.

Pero si esta posición de los estados provinciales es discutible, en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –CABA- (además, uno de los primeros distritos en firmar la adhesión), no resiste el menor análisis.

¿En calidad de qué la Ciudad recibe una parte de las retenciones del campo, por algo que no produce?. Pues, si bien alguna vaca se puede encontrar en Liniers, o para la Rural en Palermo, no hay ningún sitio en la Ciudad donde se pueda ver un cultivo de trigo, de maíz o de soja. ¿O, ahora que recibe esta porción, estará pensando Mauricio Macri en aprovechar alguno de los múltiples espacios verdes de la ciudad para encarar su aprovechamiento agropecuario y así poder justificar tal percepción?.

Pero, por otro lado, aunque se podría decir que U$S 100 millones no constituyen un gran monto, ¿no era la filosofía de CPC-Pro contraria a la aplicación de las retenciones e, incluso, alguno de sus legisladores no tiene algún proyecto de ley para derogarlas?. No parece entonces demasiado prolija la postura respecto al discurso...

Y, si de sentido común se trata, mejor no tratar de enterarse el destino de este aporte del campo.

¿Irá, por ejemplo, a la construcción de las nuevas bicisendas, en las angostas calles de la ciudad vieja (Montserrat, San Cristóbal, etc.) que, además de restar un carril a la ya complicada circulación de automóviles, tienen como destino el paso de cualquier cosa, menos de bicicletas?.

Una experiencia personal me permitió, sin embargo, trasladar por allí cómodamente hasta el service, en un portamaletas con ruedas, un microondas, aunque la competencia con los gigantescos carros de los cartoneros no fue un tema menor, como tampoco la defensa del electrodoméstico en cuestión, ya que al grito de: “Hey, doña, ¿eso funciona?”, los sacrificados hombres pretendían quedarse con el artefacto que suponían había sido recogido de la calle y, eso si, en la Ciudad de Buenos Aires, ese tipo de competencia no se acepta, a ninguna hora del día.

De bicicletas, ni hablar...

¿Qué pensarían los productores si supieran esto? ¿qué sentirían si conocieran el destino del aporte extraordinario que les sigue imponiendo la Nación, con el consentimiento de la mayoría de los gobernadores, y hasta del jefe de Gobierno de una ciudad donde, obviamente, la producción agropecuaria no existe?.

¿No estará llegando la hora de comenzar a ser, aunque sea, un poco más coherentes?

(*) Crónica y Análisis publica el presente artículo de la Ingeniera Agrónoma Susana Merlo por gentileza de su autora y Campo 2.0.