
EDITORIAL
Complicidad
El domingo último, el Frente de Acción Revolucionaria (FAR) generó una serie de incidentes en el acto que había sido convocado en Plaza de Mayo para festejar un nuevo aniversario del Estado israelí. Por supuesto, en atención a lo que ha sido la política kirchnerista en la materia, la policía fue una observadora pasiva. Luego, cuando los vándalos habían pasado a mayores, detuvo a cinco de ellos.
Un día después, los mismos militantes que habían interrumpido el acto mencionado, haciendo uso de la violencia, se concentraron delante de los tribunales porteños mientras sus camaradas presos eran indagados por el juez. Lo hicieron, como es costumbre, con los rostros cubiertos y palos a la vista. La fuerza pública, atada de pies y manos por orden del gobierno, nada pudo hacer.
Pero el dato más preocupante --aunque no sorprendente del asunto--, es que Roberto Martino, uno de los jefes del FAR, admitió recibir asistencia estatal para realizar trabajos sociales. En resumidas cuentas: que el kirchnerismo les paga a quienes, en consonancia con los intereses de la Casa Rosada, obran a la manera de fuerzas de choque paraestatales.
No se crea, pues, que D'Elia es el único anotado para amedrentar adversarios políticos. Hay otros tanto o más peligrosos que el conocido piquetero, a los cuales les da recursos y apoyo subterráneo el propio Estado.
Al margen de la lógica decisión del juez respecto de dejar detenidos a los militantes responsables de los incidentes y a los diez a quienes ayer se les secuestraron armas y bombas molotov, sería necesario investigar hasta dónde llega la relación de estos grupos con sus financistas.
LNP



















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