ALTERIDADES Y ALTERNANCIAS

De alteridades y alternancias republicanas

por Roberto Bertossi (*)


Después de la primera "edición democrática", en el año 1983, observamos, con inquietud y desánimo, que, así como con la defoliación de nuestra ecología, asistimos anestesiados o sin despertarnos a la deflagración de nuestra democracia, ante la defección de quienes, precisamente, debieran ofrecernos ejemplos y prácticas pedagógicas de la misma con concretas y coherentes aptitudes y actitudes de vida personales, cívicas, democráticas y republicanas.

Ante la ausencia de alteridades, de diálogo y consensos, ante la ausencia de alternancias (personales) republicanas y la presente intención aviesa de consolidar o reconsolidar feudos con plena estulticia; ante el daño constitucional temido y el peligro cívico inminente en términos político-democráticos, ya es tiempo de hablar y escribir claro o callarse para siempre.

Muchos de todos los candidatos de todos los colores políticos que conocemos y elegimos, reunían entonces (1983) (en general, sin entrar en detalles de ética e idoneidad, etcétera) las condiciones electoralmente exigidas-exigibles. Al menos y en principio, a primera vista, no estaban alcanzados por ninguna incompatibilidad ni prohibición para aspirar a ciertos cargos y distinciones democráticas.

Pues bien, ello posibilitó que fueran elegidos para tal o cual cargo cuyo período de mandato es constitucionalmente preciso e inmodificable.

Casi sin excepciones y, peor aun, sin ser alcanzados súbitamente por alguna prohibición o incapacidad, sin estar expirado su período de mandato popular, sin renunciar al cargo y distinción que ostentan, sin ser separados de los mismos como correspondería en tales casos, aceptan descaradamente, con nada de pudor, ser repropuestos para otras opciones electorales (?).

Pero, ¿cómo? Si no están aptos para aquel mandato aún vigente, pues, ¿cómo podrían estarlo para otro (incluso, muchas veces) de mayor jerarquía que el que detentan ahora?

Esto es estafa cívica, esto es defraudación y burla a la fe pública ciudadana, esto es sorna a la Constitución Nacional, esto es un capcioso daño institucional tan inconmensurable como inadmisible e irredimible; estos son delitos gravísimos y severos sin atenuantes, pero aún impunes.

¿Acaso puede el pueblo soberano hacer lo mismo? Claro que no y no sólo no: no debería ni intentarlo.

En la lógica perversa de la tenebrosa y descalificada politiquería argentina, el pueblo, sí, el soberano pueblo, así como otorga un mandato podría revocarlo en cualquier momento, pero al pueblo (correctamente), nuestra justicia peculiar le va a imponer el mandato en todas sus dimensiones; entre ellas, la atingente al plazo del poder ciudadano.

Esto último no rige ni para repostulaciones ni para caprichos personales ni corporativos que vienen haciendo prevalecer impune, abusiva y evidentemente su interés particular sobre el interés general, el bien público y el supremo destino de la Nación, quedándonos sólo añicos del preámbulo constitucional.

Hipócrita, cínica (no paradójicamente), después se extrañan de la ausencia de participación ciudadana (harto escandalizada), de la apatía popular y, sin límites de perversidad, las denuncian expresamente para su castigo en el culmen mismo de toda malignidad.

¿Cuántos concejales y vices, legisladores y vices, jefes comunales, intendentes y vices, gobernadores y vices, presidentes y vices que juraron ante Dios y los Sagrados Evangelios cumplir y hacer cumplir (en cuanto de ellos depende) nuestra magna y suprema Constitución Nacional, reclamando que, en caso contrario, Dios y la Patria se lo demanden (mos), vienen estando involucrados en estas sucias mañas políticas que hartaron ya a mucho, a demasiado pueblo argentino?

¿Acaso, finalmente, no debemos preguntarnos, ante este gravísimo estado de cosas, por el alcance y el sentido de nuestros democráticos partidos políticos, por la eficacia del Ministerio Público Fiscal, de la Justicia Electoral y de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación?

Ante tanto cinismo pseudopolítico, debe detenerse, mediante las instancias pertinentes y ahora mismo, la inmolación de nuestras instituciones, de nuestros partidos políticos, de nuestra República, de nuestra Constitución de la Nación Argentina y así lograr un final feliz para esta película tan triste y afrentosa.

(*) Roberto Bertossi es abogado y docente en la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
LNP