DESCARADOS

Río Negro - 11-Jun-09 - Opinión

Editorial
Discrecionalidad descarada

Por ser el encargado de la relación del gobierno nacional con las distintas fuerzas políticas, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se vio obligado a procurar reivindicar la forma oficial de repartir los fondos partidarios, lo que hizo afirmando que puesto que en la Argentina hay 710 partidos, el gobierno no puede darles a todos los 400.000 pesos reclamados por el ARI porque en tal caso "estaríamos hablando de 284 millones de pesos", no de los aproximadamente 4 millones previstos, pero sorprendería que él mismo tomara en serio el planteo absurdo así supuesto. Después de todo, ni siquiera Randazzo puede ignorar que hay una diferencia muy grande entre un partido de alcance nacional como era el ARI antes de convertirse en el núcleo de la Coalición Cívica y los centenares de partidos virtualmente unipersonales o, a lo sumo, vecinales que existen en el país. Por lo tanto, cuando del reparto de los fondos partidarios se trata, es necesario distribuirlos según pautas objetivas basadas en la cantidad de votos recibidos en elecciones recientes y en el número de afiliados auténticos. De lo contrario, todo dependerá de la voluntad del gobierno de turno que, es innecesario decirlo, depositará los fondos en su propia "caja", como ha hecho el kirchnerista. Así lo entendió la Cámara Nacional Electoral al dar la razón al ARI, que el año pasado protestó contra la discriminación oficial en su contra. Según la cámara, no puede justificarse que el Partido Justicialista haya recibido un monto más de diez veces superior al otorgado al partido fundado por Elisa Carrió. En efecto, mientras que el partido gobernante se alzó con 1.140.000 en concepto de aportes extraordinarios, el ARI sólo consiguió 100.000.

En opinión de los jueces de la cámara, el Poder Ejecutivo no está autorizado "a actuar caprichosamente según su propio arbitrio" y por lo tanto en adelante tendrá que aclarar "las razones por las cuales se conceden o deniegan" los aportes. Dadas las circunstancias, es mucho pedir. Lo que quiere la cámara es que el gobierno kirchnerista deje de tratar a los partidos conforme a los mismos criterios que desde hace más de cinco años han determinado su accionar en todos los ámbitos de la vida nacional, o sea, que desista de aplicar la metodología que le ha permitido disfrutar de años de "hegemonía" y que, espera, le servirá para continuar desempeñando un papel muy significante en política después de las elecciones presidenciales del 2011. Como es notorio, el gobierno de Néstor Kirchner y, a partir de diciembre del 2007, el de su esposa, Cristina Fernández de Kirchner, nunca han vacilado en aprovechar su manejo del dinero aportado por los contribuyentes para premiar a aquellos gobernadores provinciales, intendentes municipales y líderes de agrupaciones políticas locales que dicen sentirse comprometidos con su "proyecto" y para castigar a quienes se han resistido a respaldarlos con el fervor suficiente. Del mismo modo, han hecho uso del presupuesto publicitario gubernamental para subsidiar a los medios de difusión leales, mientras que han boicoteado a los independientes.

El que después de más de cinco años de discrecionalidad impúdica algunos jueces hayan comenzado a producir fallos en que piden más respeto por ciertas normas básicas nos dice mucho sobre el estado del país. Parecería que mientras un gobierno goza de la aprobación mayoritaria, escasean los dispuestos a arriesgarse asumiendo posturas que el oficialismo calificaría de opositoras, pero al hacerse evidente que su ciclo está acercándose a su fin siempre se produce una suerte de rebelión judicial contra las arbitrariedades que son típicas de quienes se han acostumbrado a hacerse obedecer. En una democracia "normal", los jueces no titubearían en marcar límites a los gobiernos aun cuando éstos fueran tan "hegemónicos" como el de Néstor Kirchner un par de años atrás y el de Carlos Menem a mediados de los años noventa, pero por desgracia en nuestro país no suelen obrar así, con el resultado de que es casi inevitable que gobernantes poderosos caigan en la tentación de repartir los recursos disponibles según criterios netamente políticos, cuando no personales, de este modo socavando las precarias instituciones nacionales y asegurando que tarde o temprano estalle una nueva crisis política de desenlace incierto.




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