martes, 15 de marzo de 2011

CIUDADANO DESARMADO




POR UN VERDADERO DESARME


La flamante ministro de seguridad del gobierno nacional Nilda Garré comparte, por lo menos, una postura con su par de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, es la voluntad de implementar un desarme general de la sociedad civil, manera elegante de hablar de un desarme de los honestos ciudadanos.

El gobierno nacional, con el entonces ministro de seguridad Aníbal Fernández, implemento en septiembre 2006 un plan de desarme voluntario que finalizo en marzo 2008. Un tal programa, que permitió recolectar 107.761 armas, tiene un efecto positivo en la medida que permita recuperar armas no registradas, que pueden caer en poder de delincuentes o terminar en manos de personas que no tengan la propia idoneidad, y así provocar accidentes.

Sin embargo a pesar del supuesto éxito de este plan nadie puede pretender que han bajado los niveles de violencia de la delincuencia. Decir que estos programas de entrega voluntaria de armas contribuyen a luchar contra la violencia delictiva armada es estar mal informado o de mala fe.

Ya eso había sido comprobado por la situación de Mendoza, provincia pionera en la materia. A pesar del éxito del plan de desarme voluntario, sigue siendo una de las provincias que más padece de la delincuencia violenta, a tal punto que es el único lugar, aparte de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno nacional tuvo que despegar efectivos de gendarmería para ayudar a la policía provincial superada.

Pero pasó lo mismo en Brasil, y en varias comunidades de EE.UU., donde ONG promovieron planes similares de “Buy Back Programs”; planes que fueron prácticamente abandonados, porque, con el habitual pragmatismo norteamericano, fueron evaluados y resultaron ineficaces y por lo tanto inútilmente costosos por las arcas públicas.

El mismo director nacional del RENAR, el doctor Matías Meiszner, quizás en un exceso de sinceridad, fue muy claro, y dijo en una entrevista a la revista “Legítima Defensa” en octubre 2006: “esta iniciativa (el plan de desarme) no apunta a bajar los índices de inseguridad”

A veces se intenta justificar también estos planes de desarme por la relación que se establece entre las armas y la tasa de suicidios o los hechos de violencia familiar. En la Argentina, las estadísticas establecen que solo un 0,05% de protagonistas de hechos violentos con armas (incluidos accidentes) son legítimos usuarios. Quitarle sus armas no disminuirá las consecuencias indeseadas de su uso.

A pesar de la serie de homicidios cometidos, o intentados, últimamente por hombres contra sus parejas, prendiéndolas fuego después de rociarlas con alcohol, a nadie le ocurrió proponer la prohibición de la venta de alcohol. Sin embargo no hubiera sido menos ilógico que proponer la prohibición de la tenencia de armas para prevenir la violencia doméstica.

Sería mucho más eficaz y saludable que en vez de pretender desarmar a la sociedad civil que las autoridades competentes dediquen sus esfuerzos a desarmar los delincuentes cortándoles sus fuentes de abastecimiento.

Básicamente estas fuentes son cuatro:

- los robos

- la corrupción

- el contrabando

- la fabricación casera

La fabricación casera y el contrabando no presentan un problema de gran magnitud. Las armas artesanales, las “tumberas”, aun siendo peligrosas, son muy rusticas y de uso limitado. En cuanto al contrabando, la Argentina es principalmente un país “exportador” en la materia. Para confirmarlo solo cabe consultar las Fuerzas de Seguridad brasileñas.

Los robos a particulares, o armerías, proveen una parte mínima de las armas usadas por los delincuentes.

Más preocupantes son los robos en depósitos judiciales, policiales, o de las Fuerzas Armadas. Dichos robos están casi siempre vinculados a hechos de corrupción.

El caso de las Fuerzas Armadas merece un examen atento porque últimamente ocurrieron sucesos preocupantes.

En Agosto de 2010 desaparecieron del Comando de Operaciones de la Fuerza Aérea, en Aeroparque, 30 pistolas 9 mm y 5 fusiles de asalto FAL.

El 4 de Enero de este año, se detectó en la Primera Brigada Aérea de Palomar, el faltante de 20.000 municiones de calibre 22 y 9mm.

Y más grave aún, estos últimos días, el Ejército tuvo que reconocer que faltaban en el Batallón de Arsenales 603 de San Lorenzo (Sta. Fe) más de 400 fusiles FAL y una ametralladora MAG, de calibre 7.62. Lo peor es que este último hecho nunca hubiera sido de público conocimiento si la policía brasileña no hubiera encontrado en mano de delincuentes fusiles de asalto FAL cuya numeración permitió establecer que provenían del Batallón de Arsenales 603. Las autoridades militares después de intentar minimizar los hechos, y después del -supuesto- suicidio de un sub oficial involucrado, no tuvieron otra que reconocer la magnitud del problema. No se habla aquí del manejo deshonesto de unos integrantes de la Fuerza, sino de un tráfico organizado que supone una cadena de complicidades hasta el nivel de mando más alto.

Es llamativo que la Ministro de Seguridad, la Doctora Garré, muy pronta a tomar medida contra cualquier jefe policial a raíz de errores o delitos cometidos por hombres bajo su mando, no se haya hecho cargo, y no haya dado la mínima explicación sobre estas “irregularidades” cometidas durante su gestión en Defensa.

No deja de ser alarmante que las máximas autoridades del Estado parezcan más preocupadas por desarmar la sociedad civil que aclarar hechos de tráfico de armas de guerra -cometidos por gente bajo su responsabilidad- que probablemente tienden a abastecer los delincuentes más peligrosos. Eso sería implementar un verdadero desarme que contribuyera a mejorar la seguridad de la ciudadanía.

Conclusión:

El derecho para los ciudadanos a tener un arma está vinculado a la Legítima Defensa. Es un principio que ya en el Derecho Romano se reconocía como un “derecho natural” por encima de toda otra norma, et así lo enuncio Cicerón en el “Pro Milone”:

“Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere”

En un país donde el gobierno puede proteger los bienes y las vidas de los ciudadanos es legítimo que las fuerzas estatales tengan el monopolio de las armas. Es el caso por ejemplo de Singapur, donde hasta la tenencia de armas blancas está regulada. Pero si la “Ciudad-Jardín” es uno de los lugares más seguros del mundo, es porque tiene las leyes más restrictivas y más represivas al respecto: la portación de arma de fuego se castiga con la pena de muerte. Eso sí que la “mano dura” resulta eficaz en este caso.

Pero, cuando el Estado, como es el caso en Argentina, no está en condición de garantizar la integridad física de los ciudadanos, cuando fallan los organismos de seguridad estatales, crece la necesidad de que la población se protege. Sería paradójico -hasta irresponsable- promover el desarme de quienes se defienden en tanto aumentan los crímenes cometidos por delincuentes armados.

Tan poco se puede admitir que cualquier tenga acceso a armas sin tipo de limitación. En Argentina las normas aplicadas por el RENAR para autorizar la tenencia de armas de fuego por los ciudadanos ofrecen las mayores garantías. Siempre y cuando estén aplicadas estrictamente, y que no se otorgan tenencia y portación de armas -hasta semi automáticas- a individuos como Segovia “El rey de la Efedrina” o Martín Lanatta detenido por su participación al triple crimen de General Rodríguez.

La decisión de prohibir la venta y la tenencia de armas de fuego para ciudadanos comunes respetuosos de la ley no impediría el acceso de los delincuentes a armas. Vincular ambas cosas es utópico.

La responsabilidad del Estado es desarmar a los delincuentes y no la sociedad civil, pero eso resulta mucho más complicado.

Serge Leteur

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